Por Norma Bessone.- Lamentablemente desde hace meses asistimos al enorme proceso de deterioro del país como estado democrático, autónomo y republicano. Amparadas en la global excusa de la pandemia, las decisiones del gobierno desmantelan la economía, socavan las condiciones sociales de los ciudadanos, restringen sus libertades y se concentran en la defensa de algunos derechos menospreciando otros, como por ejemplo, el derecho a la información veraz, completa, contextualizada.
Y en referencia concreta a ello tenemos como claro ejemplo las afirmaciones oficiales sobre el precio de la soja que, en la Bolsa de Chicago (USA) está alrededor de los u$500. En Argentina la tonelada de soja se paga al productor u$343 (dólares de valor oficial) o u$ 203 dólares legales.
Particularmente en la Bolsa de Rosario, nuestra provincia, se paga u$ 170,46 o $29.150 pesos. La diferencia entre u$203 y $496 queda para el gobierno, y u$30 dólares oficiales adicionales van para la industria aceitera.
Una lógica similar se utiliza para justificar el cierre de exportación del maíz “… se basa en la necesidad de asegurar el abastecimiento del grano para los sectores que lo utilizan como materia prima en sus procesos de transformación, básicamente la producción de proteína animal como carne de cerdo, pollo, huevos, leche y feedlot, donde el cereal representa un componente significativo de sus costos de producción”.
Sin embargo, éstas son solo afirmaciones basadas en el desconocimiento no sólo de este mercado sino de lo que ocurrió en el pasado inmediato. Al decir del Daniel Pelegrina (SRA) “Es lamentable que el gobierno siga acudiendo a viejas recetas obsoletas que ya mostraron su ineficiencia y que provocan el efecto inverso al que se pretende lograr. Como ya lo hemos vivido hasta 2015, más temprano que tarde se verá reducida la oferta y los precios lejos de bajar, subirán por esta causa”.
Atención ciudadanos….
“La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública […]. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no esté bien informada, no es plenamente libre” (Corte Interamericana de Derechos Humanos).
