No hay memoria de un caso de tanta gravedad institucional como el que protagoniz\u00f3 el ministro del Interior, An\u00edbal Fern\u00e1ndez, cuando denunci\u00f3 ante el Consejo de la Magistratura (posible antesala de un juicio pol\u00edtico) al juez Javier L\u00f3pez Biscayart.<\/p>\n
El magistrado est\u00e1 investigando el presunto pago de sobornos a funcionarios del gobierno de Kirchner en el llamado \u201ccaso Skanska\u201d. El ministro pidi\u00f3 de hecho su juicio pol\u00edtico por un tr\u00e1mite de esa misma causa, la primera en la que un testigo asegura que actuales funcionarios cobraron coimas.<\/p>\n
Para peor, otra instancia judicial intensamente presionada por el Gobierno \u2013la sala IV de la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n\u2013 deber\u00e1 decidir sobre la excarcelaci\u00f3n pedida por el testigo que habl\u00f3 de sobornos.<\/p>\n
La presi\u00f3n sobre la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n ya motiv\u00f3 un pedido de licencia por razones de salud de su presidente, Alfredo Bisordi, y, de manera impl\u00edcita, la decisi\u00f3n de acogerse a la jubilaci\u00f3n de una jueza del tribunal, Amelia Berraz de Vidal.<\/p>\n
Con todo, nunca se hab\u00eda llegado tan lejos con las presiones a los jueces; el pedido de juicio pol\u00edtico por parte del Gobierno de un juez que investiga la honestidad de funcionarios del propio gobierno bati\u00f3 cualquier r\u00e9cord.<\/p>\n
Desde ya, suponer que esa decisi\u00f3n corresponde s\u00f3lo al ministro del Interior es desconocer la l\u00f3gica y la mec\u00e1nica del gobierno de Kirchner. Es absolutamente inconcebible que una gesti\u00f3n de esa naturaleza se haya hecho sin el conocimiento previo de la m\u00e1s alta conducci\u00f3n del Estado. Se trata, por lo tanto, de una decisi\u00f3n pol\u00edtica del Gobierno.<\/p>\n
La principal objeci\u00f3n a la reciente reforma del Consejo de la Magistratura consist\u00eda en que el oficialismo se asegur\u00f3 el control de los dos tercios del cuerpo, necesario para promover o remover a los jueces. No ser\u00eda casual, entonces, que el Gobierno haya recurrido al Consejo de la Magistratura cuando se top\u00f3 con un juez dispuesto a enfrentar algunos designios de la administraci\u00f3n.<\/p>\n
Hay un aspecto pol\u00edtico y otro formal. El pol\u00edtico consiste en que el gobierno est\u00e1 furioso con L\u00f3pez Biscayart. El aspecto formal que provoc\u00f3 la colisi\u00f3n entre el juez y el gobierno fue que el magistrado acept\u00f3 un pedido del \u00fanico preso del \u00abcaso Skanska\u00bb, Adri\u00e1n L\u00f3pez, que reclam\u00f3 ser sacado de la c\u00e1rcel de Marcos Paz porque estaba seguro de que su vida corr\u00eda peligro. El juez crey\u00f3 seria esa advertencia y orden\u00f3 su traslado a la Superintendencia de Investigaciones de la Polic\u00eda Federal.<\/p>\n
El ministro Fern\u00e1ndez, de quien depende la Polic\u00eda Federal, le orden\u00f3 a \u00e9sta que no acatara la orden del juez, porque, seg\u00fan su interpretaci\u00f3n, los tratados internacionales sobre derechos humanos impiden que presos comunes sean alojados en dependencias policiales.<\/p>\n
Aun cuando hay interpretaciones distintas sobre ese mandato del Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica (algunos sostienen que se refiere a condenados y no a procesados), la cuesti\u00f3n de fondo es que tanto los tratados como el juez est\u00e1n defendiendo el mismo bien: la vida humana.<\/p>\n
Debe convenirse en que el valor de la vida es un concepto superior a la interpretaci\u00f3n fr\u00eda de cualquier tratado internacional, todos ellos hechos para defender la vida de personas bajo circunstancias distintas de las de L\u00f3pez. De todos modos, la Constituci\u00f3n argentina incorpor\u00f3 a su texto, en la reforma de 1994, otros cuatro tratados internacionales que protegen la vida humana en cualquier circunstancia. El juez no estaba, por lo tanto, olvidando ni violando el texto y el esp\u00edritu de la ley.<\/p>\n
El primer derecho de un preso es que su situaci\u00f3n debe quedar bajo la absoluta responsabilidad de un juez y no de la de un ministro. El preso perder\u00eda toda noci\u00f3n de sus derechos si, adem\u00e1s, quedara sometido a la opini\u00f3n del ministro de un gobierno a cuyos funcionarios el mismo preso acusa de haber cobrado sobornos.<\/p>\n
La situaci\u00f3n del juez L\u00f3pez Biscayart motiv\u00f3 ayer que la candidata presidencial Elisa Carri\u00f3 dirigiera una carta al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, reclam\u00e1ndole al m\u00e1ximo tribunal de justicia del pa\u00eds una decisi\u00f3n que proteja a los jueces de las presiones del Gobierno. Carri\u00f3 habr\u00eda hablado tambi\u00e9n del asunto con la jueza Carmen Argibay, miembro de la Corte Suprema.<\/p>\n
* * *<\/p>\n
De cualquier forma, la predisposici\u00f3n del Gobierno a presionar sobre jueces que investigan -o deciden- sobre causas que afectan al Poder Ejecutivo deber\u00eda convocar la reacci\u00f3n de un amplio arco pol\u00edtico. En \u00faltima instancia, no se trata s\u00f3lo del juez L\u00f3pez Biscayart; tambi\u00e9n est\u00e1 en el ojo de la tormenta la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n, que debe decidir sobre la situaci\u00f3n del preso que mencion\u00f3 posibles sobornos. Est\u00e1, al mismo tiempo, la posibilidad de un grave precedente para que otros jueces no avancen en esta clase de denuncias.<\/p>\n
El \u00abcaso Skanska\u00bb ya provoc\u00f3 un testigo amenazado, el propio preso L\u00f3pez, y la decisi\u00f3n del mismo juez de proteger con guardia permanente todas las pruebas reunidas en la investigaci\u00f3n, porque teme que desaparezcan. Ya tuvo el efecto incandescente de hacer estallar el fuego en la Secretar\u00eda de Energ\u00eda, donde hubo un misterioso incendio en d\u00edas recientes.<\/p>\n
Ya fue allanada tambi\u00e9n una dependencia del Ministerio de Planificaci\u00f3n. Ya le fue pedido a la Sindicatura General de la Naci\u00f3n (Sigen) el listado de fideicomisos que maneja el Gobierno; son muchos y con uno de ellos se habr\u00eda financiado el Gasoducto del Norte, la obra que est\u00e1 bajo la lupa del juez L\u00f3pez Biscayart. El problema es que la conducci\u00f3n de la Sigen est\u00e1 en manos de la esposa del ministro Julio De Vido, Alessandra Minnicelli, cuyo traslado el Gobierno prometi\u00f3 muchas veces y no cumpli\u00f3 nunca.<\/p>\n
Se lo mire por donde se lo mire, se trata de un caso emblem\u00e1tico. La situaci\u00f3n en la que el gobierno coloc\u00f3 al juez L\u00f3pez Biscayart es inadmisible por \u00e9l mismo, se compartan o no todas sus decisiones, pero lo es tambi\u00e9n para una m\u00ednima noci\u00f3n sobre el valor de las instituciones y de la moral p\u00fablica.<\/p>\n
Por Joaqu\u00edn Morales Sol\u00e1<\/p>\n
Fuente: diario La Naci\u00f3n, Buenos Aires, 18 de abril de 2007.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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