Por Ricardo Miguel Fessia.- Avance bastante con este artículo hasta que advertí que, de insistir con el título, debía una explicación previa. De forma, que debo iniciar por el final, casi al modo de algunos de los relatos de Cortázar.
Por los setenta y principios de los ochenta, la petrolera estatal hacía una publicidad con unas estrofas de un coro de voz dulzona y pegadiza que decía: “con la mirada clara y la frente levantada/ a la vida hay que pelearla con constancia y sin temor/ adelante la alegría y que se acabe la tristeza que las nuevas ilusiones amanezcan con el sol/ y péquele fuerte, dele con todo, péguele fuerte siempre hasta el final…” Luego aparecía Cacho Fontana para reafirmar la propuesta acodado a un surtidor diciendo “la ganadora”. (Vid: https://www.youtube.com/watch?v=39BFKWSncwU)
Todo debe ser visto con los ojos de ese tiempo. Nada de ello está vigente, es más algunas cosas hasta casi son disvalores ya que la letra habla de un canto al mérito, valor sobradamente denostado ahora.
De aquella YPF, que no se podía separar de la imagen e ideario de Mosconi y del gobierno que la creó, llegamos a esta ruinosa realidad cuyo golpe reciente se lo propinó la jueza norteamericana Loretta Preska desde su sede en los tribunales de Nueva York.
Amparada en las normas legales vigentes, la resolución dispone que Argentina deberá pagar a los fondos de inversión Eton Park y Budford Capital una indemnización por la mala, liviana e irresponsable gestión en la estatización de la empresa de bandera patria. El reclamo asentado en esa sede jurisdiccional es varias veces millonario y para poder entender algo en un país del relato, no de la historia, creemos que hay que echar la mirada a nuestro pasado reciente.
El desprenderse de la icónica YPF en un proceso de privatización fue resuelto e impulsado por el gobierno peronista de la década del 90 que encabezaba “el mejor presidente de la historia argentina”, según opinión del por entonces gobernador de santa Cruz, Néstor Carlos Kirchner y dentro del paquete de medidas de cruel corte ultra liberal de “reforma del Estado”. Se inició con la privatización de una parte en 1992 y, un tiempo después, se vendieron las acciones que estaban todavía en manos del Estado nacional -el 20%- a la empresa española Repsol en 1998, cuando estaba concluyendo ese virtuoso gobierno que luego de seis años de mandato fue plebiscitado y logró, no solo la reelección, sino cosechar un millón de votos más. La gran masa del pueblo, sin dudas estaba pletórica.
Para esos días desde varios sectores de la oposición -acallado siempre por los relatistas con aquello tan perimido y decadente de “gorilas y cipayos”- se advertía marchábamos hacia la oscuridad y que ello era nada más que el manotazo de ahogado ante una convertibilidad que padecía.
Pasaron unos pocos años, pero siempre bajo el paraguas político de un gobierno del “gran movimiento nacional y popular”, por el 2008, el Grupo Petersen, que había adquirido el Banco Santa Cruz y otros bancos provinciales -todos gobernador por el peronismo- como el de Santa Fe y el de San Juan, decidió ingresar al negocio del petróleo y compra el 14,9% de las acciones de YPF por 2.235 millones de dólares en un contrato que incluía una cláusula que le posibilitaba adquirir hasta el 25% de las acciones, hecho que se realizó tres años después -2011- por 1.304 millones de la moneda americana. Ambas operaciones fueron cerradas sin abrir la billetera; es decir con préstamos bancarios y uno de la misma Repsol -la vendedora- operando de garantía los dividendos de YPF. Harta operación sin poner un solo peso.
Los dividendos de esos años, de 2008 a 2011, fueron de U$S 6.800 millones, lo que equivale al 80% de la generación de efectivo de la empresa en el mismo periodo. Estos auto-denominados “expertos en mercados regulados” que cerraron el acuerdo “Petersen-Repsol”, en todo momento empujado por el mismísimo presidente Kirchner y en forma desembozada, usaron el capital de trabajo de YPF para garantizar que se paguen los préstamos tomados en una verdadera operación sin riesgo atendiendo a que la distribución de dividendos estaba garantizada por la posición mayoritaria de Repsol, el acreedor. Para ello se debió “arreglar” que desde el Ejecutivo se autorice a dejar de reinvertir las ganancias de la empresa para entregárselas a Petersen para pagar lo que debía por las acciones que Repsol le había vendido. Negocio redondo para los Esquenazi que muy bien se pudieron haber parado en la puerta y decirle a usted, amigo lector; “que mira bobo, anda pa allá”. No hace falta aclarar que los bobos somos los y las argentinas. Todos y todas, salvo ese grupito del poder que ya nombramos.
En poco tiempo la otrora poderosa petrolera entró en ruinas y hubo que salir a comprar una garrafa al almacén de la esquina.
Para el 2012 el menoscabo era tal que la producción de petróleo y gas cayó 20% y las reservas eran menores que en el 2008. La deuda financiera que era de U$S 1.200 millones trepó a U$S 2.600, la caída de la productividad no se detenía y en un lustro se había duplicado el costo de extracción por barril. Por ello en ese mismo 2012 se debió importar energía por U$S10.000 millones con un saldo negativo de balance comercial energético U$S 3.200 millones. Para cuando concluye su primer mandato, Cristina dejaba una deuda de YPF de U$S8.500 millones.
Se había perdido el autoabastecimiento energético, logrado con importantes medidas estratégicas y nunca más se pudo recuperar.
Para terminar con la fiesta, en su segundo mandato, Cristina de Kirchner envió al Congreso Nacional el proyecto de ley para declarar “de interés público y sujeto a expropiación” el 51% de las acciones de YPF, sancionado por Ley 26.741 del 3 de mayo de 2012. (http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/196894/norma.htm)
Apenas entrar en vigencia la norma, un decreto del PE designa a Julio De Vido y Axel Kicillof como interventores, que de inmediato resolvieron suspender el giro de dividendos. Ello motivó el crack del grupo Petersen que optó por no pagar sus deudas, cosa que venía haciendo por la expresa medida del mentor de toda esta estrategia, Néstor Kirchner. Lo acordado originariamente entre don Enrique y Néstor era comprar sin poner un dólar. Con plata y afrontando riesgos compra cualquiera. Acá está una de las fortalezas del reclamo jurisdiccional.
Con el problema latente, en 2014 parte para España Kiciloff diciendo al pie de la escalerilla de la nao que no solo que no íbamos a poner dinero sino que los españoles nos tenían que pagar una friolera por daño ecológico. Todo terminó con el PE enviando un convenio al Congreso Nacional de “solución amigable” entre el Estado Argentino y Repsol. Se le entregarían U$S 5.000 millones en títulos públicos que devengarán intereses por un monto similar al capital. Acá está otra de las fortalezas argumentativas del reclamo.
Los mentores de la estrategia de estatización no leyeron que el artículo 7º del Estatuto de YPF establece que si se produce la compra de más del 15% del paquete accionario de la empresa, el comprador está obligado a realizar una oferta pública de adquisición de acciones. Dicho en buen romance; el Estado Argentino estaba obligado a ofrecer las mismas condiciones a todos los accionistas y no sólo a uno (Repsol). Este detalle, reitero, no fue observado. ¿Para qué tanto requisito burocrático…?
Así las cosas, en 2015, el grupo Petersen presentó una demanda judicial en Nueva York contra el Estado argentino e YPF. A esto se sumó el fondo “Burford Capital” que compró la quiebra del Grupo Petersen y de esta forma quedó con el derecho a litigar por el 25% del paquete accionario de YPF.
Estos señores reclaman daños totales por U$S 15.900 millones. La actualización del reclamo lo ubicaría hoy en torno a los U$S 19.000 millones. Algunos observadores mal intencionados levantan la sospecha respecto a que el Grupo Petersen tiene algún acuerdo con el fondo Burford.
Cuando se la notifica a la Argentina de la demanda, los abogados prepararon una contestación sosteniendo que la operación de la compra del grupo Petersen a Repsol fue fraudulenta y que la jurisdicción donde se deben ventilar los conflictos es la del país. Estos argumentos fueron rechazados por el Tribunal a raíz de un acuerdo alcanzado entre dicho fondo y el actual gobierno del kirchnerismo.
Desde nuestra perspectiva, no dudamos que el Estado debe tener el control de YPF.
Lo que estamos relatando ahora, para saber dónde estamos parados, es la forma en que fue privatizada y luego estatizada. Siempre bajo la impronta ideológica del mismo partido político que se especializa en construir relatos.
Pero en cuanto a las efectividades conducentes nos deja a los argentinos con una sentencia de unos U$S 19.000 millones y terminó con el autoabastecimiento al que se había llegado apenas recuperada la democracia.
Por si algún distraído pasó por alto este breve relato, vale saber cuál era la opinión de Néstor y Cristina Kirchner, dos políticos de una de las provincias más petroleras del país.
Ambos definitivamente, no solo que estaban a favor, sino que fueron impulsores desde el primer minuto. Batallaron por la aprobación de la transferencia del dominio del petróleo a las provincias, proyecto que incluía la privatización de YPF. Ante la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, Cristina elevó un encendido discurso en el que declaró la necesidad de sanción del “proyecto de Federalización de los Hidrocarburos y de Privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales”.? (Vid: https://web.archive.org/web/20111105011150/http://www.opisantacruz.com.ar/FOTOS/CRISTINA/Cristina%20YPF%20Proycto.JPG)
El Estado nacional le debía a la provincia de Santa Cruz 480 millones de dólares y algunos operadores presionaban a los provincianos a que aprueben la ley en el Congreso para poder hacer efectivo el crédito. Cosa que ocurrió en 1993 donde la provincia recibió 654 millones. Esos que fueron depositados “Banco Credit Suisse” para ser coherente con la ideología y discurso político. Es ese mismo banco que a mediados de marzo pasado entró en bancarrota. Cristina decía que la privatización de YPF es un “trámite urgentemente necesario” y presionaba a los diputados nacionales, a los que le solicitaba “aptitud moral”, porque estaba en juego “el futuro económico de la provincia”.
Gracias a su prédica, casi cuatro décadas después, Cristina volvía con eso de “… y péguele fuerte, dele con todo, péguele fuerte siempre hasta el final…”.
El autor es rafaelino, radicado en la ciudad de Santa Fe. Abogado, profesor titular ordinario en la UNL, funcionario judicial, ensayista.
