{"id":24972,"date":"2023-12-23T23:58:40","date_gmt":"2023-12-24T02:58:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sabado100.com.ar\/?p=24972"},"modified":"2023-12-23T23:58:40","modified_gmt":"2023-12-24T02:58:40","slug":"apuntes-a-mano-alzada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sabado100.com.ar\/es-ar\/apuntes-a-mano-alzada\/","title":{"rendered":"Apuntes a mano alzada"},"content":{"rendered":"\n

Por Ricardo Miguel Fessia.-<\/strong> Hace apenas unos d\u00edas y con este cambio de gobierno, se ha conocido lo que se llama \u201cProtocolo para garantizar el orden p\u00fablico frente a los cortes, piquetes y bloqueos que impiden a los argentinos vivir en paz\u201d. Tal vez tenga un nombre m\u00e1s breve, pero el mismo refiere a los actos que se pueden realizar en la v\u00eda p\u00fablica, b\u00e1sicamente en los masivos que se utilizan para expresiones colectivas, en general expresando alguna protesta por actos que llevan adelante los gobiernos.<\/p>\n\n\n\n

Arrastra una larga tradici\u00f3n la cuesti\u00f3n de la movilizaci\u00f3n social y la protesta en la Argentina. Se observan algunas expresiones importantes en torno a la conformaci\u00f3n de movimientos sociales. Estos, surgen en el contexto de la configuraci\u00f3n y desarrollo de un modelo econ\u00f3mico nacional que se inserta de manera perif\u00e9rica en la divisi\u00f3n internacional del trabajo y coloca como eje din\u00e1mico del patr\u00f3n de acumulaci\u00f3n a la exportaci\u00f3n de materias primas y a las industrias funcionales a este esquema. Con ello, se consolida un proceso econ\u00f3mico ascendente que demanda mano de obra de un modo creciente. Vinculado a ello, se observan importantes flujos migratorios externos hacia nuestro pa\u00eds ante los relativamente altos salarios y la posibilidad de conseguir un empleo. Estos nuevos pobladores se instalan fundamentalmente en los principales centros urbanos, los cuales en muy poco tiempo se encuentran superpoblados. As\u00ed, se desarrolla una precoz y precaria urbanizaci\u00f3n, en la cual centenares de personas conviven hacinadas y en condiciones de altos \u00edndice de pauperizaci\u00f3n. De igual forma De igual forma, este panorama se combina con condiciones de explotaci\u00f3n extrema y precariedad en las formas de trabajo.<\/p>\n\n\n\n

Hacia 1880, con la consolidaci\u00f3n del Estado nacional y de una econom\u00eda capitalista ligada a la producci\u00f3n de bienes primarios para la exportaci\u00f3n, aparecieron los primeros procesos de movilizaci\u00f3n social modernos ligados al surgimiento y desarrollo de la clase trabajadora. Durante las primeras d\u00e9cadas del siglo XX y hasta 1930 los conflictos obreros definieron los aspectos centrales de la protesta social. En las d\u00e9cadas posteriores la movilizaci\u00f3n social se organiz\u00f3 en relaci\u00f3n estrecha con el papel del Estado y en virtud de los procesos de integraci\u00f3n social y pol\u00edtica de los trabajadores en el marco del ascenso del peronismo. El golpe militar contra el gobierno de Juan Domingo Per\u00f3n inici\u00f3 un ciclo de inestabilidad pol\u00edtica y polarizaci\u00f3n que culmin\u00f3 a mediados de los a\u00f1os 70 con la \u00faltima dictadura militar.<\/p>\n\n\n\n

El momento de ruptura llega con esta dictadura en donde a fuerza de represi\u00f3n pol\u00edtica y transformaci\u00f3n econ\u00f3mica se establecieron las bases para un cambio de \u00e9poca. En sus \u00faltimos a\u00f1os comenzaron a gestarse procesos de movilizaci\u00f3n que marcaron el final del r\u00e9gimen autoritario y ser\u00edan muy significativos en las d\u00e9cadas siguientes: protestas sindicales y reclamos vecinales que demandaban por el deterioro de las condiciones de vida; marchas y protestas apoyadas por los partidos pol\u00edticos nucleados en la multipartidaria y las primeras manifestaciones p\u00fablicas de los organismos de derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n

El fin de la dictadura se produjo de la mano de la revalorizaci\u00f3n de los derechos humanos, del Estado de derecho y de la ciudadan\u00eda en sus dimensiones c\u00edvica, pol\u00edtica y social. Tambi\u00e9n es de notar que el pa\u00eds que surgi\u00f3 no era el mismo que se hab\u00eda consolidado entre las d\u00e9cadas del 30 y del 40 con la industrializaci\u00f3n y la intervenci\u00f3n del Estado en la econom\u00eda. Las pol\u00edticas neoliberales que se impusieron cambiaron la relaci\u00f3n entre Estado y mercado, modificaron el panorama social y transformaron el mundo del trabajo, \u00e1mbito que hist\u00f3ricamente se relaciona de manera privilegiada con la movilizaci\u00f3n social. En permanente tensi\u00f3n, el modelo social y econ\u00f3mico resultante de la dictadura y la progresiva consolidaci\u00f3n de la democracia son dimensiones fundamentales para comprender los reclamos y la fuerza de las protestas. En la Argentina posterior a la crisis socio-pol\u00edtica marcada por la hiperinflaci\u00f3n de 1989, se termin\u00f3 de producir una transformaci\u00f3n profunda en la relaci\u00f3n del Estado con el mercado. Las pol\u00edticas que se impulsaron a lo largo del gobierno de Carlos Menem tuvieron un fuerte impacto en materia de desigualdad social, en particular en relaci\u00f3n con el aumento sostenido del desempleo. Los rasgos y las consecuencias de una sociedad cada vez m\u00e1s excluyente se agravaron durante los dos a\u00f1os de gobierno de la Alianza e hicieron eclosi\u00f3n en la crisis de 2001-2002. Una marcada reorientaci\u00f3n de la pol\u00edtica econ\u00f3mica sign\u00f3 la salida de la crisis y configur\u00f3 uno de los elementos m\u00e1s importantes de los siguientes doce a\u00f1os de gobierno kirchnerista. Las fuertes crisis econ\u00f3micas y pol\u00edticas que ocurrieron a lo largo de la democracia representan coyunturas ineludibles a la hora de pensar los procesos de movilizaci\u00f3n social.<\/p>\n\n\n\n

En las \u00faltimas tres d\u00e9cadas de nuestro recorrido de la vida democr\u00e1tica se han registrado formas de movilizaci\u00f3n y protesta de muy variada intensidad y fisonom\u00eda. Desde los a\u00f1os 80, la organizaci\u00f3n y acci\u00f3n de grupos de protesta se ha vuelto una experiencia cotidiana para los argentinos que viven en las grandes ciudades. S\u00f3lo para tomar un par\u00e1metro, entre 1984 y 2007 en la prensa gr\u00e1fica nacional se registr\u00f3, en promedio, m\u00e1s de una protesta por d\u00eda. La persistencia de este fen\u00f3meno se\u00f1ala un proceso creciente de legitimaci\u00f3n de la protesta como un recurso para sostener demandas sociales. Una encuesta realizada en 2013 muestra que un 14% de los entrevistados afirm\u00f3 haber participado de una acci\u00f3n de este tipo en el \u00faltimo a\u00f1o. Esos datos concuerdan con las mediciones de otras entidades que se\u00f1alan que la Argentina duplica el promedio regional en volumen de participaci\u00f3n en estas acciones.<\/p>\n\n\n\n

La movilizaci\u00f3n social no es un fen\u00f3meno homog\u00e9neo ni constante en materia de actores, demandas y modalidades de acci\u00f3n. Entre 1983 y 1989, sin perjuicio de una importante presencia del movimiento de derechos humanos, la fisonom\u00eda de la protesta se adecua al patr\u00f3n anterior a la dictadura: predominaron las organizaciones sindicales con demandas ligadas a salarios y condiciones laborales y la huelga como formato predominante.<\/p>\n\n\n\n

Las principales transformaciones en la configuraci\u00f3n de la protesta se registran en el per\u00edodo posterior a la crisis de 1989 durante la implementaci\u00f3n acelerada de reformas neoliberales. Las pol\u00edticas de ajuste fiscal, las privatizaciones y la apertura econ\u00f3mica impactaron de modo directo, produciendo un deterioro significativo del mercado de trabajo, muy marcado por el aumento sostenido del desempleo. En este contexto tuvo lugar un tipo de acci\u00f3n colectiva de alta intensidad, de car\u00e1cter circunstancial, como los saqueos a comercios y supermercados. Este tipo de hecho se registr\u00f3 durante las dos grandes crisis (1989 y 2001-2002) y luego reapareci\u00f3 al calor de una huelga policial extendida en todo el pa\u00eds a fines de 2013. En estas situaciones ocurrieron hechos de violencia institucional graves y otros cometidos por particulares en los cuales numerosas personas perdieron la vida en contextos de extendida represi\u00f3n y ausencia de protecci\u00f3n estatal. La deficiencia de las investigaciones judiciales de cada homicidio impide su esclarecimiento, la comprensi\u00f3n de las din\u00e1micas de violencia que tuvieron lugar y la atribuci\u00f3n de responsabilidades de diferente nivel.<\/p>\n\n\n\n

Entre 1989 y 2003, la protesta sindical disminuy\u00f3 en t\u00e9rminos absolutos y relativos. En 1989, los sindicatos participaron del 74% de las protestas registradas mientras que en 2003 s\u00f3lo lo hicieron en un 16%. Durante el \u00faltimo semestre del gobierno de Ra\u00fal Alfons\u00edn (enero-julio de 1989), los sindicatos participaron en 7 de cada 10 protestas y esa proporci\u00f3n se redujo a la mitad durante el segundo mandato de Menem cuando participaron en menos de 4 cada 10 (36%).<\/p>\n\n\n\n

Uno de los datos m\u00e1s significativos de los a\u00f1os 90 es el surgimiento de protestas de desocupados en v\u00ednculo estrecho con los sectores sindicales y sociales m\u00e1s afectados por las reformas del Estado y del mercado -empleados p\u00fablicos, docentes y estudiantes, profesionales de la salud, trabajadores judiciales, entre otros- y en abierta confrontaci\u00f3n con las organizaciones sindicales nucleadas en la Confederaci\u00f3n General del Trabajo -CGT-. As\u00ed, los reclamos vinculados con el mundo del trabajo siguieron teniendo un peso central en el escenario de la protesta social pero estuvieron liderados por un nuevo tipo de actor colectivo y, de forma creciente, la confrontaci\u00f3n se materializ\u00f3 en mayor cantidad de movilizaciones que de huelgas.<\/p>\n\n\n\n

El tema esencia de todo es la convivencia entre uno y otro derecho. Todav\u00eda no se ha dado con el justo medio. Pero hay que encontrarlo.<\/p>\n\n\n\n

Todos recordamos el discurso de la doctora Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner en el Senado, reclamando por el derecho a protestar pero a circular. Con la presencia del entonces Presidente de la Corte, la oradora le ped\u00eda al Poder judicial intervenir con decisi\u00f3n. Incluso en una parte recordaba una experiencia personal, estando en Estado Unidos en donde una nutrida columna de personas protestaba, pero dejando media v\u00eda libre para la circulaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La apertura de canales de mediaci\u00f3n pol\u00edtica para los conflictos es un aspecto necesario de una respuesta no violenta a los conflictos sociales. El valor que estos dispositivos pueden tener para prevenir la violencia y para atender a los reclamos por derechos vulnerados explica lo importante que es avanzar en la formulaci\u00f3n de protocolos, pol\u00edticas p\u00fablicas y procedimientos que los incluyan. En la Argentina, esto no ha ocurrido.<\/p>\n\n\n\n

El \u00fanico intento de legislar en este sentido tuvo lugar en 2014 en el Congreso Nacional, cuando se discutieron nueve proyectos sobre regulaci\u00f3n de la protesta social de orientaci\u00f3n muy dispar y que finalmente perdieron estado parlamentario. En cuatro de ellos se incluyeron art\u00edculos que defin\u00edan instancias de mediaci\u00f3n y asignaban facultades de interlocuci\u00f3n. Tres eran proyectos del entonces bloque oficialista del Frente para la Victoria: uno creaba una \u201ccomisi\u00f3n de negociaci\u00f3n\u201d integrada por representantes de diferentes ministerios; otro establec\u00eda que la mediaci\u00f3n del Ministerio de Seguridad deb\u00eda exceder las cuestiones formales de la manifestaci\u00f3n y canalizar las demandas a las \u00e1reas correspondientes; un tercero impon\u00eda a las autoridades judiciales la obligaci\u00f3n de realizar una mediaci\u00f3n con los manifestantes antes de disponer la intervenci\u00f3n de las fuerzas de seguridad, seg\u00fan protocolos que deb\u00eda elaborar el Poder Judicial. Adem\u00e1s, el proyecto del Frente por la Inclusi\u00f3n Social creaba la figura de \u201coperadores territoriales responsables de la atenci\u00f3n al p\u00fablico\u201d con quienes deb\u00edan articular su intervenci\u00f3n los polic\u00edas presentes en el terreno. M\u00e1s all\u00e1 de su viabilidad, estas propuestas mostraban la intenci\u00f3n de formalizar los dispositivos de interlocuci\u00f3n pol\u00edtica con los manifestantes.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n puede pensarse en las instancias previstas en la regulaci\u00f3n del derecho de huelga en nuestro pa\u00eds que establece una \u201ccomisi\u00f3n de garant\u00edas\u201d integrada por personas provenientes de distintas disciplinas, independientes del Estado, los partidos y las asociaciones sindicales, y asigna al Ministerio de Trabajo la funci\u00f3n de canalizar administrativamente los pronunciamientos de la comisi\u00f3n. Tambi\u00e9n se formalizan mediaciones en protocolos para el desalojo de inmuebles, como el Protocolo de Actuaci\u00f3n para la Restituci\u00f3n de Inmuebles Usurpados, que dict\u00f3 la Fiscal\u00eda General de la Ciudad Aut\u00f3noma de Buenos Aires en 2008. Si bien el funcionamiento de estas instancias formales no garantiza los derechos de los afectados y en diferentes casos, incluso, se denunci\u00f3 que ocurri\u00f3 lo contrario, estas regulaciones muestran que es posible establecer procedimientos e instancias de interlocuci\u00f3n en las normas.<\/p>\n\n\n\n

Podr\u00edamos seguir enumerando ideas, propuestas y dem\u00e1s elaboraciones, pero todas son incompletas y dejan flancos de ataque lo que hace, en los hechos que ninguna norma se pudo acordar, a menos con una aceptaci\u00f3n importante.<\/p>\n\n\n\n

Hay un componente subjetivo que es inasible para las normas. En los \u00faltimos cuatro a\u00f1os con el gobierno de Alberto Fern\u00e1ndez y Cristina Fern\u00e1ndez, que todos coinciden que fue el peor de todos desde la democracia, la CGT no solo que nunca moviliz\u00f3 en defensa de los trabajadores sino que ni siquiera public\u00f3 un comunicado a dos columnas y de cinco cent\u00edmetros en alg\u00fan medio de prensa diciendo \u201cla CGT esta preocupada\u201d. Nada, cuatro largos a\u00f1os que dejaron medio pa\u00eds pobre, 4,3 millones de indigentes y 150% de inflaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

Apenas asumido el nuevo Gobierno por el Ministerio de Seguridad se dio a conocer este protocolo que indica la forma de actuar en los casos de protestas o marchas callejeras que en pocas l\u00edneas glosamos.<\/p>\n\n\n\n

Art\u00edculo 1\u00ba.- En el marco del presente PROTOCOLO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN P\u00daBLICO ANTE EL CORTE DE V\u00cdAS DE<\/em> CIRCULACI\u00d3N, las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales intervendr\u00e1n frente a impedimentos al tr\u00e1nsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras v\u00edas de circulaci\u00f3n sujetas a la jurisdicci\u00f3n federal. Tambi\u00e9n podr\u00e1n intervenir en territorios provinciales o de la CIUDAD AUT\u00d3NOMA BUENOS AIRES en los casos y bajo las condiciones establecidas por los art\u00edculos 23 y 24 de la ley de Seguridad Interior N\u00ba 24.059.<\/em><\/p>\n\n\n\n

En cuando a este primer art\u00edculo, deber\u00eda determinarse cu\u00e1les son aquellas fuerzas federales que se encuentran en condiciones de intervenir, en tanto que por su funci\u00f3n espec\u00edfica no todas se encuentran habilitadas (Por ejemplo: La Ley n\u00b0 20.416 en su art\u00edculo 1\u00b0 establece que \u201cEl Servicio Penitenciario Federal es una fuerza de seguridad de la Naci\u00f3n destinada a la custodia y guarda de los procesados, y a la ejecuci\u00f3n de las sanciones penales privativas de libertad, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias en vigor\u201d El principio de competencia implica que el Estado puede realizar acciones en tanto exista normativa que as\u00ed lo autorice. Un protocolo de actuaci\u00f3n dictado por intermedio de una Resoluci\u00f3n Ministerial no es un instrumento jur\u00eddico v\u00e1lido para modificar una ley del Congreso de la Naci\u00f3n\u201d<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

De igual forma no resulta claro, si el protocolo se aplicar\u00e1 frente a cualquier situaci\u00f3n (procesiones religiosas, reuniones o celebraciones deportivas, etc.) o es restrictivo a manifestaciones de \u00edndole pol\u00edticas. En este \u00faltimo caso ya estamos dentro de lo que G\u00fcnther Jackobs denomin\u00f3 \u201cDerecho Penal del Enemigo\u201d, es decir que cualquier persona que no respete las leyes y el orden legal de un Estado -o que pretenda destruirlos- debe perder todos los derechos como ciudadano y como ser humano y que el Estado debe permitir a esta persona sea perseguida por todos los medios disponibles.<\/p>\n\n\n\n

Por otra parte, si tambi\u00e9n aplicase para eventos religiosos nos encontramos ya frente a un ataque a la libertad de culto.<\/p>\n\n\n\n

Art\u00edculo 2\u00ba.- La intervenci\u00f3n a la que se refiere el art\u00edculo anterior se producir\u00e1 sin que necesariamente medie orden judicial, toda vez que se trata de un delito flagrante reprimido por el art\u00edculo 194 del C\u00f3digo Penal de la Naci\u00f3n Argentina; sin perjuicio de la comunicaci\u00f3n inmediata al juez o al fiscal competente.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Este art\u00edculo violenta el principio de razonabilidad y el de inocencia consagrados en la Carta Magna al entender que \u201ctodo impedimentos al tr\u00e1nsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras v\u00edas de circulaci\u00f3n\u201d<\/em> importa un delito.<\/p>\n\n\n\n

Implica una justicia selectiva y discriminatoria, erosionando principios fundamentales del sistema legal, como la proporcionalidad de las penas y el respeto a los derechos humanos, entre los que se encuentran la libertad de expresi\u00f3n, de reuni\u00f3n y el derecho a peticionar a las autoridades.<\/p>\n\n\n\n

Art\u00edculo 3\u00ba.- Por impedimentos al tr\u00e1nsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras v\u00edas de circulaci\u00f3n debe<\/em> entenderse cualquier concentraci\u00f3n de personas o colocaci\u00f3n de vallas u otros obst\u00e1culos que disminuyeren, para la circulaci\u00f3n de veh\u00edculos, el ancho de las calles, rutas o avenidas, o que estorbaren el tr\u00e1nsito ferroviario, aun cuando no crearen una situaci\u00f3n de peligro, o que impidieren el ingreso de personas a lugares p\u00fablicos o empresas. No se tomar\u00e1 en cuenta, a tales efectos, el hecho de que los perjudicados tuvieren otras v\u00edas alternativas de circulaci\u00f3n.<\/em><\/p>\n\n\n\n

En esta parte se trata de una reglamentaci\u00f3n por parte del Poder Ejecutivo del art\u00edculo 194 del c\u00f3digo penal, situaci\u00f3n que se encuentra expresamente prohibida en la Constituci\u00f3n Nacional (art. 99 inciso 3\u00b0 CN).<\/p>\n\n\n\n

Art\u00edculo 4\u00ba.- La acci\u00f3n de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, ante tales situaciones delictivas, estar\u00e1 orientada a despejar los accesos y las v\u00edas de comunicaci\u00f3n o de transporte, en el marco de la ley y en cumplimiento de sus fines hasta dejar totalmente liberado el espacio destinado a la circulaci\u00f3n.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Art\u00edculo 5\u00ba.- En los procedimientos destinados a alcanzar los objetivos previstos en el art\u00edculo anterior, los efectivos emplear\u00e1n la m\u00ednima fuerza necesaria y suficiente, con especial atenci\u00f3n y cuidado ante la presencia de ni\u00f1os, mujeres embarazadas o ancianos. Esa fuerza ser\u00e1 graduada en proporci\u00f3n a la resistencia opuesta por los manifestantes o sus apoyos, siempre con empleo de armas no letales.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Art\u00edculo 6\u00ba.- En la medida de lo posible, deber\u00e1n ser identificados los autores, c\u00f3mplices e instigadores, mediante filmaciones y otros medios digitales o manuales, con registro prioritario de los datos de sus l\u00edderes y organizaci\u00f3n con la cual se vinculan, sin perjuicio de proceder a su detenci\u00f3n, cuando as\u00ed corresponda legalmente.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Art\u00edculo 7\u00ba.- Tambi\u00e9n ser\u00e1n identificados los veh\u00edculos con los cuales los manifestantes hubieran sido transportados. Si se registrare una infracci\u00f3n a las reglas vigentes para los veh\u00edculos de los cuales se trate y el tipo de actividad para la que estuvieran habilitados, o bien de los conductores, se comunicar\u00e1 esa circunstancia a las autoridades de contralor correspondientes. Si de los hechos surgiere claramente que los conductores de esas unidades hubieren sido part\u00edcipes del delito, en cualquier grado, en orden a las prescripciones del C\u00f3digo Penal de la Naci\u00f3n Argentina, se proceder\u00e1 de acuerdo con la orden de la autoridad judicial.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Art\u00edculo 8\u00ba.- Los datos de los autores, c\u00f3mplices, instigadores y organizadores que hubieren podido ser registrados por las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales \u2013ya se trate de organizaciones formales o informales, con o sin personer\u00eda jur\u00eddica, gremios o partidos pol\u00edticos\u2013 ser\u00e1n remitidos al MINISTERIO DE SEGURIDAD para su comunicaci\u00f3n a la autoridad de aplicaci\u00f3ncorrespondiente, a los efectos de la adopci\u00f3n de las medidas administrativas que corresponda.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Esto se presenta como un exceso desde todo punto de vista, afectando garant\u00edas de orden constitucional. Para alguien ser autor, c\u00f3mplice, instigador u organizador, lo debe decir un juez. Adem\u00e1s est\u00e1n vinculando directamente a una persona a una organizaci\u00f3n, cuando puede estar actuando por fuera de la organizaci\u00f3n. Es la decisi\u00f3n de formar un registro con datos totalmente informales, es un asco este art\u00edculo.<\/p>\n\n\n\n

Art\u00edculo 9\u00b0.- Cuando se observare la comisi\u00f3n de actos que presumiblemente pudieran ocasionar da\u00f1o ambiental en los t\u00e9rminos de la Ley N  25.675, su reglamentaci\u00f3n y normas complementarias, se dar\u00e1 aviso al juez competente y a la autoridad ambiental correspondiente.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Es que no tiene relaci\u00f3n los derechos en tensi\u00f3n, la afectaci\u00f3n ambiental de una goma quemada contra el derecho de los trabajadores, jubilados, etc.<\/p>\n\n\n\n

Art\u00edculo 10.- Los datos a los que se refiere el art\u00edculo precedente ser\u00e1n tambi\u00e9n comunicados a la autoridad a cargo de la protecci\u00f3n de los menores cuando se comprobare que se ha llevado a ni\u00f1os o adolescentes a la concentraci\u00f3n, con riesgo de su integridad f\u00edsica y en detrimento de su concurrencia a los establecimientos educacionales.<\/em><\/p>\n\n\n\n

El riesgo a la integridad f\u00edsica lo genera el Estado y quiere responsabilizar a los progenitores. Por otro lado entiende que la protesta social se realiza sin una raz\u00f3n, cuando es la afectaci\u00f3n de un derecho en forma previa la que gener\u00f3 la protesta.<\/p>\n\n\n\n

Art\u00edculo 11.- El MINISTERIO DE SEGURIDAD, por medio de sus servicios jur\u00eddicos, podr\u00e1 demandar judicialmente a las organizaciones a las que se refiere el art\u00edculo 8\u00ba, as\u00ed como a las personas individuales que resultaren responsables, por el costo de los operativos que se hubieren desplegado para hacer cesar los actos ileg\u00edtimos. Asimismo, se remitir\u00e1n los datos a la jurisdicci\u00f3n pertinente, a los efectos de que las entidades perjudicadas puedan iniciar acciones de resarcimiento por los da\u00f1os y perjuicios que hubieren sido ocasionados contra el patrimonio p\u00fablico y las personas. En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria en el territorio argentino, se enviar\u00e1n sus datos a la DIRECCI\u00d3N NACIONAL DE MIGRACIONES, a los fines pertinentes.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Esto es un mecanismo para prohibir la protesta social y como tal inconstitucional.Art\u00edculo 12.- Por v\u00eda de la SECRETAR\u00cdA DE SEGURIDAD Y POLITICA CRIMINAL, o el \u00e1rea que en el futuro la remplace, de este Ministerio, se crear\u00e1 un registro de las organizaciones que participan de las acciones referidas en el art\u00edculo 1\u00ba, as\u00ed como del n\u00famero de infractores identificados de cada una de esas<\/em> entidades, sin inclusi\u00f3n del nombre de las personas f\u00edsicas hasta tanto no exista resoluci\u00f3n judicial sobre ellas.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Esto es la persecuci\u00f3n a las organizaciones pol\u00edticas, afectando los arts. 37 y 38 de la CN y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos y su Protocolo Facultativo<\/p>\n\n\n\n

Art\u00edculo 13.- Der\u00f3guese la Resoluci\u00f3n del MINISTERIO DE SEGURIDAD N\u00b0 210 de fecha 4 de mayo de 2011.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Art\u00edculo 14.- La presente Resoluci\u00f3n entrar\u00e1 en vigencia a partir del d\u00eda de su publicaci\u00f3n en el BOLET\u00cdN OFICIAL DE LA REP\u00daBLICA ARGENTINA.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Art\u00edculo 15.- Comun\u00edquese, publ\u00edquese, d\u00e9se a la DIRECCI\u00d3N NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y arch\u00edvese.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Patricia Bullrich<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Derechos constitucionales en tensi\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En el marco de las protestas sociales, claramente nos encontramos frente a derechos constitucionales que entran en tensi\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n

                   1.- La libertad de circulaci\u00f3n de personas y bienes (arts. 10, 11 y 14 CN)<\/p>\n\n\n\n

                   2.- Libertad de expresi\u00f3n (arts. 14 y 32 CN):<\/p>\n\n\n\n

                   3.- Derecho a peticionar a las autoridades (art. 14 CN).<\/p>\n\n\n\n

                   4.- Derecho de reuni\u00f3n (arts. 37 y 75.19 CN)<\/p>\n\n\n\n

Cuando dos derechos, en su aplicaci\u00f3n plena, conducen a resultados incompatibles. Uno de ellos debe ceder frente al otro o su aplicaci\u00f3n debe ser adecuada para que ambos puedan ser garantizados.<\/p>\n\n\n\n

La restricci\u00f3n a la protesta callejera cuando acote la libertad de circulaci\u00f3n (ya sea temporalmente o mediante demoras debido a la necesidad de quienes circulan de asumir v\u00edas alternativas) importar\u00eda afectar el n\u00facleo del derecho de expresarse libremente y peticionar a las autoridades.<\/p>\n\n\n\n

Por el contrario, si se acepta que el derecho a la libre circulaci\u00f3n puede ser acotado (Fallos: 314:595), incluso sin v\u00edas alternativas, podr\u00e1 ser ejercido posteriormente o bien elegir otra v\u00eda para ejercer ese derecho. Es decir, el derecho a la circulaci\u00f3n no queda extinguido sino que es sometido a un diferimiento en su ejercicio.<\/p>\n\n\n\n

Frente a estas dos posibles soluciones, la primera (la no criminalizaci\u00f3n de la protesta callejera) implica la coexistencia de los derechos en pugna. Por el contrario, la segunda de las soluciones posibles trae aparejado la afectaci\u00f3n al n\u00facleo de determinados derechos, volvi\u00e9ndola antijur\u00eddica en los t\u00e9rminos del art. 14 de la CN.<\/p>\n\n\n\n

En definitiva, el derecho a protestar, peticionar a las autoridades y expresarse libremente son garant\u00edas elementales para la existencia y desarrollo de una democracia formal y estable; consecuentemente, se sobreponen frente a las demandas de aquellos que piden por la libre circulaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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