Por Joaquín Morales Solá.- Quizás dentro de poco se hablará más de Alberto Fernández y, sobre todo, de Sergio Massa que de la AFA y de su mandamás Claudio “Chiqui” Tapia. Con todo, debe subrayarse que las últimas investigaciones sobre los multimillonarios manejos de la entidad que dirige el fútbol argentino y de su cabecilla han sido devastadoras. Fue la confirmación de la vieja presunción social de que los dirigentes del fútbol, que nada tienen que ver con el talento de los jugadores, son ricos, frecuentan las prácticas corruptas y hacen uso y abuso de la afición deportiva más popular de los argentinos. Los dirigentes honestos del fútbol y los presidentes de los clubes de primera división que no son cómplices de la pandilla de Tapia sabían que al frente de la AFA brincaban entre la corrupción y la arbitrariedad. Nunca hicieron ni dijeron nada. Solo dos conocidos exjugadores argentinos de fútbol tuvieron el coraje necesario para exponer las prácticas deshonestas de la conducción de la AFA. Fueron Carlos Tevez y Juan Sebastián Verón, este último presidente del club Estudiantes de La Plata, quienes mostraron los modos mafiosos y corruptos de la dirigencia de la AFA. Verón cuestionó la decisión de Tapia, solo posible en una narración de realismo mágico, de entregar un premio que no existe por un torneo que no figura en ningún estatuto de la AFA. Tevez insinuó directamente en un tuit que la dirigencia del fútbol argentino había traído millones (¿de dólares?) de Qatar y los había enterrado en la famosa mega mansión de Pilar; de paso, le dio estado público a esa enorme y lujosa propiedad pilarense que, al parecer, está a nombre de pobres testaferros, aunque en realidad sería propiedad de Tapia y de su principal colaborador, Pablo Toviggino. Tevez llamó sin eufemismos “Alí Babá” a Toviggino, pero no precisó quiénes son los 40 ladrones.
Si bien esa pesquisa de los jueces tiene a Tapia muy cerca de un final triste (el “todo pasa” de Julio Grondona no es un pronóstico infalible), el trabajo de siete jueces federales no solo investiga a los dirigentes deportivos. Es mucho peor: varios magistrados sostienen que detrás de los manejos financieros de ellos descubrieron una trama de corrupción más amplia y millonaria que involucraría al Banco Central, a entidades financieras y a casa de cambio que se urdió durante la gestión de Alberto Fernández y Sergio Massa; el presidente del Banco Central era Miguel Ángel Pesce (lo fue desde el 10 de diciembre de 2019 hasta el 11 de diciembre de 2023, los cuatro años de Fernández), aunque Pesce aseguró en los últimos días, cuando tomó nota de que la Justicia merodeaba cerca de él, que había denunciado en su momento algunos de los presuntos delitos que los magistrados hurgan ahora. El delito consistía en que las financieras y las casas de cambio conseguían inexplicables autorizaciones del Banco Central para comprar dólares al precio oficial; esas entidades vendían luego los dólares al valor del mercado paralelo o al precio del dólar blue. Cuando esa administración accedió al poder había unas 80 financieras, pero el número creció hasta llegar a rondar las 300 cuando Fernández y, sobre todo, Massa dejaron el gobierno tras una vergonzosa derrota frente a Javier Milei. Los magistrados sospechan más de Massa y de funcionarios del Banco Central que de Fernández. Por ahora. A su vez, Pesce, titular del Banco Central, no podía ignorar semejante cantidad de maniobras ilícitas protegidas por la institución que él presidía. O sabía lo que estaban haciendo con los dólares o era más inoperante de lo que se conjeturaba. Durante la vigencia del duro cepo kirchnerista, la brecha en aquellos años entre el precio del dólar oficial y el paralelo llegó a superar el 100 por ciento. Las ganancias de los que ingresaron a ese delictivo negocio duplicaron sus inversiones iniciales. El juez Sebastián Casanello autorizó hace escasos días el pedido del fiscal Franco Picardi, en quien delegó la investigación, para que se allanaran las oficinas y las casas particulares de cinco funcionarios del Banco Central; también se les secuestraron sus teléfonos. La causa ahora en manos de Picardi investiga a dos traficantes de influencias que eran desconocidos hasta hace poco. Uno de ellos es Elías Piccirilo, que se hizo famoso cuando tuvo un breve romance con la exmodelo Jesica Cirio, antigua esposa del sibarita navegante del Mediterráneo Martín Insaurralde, quien fungía aquí de hombre fuerte del gobierno de Axel Kicillof. El otro es Martín Migueles, que accedió recientemente a la notoriedad cuando se convirtió en novio de la inquieta conductora de televisión Wanda Nara, a quien le gusta retozar entre una sucesión de escándalos en su vida privada. Dos faranduleros. “Migueles está más comprometido de lo que cualquiera puede imaginar”, deslizó un funcionario judicial. Nadie sabe que el teléfono de Migueles ya está en poder de la Justicia y que se encontraron demasiadas pruebas. El expediente en manos de Casanello y Picardi investiga la irregular compraventa de dólares en tiempos del cepo kirchnerista. ¿Las maniobras podrían llegar a los 1500 millones de dólares?, se preguntó en los tribunales. Respuesta, rápida y segura: “Puede ser una cantidad de dólares mucho mayor”.
Los jueces sospechan más de Massa y de funcionarios del Banco Central que de Alberto Fernández
A su vez, la jueza federal María Eugenia Capuchetti tiene una vieja causa que investiga a Ariel Vallejo, presidente de la casa de cambio Sur Finanzas, por el mismo delito de la compraventa de dólares bajo el régimen del cepo de Fernández y Massa. En esta investigación aparece la AFA, porque Vallejo no solo es amigo de Tapia, sino que existen fotos públicas que los muestran a los dos en alegres compadreos. Capuchetti le delegó la investigación al fiscal Eduardo Taiano en 2021, pero recién en días recientes este pidió que el expediente sea enviado a la jueza en lo penal económico María Verónica Straccia. Tal vez, Taiano entendió que se trataba de lavado de dinero más que de otro delito, pero sobre ese tema se abrió un debate entre juristas y magistrados. Para algunos, el lavado de dinero, aunque sea ahora un delito autónomo (no es necesario comprobar de dónde salió el dinero), es de jurisdicción federal, porque entorpece la administración financiera del país. No les falta razón. Para otros, tiene jurisdicción federal solo si existen funcionarios públicos -del Banco Central, por ejemplo- implicados en las maniobras o si se beneficiaron funcionarios públicos: Alberto Fernández o Massa, por caso. De todos modos, un juez en lo penal económico, Marcelo Aguinsky, habría viajado a Estados Unidos para buscar pruebas sobre la compra de la enorme mansión de Pilar. Aguinsky está averiguando quién es el propietario real de ese palacete por una denuncia que presentó la Coalición Cívica con la firma de Elisa Carrió. Toviggino, el amigo de Tapia, sería el dueño real. Pero fuentes tribunalicias indicaron que la jueza Capuchetti no entregará fácilmente el expediente sobre los manejos de Sur Finanzas y de Vallejo, el otro amigo de Tapia. ¿Tendrá Tapia amigos honorables? Antes, la jueza revisará todas las causas judiciales para establecer a quién le corresponde cuál.
Un tercer magistrado federal, la jueza María Servini, y un tercer fiscal, el tenaz Carlos Stornelli, están investigando puntualmente el presunto delito de autorizaciones del Banco Central a financieras y casas de cambio para comprar dólares oficiales baratos y venderlos por el doble del precio que pagaban los argentinos desesperados por la moneda norteamericana. Un negocio redondo en el que todavía no aparecieron en este expediente personas vinculadas a la AFA, “aunque pueden aparecer en cualquier momento”, dijeron funcionario del juzgado de Servini. Todos investigan el mismo delito en el mismo tiempo político: el que protagonizaron Alberto Fernández, Massa y Pesce. Tales fuentes ratificaron que se trataría de un saqueo inmoral que dejó ganancias ampliamente superiores a los 1500 millones de dólares. Parece que la oficina del Banco Central encargada del control de las financieras y casas de cambio, sobre todo cuando la compraventa de dólares era un valioso intercambio que dejaba exorbitantes ganancias, estaba dormida o miraba para otro lado. La causa de Servini y Stornelli avanzaba rápidamente, pero transcurría en absoluta discreción hasta que sucedió la sorpresa del último lunes; ese día, tres jueces federales (Servini, Capuchetti y Casanello) ordenaron 60 allanamientos en bancos, casas de cambio y domicilios particulares. Aunque todas están bajo secreto de sumario, se sabe que los tres magistrados buscaban pruebas sobre el trasiego de dólares en el gobierno de Alberto Fernández y Massa. Era posible en tales pesquisas la aparición de personas vinculadas al escándalo de la AFA, del financista Ariel Vallejo sobre todo, pero el objeto de la investigación era otro: el millonario trajinar de dólares cuando el acceso al dólar estaba prohibido. Una vez más puede concluirse que la corrupción tiene amplios márgenes para suceder cuando el Estado es el que regula todo. Es lo que explica un país con funcionarios, dirigentes sociales y caudillos deportivos ricos en medio de una sociedad con muchos pobres.
Otros dos jueces federales, Federico Villena y Luis Armella, estos de la provincia de Buenos Aires, hacen su propia investigación, aunque están más orientados al affaire de la AFA que al negocio más amplio de los dólares kirchneristas. La fiscal Cecilia Incardona había pedido, no sin razón, que las causas se unificaran en un solo juzgado, el de Armella. Pero la Cámara Federal de La Plata resolvió dejar en manos de Villena la denuncia del ARCA (exAFIP) contra Sur Finanzas y Vallejos, el incondicional de Tapia, por evasión tributaria. El juez Armella seguirá con la investigación por el presunto lavado de dinero denunciado por la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) después de los allanamientos a la AFA. El juez Villena es cuestionado desde hace mucho tiempo por su cercanía con los servicios de inteligencia y por su arte de equilibrista para quedar bien con todos los gobiernos. De hecho, fue un ahijado político de Silvia Madjalani, la segunda autoridad de los servicios de inteligencia en tiempos de Mauricio Macri, pero luego se enamoró del kirchnerismo y persiguió a funcionarios macristas.
De manera directa o indirecta, siete jueces están investigando maniobras en las que se mezclan la corrupción en la AFA con la corrupción política y privada cuando el dólar estaba encepado, y solo se podía acceder a él por arbitrarias decisiones de un gobierno que carecía de la confianza de los argentinos y de los mercados. Tres jueces federales de la Capital (Capuchetti, Servini y Casanello), dos jueces en lo penal económico (Aguinsky y Straccia) y dos jueces federales de la provincia de Buenos Aires (Villena y Armella). También trabajan en esos casos cuatro fiscales federales (Stornelli, Picardi, Incardona y Taiano). Sin embargo, la conclusión más evidente, después de conocer las cifras que se manejan, es que el caso de la venta de dólares baratos para que algunos construyan una fortuna con la rapidez de un pase de magia es el hecho más relevante que investiga la Justicia. Massa ya había sido denunciado por el exjefe de Gabinete Guillermo Francos de maniobras indecentes con las autorizaciones a empresas para importar esenciales insumos cuando existía el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA); ahora se le agregan las actuales investigaciones que comprometen su gestión al frente de la cartera económica, aunque su nombre no apareció todavía en los expedientes de la Justicia. Pero, ¿podría haber existido semejante maniobra multimillonaria en dólares sin la aprobación de las principales autoridades políticas cuando la compra de dólares estaba prohibida? ¿Podría hablarse de un delito que significó ganancias ilícitas por más de 1500 millones de dólares con gobernantes honestos? Esas son las preguntas que jueces y fiscales se hacen ahora. Tienen las respuestas, pero buscan las necesarias pruebas para demostrar que tales revelaciones encierran la definitiva verdad.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/
