Por Joaquín Morales Solá.- Las palabras violentas no vienen solas ni son inofensivas. Después de ellas suceden, invariables, los hechos violentos. El país vive un momento violento, sobre todo porque el Presidente tiene un estilo y un lenguaje que oscilan entre la furia y el odio. La “casta inmunda” que trabaja en el Congreso, ese “nido de ratas”, como Javier Milei calificó en días recientes a los legisladores, es el mismo poder que en la semana que se inicia debería aprobar en el Senado la Ley Bases, fundamental para el proyecto presidencial. Tal vez sea fundamental ya solo como un hecho simbólico, como un mensaje de que el frágil gobierno de Milei puede aprobar una ley en el Congreso, después de seis meses de gobierno sin leyes sancionadas por el Congreso. ¿Podrá? Los legisladores son seres humanos, además de personas políticas e ideológicas, y reaccionan como cualquier mortal ante el mal trato. El Presidente cae en sus propias trampas. Algo (o mucho) debió hacer mal la administración mileísta para que en un día ingrato de la semana que pasó toda la oposición se juntara en el Congreso para lograr el quorum, número que alcanzó sobradamente, y para aprobar luego una nueva fórmula de actualización previsional. “Degenerados fiscales”, les zampó el Presidente en el acto. Al día siguiente, un funcionario oficial lo llamó a un destacado legislador para decirle que “Javier es así” y que tratara de “no tener en cuenta sus arrebatos”. El argumento de que el Presidente es así se está agotando. Los presidentes, cada uno con su estilo, tienen que ser como deben ser, no como se les ocurre ser.
La violencia verbal no se agota en el jefe del Estado. Basta ver los videos del dirigente social Juan Grabois en una audiencia judicial con la Cámara Federal Penal, instancia que debía resolver sobre el escándalo de los alimentos por vencer guardados en depósitos oficiales, para comprobar que el mal trato convirtió en víctimas hasta tres jueces de una de las más altas instancias de la Justicia. Grabois les habló con grosería e insolencia a esos magistrados (Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico), pero poco después avanzó aún más con sus pésimos modos frente a una mujer, la abogada del Gobierno Leila Gianni, a la que acusó a los gritos de haber sido cristinista, albertista, macrista y mileísta. El transfuguismo político no es de nadie en particular; es un (mal) hábito de la política actual. La violencia física estuvo muy cerca si se miran bien las imágenes de televisión que registraron el brutal encuentro entre Grabois y Gianni. Extrañamente, ninguna dirigente de los colectivos feministas denunció ese mal trato de Grabois a una mujer.
El maltrato de Grabois a una mujer no existe para los colectivos feministas
Las imposturas del Presidente no justifican la irresponsabilidad institucional de sus opositores. Según un estudio de Orlando Ferreres y Fausto Spotorno, la decisión de la mayoría de la Cámara de Diputados sobre las jubilaciones significará para el Estado, si finalmente se concretara, una erogación de unos 2000 millones de dólares. Casi toda la recaudación prevista en el paquete fiscal de la Ley Bases. Ese proyecto de Diputados será aprobado por el Senado y previsiblemente será luego vetado por el Presidente. En principio, el Congreso tiene los dos tercios de cada cámara para insistir con esa ley. Si consiguiera esa mayoría especial, la iniciativa será ley a pesar del veto presidencial. Deben consignarse también los serios errores políticos del Gobierno que hicieron posible una modificación fundamental del poder en el Congreso. Un kirchnerismo solo y aislado se convirtió de pronto en protagonista principal de una triunfante sublevación parlamentaria. Se necesitan mucha distracción y demasiadas equivocaciones para hacer del perdidoso kirchnerismo una fuerza vencedora. Una anécdota circula por los pasillos parlamentarios: los acuerdos que alcanzan importantes funcionarios del Gobierno con legisladores dialoguistas son prolijamente destruidos al día siguiente por el Presidente. Otra vez la misma explicación: es así. Milei prefiere a veces preservar el marketing de la pelea con la casta; otra veces, elige el pragmatismo, aunque ni sus funcionarios saben cuánto durará ese paréntesis en su combate perpetuo con el resto del mundo.
Nadie discute, desde ya, que los jubilados han sido víctimas de todos los ajustes y, sobre todo, de los gobiernos kirchneristas porque esta corriente política gobernó 16 años de los últimos 20. ¿Por qué los diputados no especificaron en la misma resolución que dispuso aumentos a los jubilados de dónde saldrían esos recursos? Había varias alternativas. ¿Ejemplos? Aumentar el impuesto al juego; eliminar las excepciones impositivas a pequeños grupos de empresarios que se benefician en Tierra del Fuego o subir el canon de las pocas empresas que durante décadas hicieron millonarios negocios con la riqueza pesquera de todos los argentinos. El Gobierno viene diciendo que a los empresarios de Tierra del Fuego o a los dueños de compañías pesqueras los protege el principio de los derechos adquiridos. Impecable. Pero ¿y los derechos adquiridos de los jubilados? Cada gobierno que existió desde la estatización de las AFJP cambió la fórmula de actualización previsional. Nadie reparó nunca en los derechos adquiridos de los jubilados, salvo la Corte Suprema de Justicia, que dictó varias resoluciones en ese sentido, pero ni Cristina Kirchner ni Alberto Fernández convirtieron en ley esa jurisprudencia. Al parecer, los derechos adquiridos son un principio jurídico de aplicación opcional para el Estado argentino.
Otra vez, la Corte Suprema fue el jueves pasado la única instancia institucional del país que aplicó una dosis de sentido común a la administración de las cuestiones públicas. Lo hizo cuando decidió que el “rey del tabaco”, Pablo Otero, pagara impuestos que debía desde 2018 y que evadió con la complicidad de varios jueces y de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo. Cómo no imaginar por qué los jubilados son las eternas víctimas de los ajustes. De hecho, la Corte suspendió la ejecución de la sentencia de esa Cámara que habilitaba a Otero a no pagar el impuesto interno al tabaco. Otero aceptó públicamente que factura más de 800 millones de dólares anuales vendiendo cigarrillos mucho más baratos que el resto de las empresas tabacaleras que pagan los impuestos. La corriente impositiva predominante en el mundo consiste en aplicarles altísimos impuestos a los cigarrillos para desalentar su consumo. Solo algunos jueces argentinos de instancias inferiores no se enteraron de esa información pública. ¿Ignorancia? ¿Complicidad? Sería muy raro que solo la ignorancia haya impulsado decisiones judiciales que le permitieron a un mendigo convertirse en príncipe en poco tiempo. Por eso, la decisión de los jueces de la Corte es también –y sobre todo– un mensaje claro para los jueces de abajo: o deciden con honestidad personal e intelectual o serán corregidos públicamente por la instancia más alta de la Justicia. Según distintos cálculos de funcionarios de la AFIP, la deuda de Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, oscila entre los 400 y los 1000 millones de dólares. La complicidad de los jueces de instancias inferiores podría permitirle a Otero no pagar los intereses de la deuda con el argumento de que no amortizó ese impuesto en tiempo y forma porque lo autorizaban medidas cautelares de la Justicia. Hasta ese extremo llegan las consecuencias de la complicidad judicial.
La política (y hasta una parte del periodismo) no se salva de la demagogia. Fue demagógica la iniciativa de Milei de derogar la jubilación especial que cobran los expresidentes de la Nación. En todo el mundo serio, los expresidentes cobran una jubilación de acuerdo con la función que cumplieron. En Uruguay, por caso, los expresidentes perciben como jubilación el mismo salario que cobra el presidente en ejercicio, aunque no cuentan, desde ya, con los demás beneficios (casa, comida, servicio doméstico, auto y chofer) que tiene el jefe de Estado en funciones. En Estados Unidos y en Francia, entre otros países, existen también regímenes que les permiten a los expresidentes no tener que imaginar cómo se ganarán la vida después de ser presidentes. La ley se elabora, además, con la idea de que los beneficiarios serán personas honestas. La Justicia debe resolver luego si lo fueron o no lo fueron. Está aquí el caso excepcional de Cristina Kirchner, que cobra su jubilación y la pensión de su marido; ambas asignaciones suman una cifra monumental. Existen dos resoluciones. Una de Mauricio Macri, que le negó el cobro de las dos jubilaciones; la otra es –cómo no– de Alberto Fernández, que permitió ese despilfarro del Estado. Esta última es la que está vigente. Milei debería recurrir a la Justicia para que esta establezca si es justo o no que una persona perciba dos jubilaciones de millonarios montos en un país con jubilaciones exiguas. Milei decidió, en cambio, reconocerle de inmediato a Cristina Kirchner sus derechos adquiridos. La única jubilada que goza de un principio olvidado en un país abocado al olvido.
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