La sociedad argentina parece acostumbrada a vivir en una crisis política crónica. La que se abrió en 2001 no se cerró. Al contrario, durante el segundo gobierno Kirchner se ha profundizado. Esa persistencia amenaza con efectos anestésicos. De lo contrario, es difícil explicar por qué los gravísimos descubrimientos que se están realizando alrededor del caso de los tres empresarios asesinados en General Rodríguez no provocaron todavía un vendaval sobre la vida pública.
Parte del financiamiento de la campaña electoral de Cristina Kirchner fue puesta de nuevo en tela de juicio. Está demostrado que entre los principales contribuyentes a ese proselitismo hubo una droguería sospechada por sus vinculaciones con el narcotráfico: Seacamp, de Sebastián Forza, uno de los muertos.
Cuando se activa el zoom sobre esta novedad aparecen otras igual de inquietantes. La droguería de Forza integraba un club de empresas acusado por el Ministerio de Salud de robar medicamentos a esa cartera y al PAMI y de elaborar expedientes apócrifos para cobrar subsidios en la Superintendencia de Salud.
El Gobierno adujo que esas irregularidades habían sido detectadas y que por eso a la firma de Forza se le había suspendido su condición de proveedora del Estado. Al César lo que es del César: un mérito de Graciela Ocaña. Sin embargo, la preocupación oficial por esas aberraciones se detuvo allí. Para detectar la trama de narcotráfico en la que estaría envuelta Seacamp fue necesaria la participación de una agencia extranjera, la DEA, que estaba investigando a Forza y a sus socios.
Las insinuaciones que aparecieron respecto de los recursos aportados a la fórmula Kirchner-Cobos durante el caso Antonini Wilson resultan ahora pecata minuta . Estas sombras nuevas son más oscuras. La precisión de los datos también es mayor: la empresa de Forza aportó 200.000 pesos para la campaña del Gobierno (más información en la pág. 13).
No alcanzó al más importante mecenas de la señora de Kirchner: Carlos Horacio Torres, con 350.000 pesos. La primera sorpresa: no se sabía que las tradicionales fuerzas vivas del kirchnerismo -los Eskenazi, Cristóbal López, Gerardo Ferreira (de Electroingeniería), Lázaro Báez, etc.- fueran tan mezquinas como para dejar que la lista la encabezara un extraño.
El diablo metió la cola: Torres también es socio de una droguería. Se llama San Javier. Allí convive con Néstor Lorenzo, acaso el más famoso empresario del rubro. En especial por su protagonismo en varios escándalos en La Plata, donde administra el colapsado Centro Oncológico de Excelencia (COE).
LA NACION consignó, en junio de este año, que a Lorenzo se le imputaban presuntos negociados con drogas oncológicas. Casi un objetivo si se coloca al frente de un centro de atención del cáncer al dueño de una droguería de la especialidad. De la intervención en el COE participan el gobierno de Daniel Scioli y el de Pablo Bruera, intendente de La Plata.
San Javier es también uno de los proveedores más caudalosos de la OSBA, la obra social que Mauricio Macri intervino al llegar al gobierno porteño.
Ahora, con la muerte de Forza, entre personas bien informadas del sector de la salud circula esta versión: el empresario asesinado habría vendido, en medio del concurso de una de sus empresas, una importante cantidad de medicamentos a la droguería San Javier, de Torres y Lorenzo. Esas mercaderías las habría cobrado con acciones. Se presume, aunque todavía no fue verificado por la Justicia, que Forza era socio y hasta director de San Javier.
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Esta trama de negocios se vuelve más escandalosa por su doble relación con un funcionario público, Héctor Capaccioli. Es el superintendente del sistema de Salud desde que los Kirchner llegaron al poder. Al mismo tiempo, fue el tesorero de todas las campañas del oficialismo desde 2003. También se encarga de las finanzas del PJ Capital, donde todavía reina su jefe político, Alberto Fernández. Se entiende que a la cabeza del mecenazgo de los candidatos del Gobierno haya droguerías.
Se entendería mejor si se recordara una información que también publicó LA NACION este año, varias veces: según denuncias que investiga la Justicia, existe en el sistema de salud una rutina de saqueo de los recursos de las obras sociales a través de la elaboración de expedientes apócrifos sobre tratamientos de cáncer, hemofilia o sida a pacientes inexistentes. La superintendencia de Capaccioli paga los subsidios previstos para esas terapias costosas. La operación se ampara en que en los padrones de las obras sociales figuran como asociados quienes han dejado de serlo. El fraude sería inviable sin la participación de sindicalistas, dicen en el Ministerio de Salud. Algunos hasta delegan de manera sistemática en las droguerías el cobro de los subsidios de sus afiliados-fantasmas.
El caso más estridente de participación de una droguería en este régimen fue el de la empresa del asesinado Forza como proveedora de medicamentos oncológicos del Hospital Francés durante la intervención de José Salvatierra. El nombre de Salvatierra lleva de nuevo a Capaccioli, su jefe político. Capaccioli ha declarado que Seacamp fue dada de baja como proveedora del Francés cuando el Gobierno intervino ese hospital.
Desde aquel escándalo, por lo menos 18 droguerías son investigadas por la Justicia, otra vez a instancias de Ocaña: en homenaje al padrino de Capaccioli, Alberto Fernández (ex jefe de Gabinete), hay que recordar que también Ocaña le reportaba. De lo contrario, la fiesta que Julio De Vido se está haciendo con este affaire sería infartante.
Entre las droguerías (sobre todo, San Javier) y Capaccioli existiría un eslabón perdido. Para infinidad de operadores del sistema se trata de Néstor Vázquez, a quien Capaccioli mantuvo hasta hace meses como gerente general. Vázquez fue una figura principal de ese organismo cuando el superintendente era el sindicalista José Luis Lingeri, ex secretario general adjunto de la CGT.
Frente a este caudal de información resulta más injustificable la ceguera del dispositivo de seguridad del Estado ante las maniobras de narcotraficantes que aparecen a la luz del asesinato de Forza y de los otros dos empresarios. A pesar de las explicaciones del responsable del área, Aníbal Fernández, hasta ahora la única agencia que habría estado detrás de esos delincuentes con alguna eficacia fue la DEA norteamericana. Una excusa ideal para que el kirchnerismo vuelva a desatar su imaginación conspirativa: la actuación de ese organismo y las relaciones de Forza con sus viscosos informantes, algunos de los cuales lo habrían contactado con el periodismo y la Justicia para transformarlo en arrepentido, alimentan en algunos funcionarios la fantasía de un complot orquestado «desde el Norte». Igual que cuando apareció Antonini.
Mientras en los despachos oficiales gastan el tiempo con esa teoría, la agenda vira de golpe al castaño oscuro. La sociedad empieza a familiarizarse con la noticia de que en la Argentina operan con naturalidad pesadas redes de narcos ramificadas desde México y Colombia. Y se empieza a saber que esos malhechores tienen socios locales que contribuyen a financiar las campañas del Gobierno, instalados en el corazón del sistema de salud. Si esta masa de información se hubiera desplomado sobre la ciudadanía en medio de los cacerolazos que tronaban hace dos meses, sería posible que los peores pronósticos de Wall Street sobre la Argentina se estuvieran cumpliendo en estas horas. Para suerte de los Kirchner, el voto de Julio Cobos no fue positivo.
Los donantes de Cristina
Varias empresas de salud y de la industria farmacéutica figuran entre las principales aportantes a la campaña de Cristina Kirchner, junto con bancos, compañías pesqueras y constructoras.
Declararon aportes por más de $ 300.000 seis empresas farmacéuticas y de servicios de salud.
Son Multipharma, Iter Medicina, Droguería Urbana, Global Pharmacy Ser SA, Global Pharmacy y Bristol Park SA. Donaron $ 310.000 cada una.
Seacamp, la distribuidora de medicamentos de Sebastián Forza, asesinado en el triple crimen de General Rodríguez, aparece con $ 200.000 de aporte.
También figuran All Medicine ($ 160.000), Fideisalud ($ 100.000), Audifarm ($ 100.000), Núcleo Farma ($ 100.000), Droguería Unifarm ($ 100.000), Swiss Medical ($ 80.000), Medicus ($ 80.000), Galeno ($ 80.000) y Framaline SA ($ 77.500), entre otras.
El ranking de donantes declarados lo lideran Sitrack.com, de Pescarmona; Creaurban, de Angelo y Fabio Calcaterra, sobrinos de Francisco Macri, y Marsans Internacional Argentina SA. Donaron entre $ 300.000 y $ 400.000 cada una.
Fuente: diario La Nación, Buenos Aires, 19 de agosto de 2008.
