Por Agustín Jamele.- Este jueves 8 se realizó un encuentro entre integrantes del equipo legal de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y la Fiscalía de Delitos Ambientales del Ministerio Público Fiscal de Neuquén. El tema central fue la denuncia que la ONG presentó en diciembre del 2020 contra la empresa COMARSA por acumular residuos peligrosos al aire libre y sin los tratamientos correspondientes en sus plantas de Neuquén y Añelo. Los mismos corresponden a las empresas nacionales e internacionales que operan en el yacimiento petrolífero Vaca Muerta.
“Consideramos que la audiencia fue positiva. Estuvimos con el fiscal Maximiliano Breide Obeid quien tiene una responsabilidad primaria de llevar a cabo la investigación criminal”, explicó el abogado Rafael Colombo (oriundo de la ciudad de Rafaela y residente en Santa Fe). “No solo queríamos afianzar la denuncia sino también conocer en qué estado se encuentra la investigación y exponer la necesidad de establecer todas las herramientas necesarias como la toma de muestras y las pericias realizadas por expertos imparciales”, continuó Colombo. Junto a él estuvieron presentes Enrique Viale y Agustín Sánchez Mendoza, también pertenecientes a la asociación, y Darío Kosovsky, abogado penalista de Neuquén.
En la denuncia realizada, la asociación explica que en Neuquén hay “una detallada trama que envuelve maniobras de usurpación y contaminación de tierras públicas, zonas liberadas y simulación de tratamiento de residuos petroleros con un pasivo de 5 mil millones de pesos”. “Para dimensionar, estamos hablando de alrededor de 400 mil m3 entre las dos plantas de materiales legalmente clasificados como peligrosos que están en piletones improvisados y sin el tratamiento técnico adecuado. Son más de 700 mil toneladas”, indicó Colombo.
Residuos petroleros en Vaca Muerte
Los residuos petroleros que recibe COMARSA provienen de empresas nacionales e internacionales (YPF, Chevron, Exxon y Shell son algunas de las mencionadas) que trabajan en el yacimiento Vaca Muerta. Los mismos se califican como peligrosos porque contienen desechos radioactivos y partículas pesadas altamente dañinas para el medio ambiente y los seres humanos. “Estas plantas están en terrenos fiscales y muy cerca de poblaciones que sufren en sus propios cuerpos lo que está pasando”, agregó Colombo.
Durante la reunión, la fiscalía propuso una mesa de diálogo con la empresa. Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas respondieron que no tienen por qué sentarse a dialogar con la empresa y que en todo caso el Gobierno de Neuquén es el que debería establecer dicho espacio. En la denuncia también se pide investigar a los funcionarios públicos que tienen responsabilidad sobre los daños al medio ambiente y a la salud de las comunidades por permitir esta situación al habilitar las plantas y no realizar los controles correspondientes.
Fuente: https://www.perfil.com/
