Padres de la ciudad de Rafaela, preocupados por la formación de sus hijos, están trabajando para poder participar en la elaboración del proyecto institucional de los establecimientos educativos a los que concurren sus hijos. Pretenden ser parte de los necesarios espacios de formación y escoger libremente el tipo de educación que habrán de recibir aquellos, especialmente en relación a la afectividad y la sexualidad, conscientes que las normas mínimas en materia de enseñanza deben tender a la reconstrucción de la alianza educativa entre familias, escuela y sociedad para lograr un proyecto compartido que garantice que el proceso de aprendizaje se funde en conocimientos científicos validados sobre los cuales exista acuerdo suficiente en la comunidad científica, sin separar la cultura de sus raíces más profundas, y que resulte compatible con el ideario de cada institución.
En este marco, desde “Rafaelinos por la Vida” solicitarán a las autoridades y candidatos que se comprometieron a trabajar en este tema, que se convoque a una reunión, de la cual también participarán técnicos que asesoran a la organización precitada, a fin de acordar la creación de un espacio donde interactuar y trabajar, para garantizar que los educandos aprendan a auto-cuidarse, prevenir embarazos no programados, evitar discriminaciones injustas, y abordar realidades complejas (ejemplo cutting, autolesiones, grooming, engaño pederasta, pornografía, enfermedades de transmisión sexual, entre otros).
Quienes llevan adelante la propuesta, buscan que desde la ciudad se comience a trabajar para que las mencionadas normas mínimas, y los contenidos curriculares, aseguren que los conocimientos en esta materia sean impartidos por docentes con adecuada formación, que presten su servicio obrando en consonancia con el objeto que persigue la iniciativa; reconozcan que todos somos iguales en dignidad (para evitar discriminaciones injustas y situaciones de acoso y violencia); y siendo brindados con un lenguaje adecuado y moderado, se adecuen a las costumbres y convicciones de las familias, y del personal docente y no docente, respetando el ideario de cada institución educativa y el derecho a la objeción de conciencia.
Además, se busca que los contenidos tengan en cuenta las particularidades comunitarias y locales; consideren el grado de madurez y el desarrollo psicosexual de los educandos, respeten la libertad de conciencia, la dignidad integridad e intimidad de «todos» los miembros de las comunidades educativas, y asegure que, en el ejercicio de funciones que son propias de las familias, como parte responsable de las acciones de formación, los padres o representantes legales puedan guiar a sus hijos en el ejercicio de sus derechos, participando democrática y activamente en las instituciones a las cuales concurren, durante todo el proceso, y en todos los niveles, atento a que, como la normativa expresamente lo reconoce, para la Argentina la planificación familiar atañe a los padres de manera indelegable, acompañados subsidiariamente por el Estado.
Logrando los objetivos señalados se garantizará el respeto de derechos reconocidos por el ordenamiento nacional, y el fortalecimiento de las instituciones educativas y del rol de la familia; apostando por una educación que, sin negar la neutralidad religiosa del Estado y de la formación que ofrece en los distintos niveles, sin embargo, se abra a la contribución que las religiones ofrecen a la vida ciudadana, es decir una educación plural, inclusiva, respetuosa de todos y sin preponderancia de un pensamiento o ideología sobre otro, protegiendo a la familia como célula básica de la sociedad encargada de la educación de los niños.
El Estado debe enseñar a pensar y a razonar por sí mismo a los educandos, y no qué pensar, pues sus orientaciones religiosas, morales, sexuales o de cualquier índole deben ser respetadas, sin imponer ningún tipo de perspectiva, ideología, o religión que no se adecue a los principios y valores morales de los integrantes de la comunidad educativa, y al ideario institucional de cada establecimiento, para consagrar una verdadera democracia, garantizando una diversidad donde todos somos respetados en nuestra manera de pensar y ver la vida, protegiendo así ´todos´ los derechos humanos, por lo que se espera que la tarea a iniciarse sea de gran utilidad para garantizar lo citado.
Las personas que impulsan esta actividad coincidente en la convicción de que las propuestas efectuadas resultan imprescindibles en la medida que se ajustan a las previsiones de los arts. 14 y 33 de la CN; el art. 12 Inc. 4 de la CADH; el art. 13 del PIDES y C; los arts. 18, 28 y 29 de la Convención de los Derechos del Niño; el art. 26 de la DUDH, los arts. 12 y 23 de nuestra Constitución Provincial, y las Leyes 23.849, 26.206 y 26.150, actualmente vigentes.
