Consideraciones sobre el proyecto de ley promovido por el Ejecutivo que permite ingresar divisas no declaradas al circuito formal.
El gobierno argentino propone una nueva instancia de blanqueo de capitales, con alguna resistencia de la oposición y el acostumbrado rápido alineamiento del oficialismo, que no cuestiona los alcances ni evalúa las consecuencias. No es la primera vez que se propone una regularización de activos ya sea en nuestro país o en otros con economías más desarrolladas, aunque definitivamente puede decirse que esta iniciativa presenta características que la tornan, sin ningún lugar a dudas, única.
En primer lugar, a nadie escapa la cercanía con el anterior blanqueo de 2009 que se anunció como la última instancia para regularizar activos no declarados frente al fisco. El “por última vez” de 2009 vuelve ahora como una nueva oportunidad brindada por el mismo gobierno, luego de sólo cuatro años y sin que mediara guerra o crisis mundial que la justificara.
Es singular y llamativo el hecho de que en su texto se aclare que el Poder Ejecutivo podrá prorrogar su vigencia de manera indefinida, lo que podría configurar algo así como el paraíso de los paraísos fiscales. Respecto de los objetivos cuantitativos del blanqueo, los encargados de comunicarlo y defenderlo frente a las comisiones del Senado no supieron definir ni siquiera un entorno de cifra objetivo que permitiera evaluar el éxito de la medida. Tampoco es clara la operatoria, dado que los activos monetarios blanqueados no se conservarán en su moneda de origen sino que se los cambiará por los llamados Cedines, que luego el gobierno canjearía por dólares billete al último portador. En la exposición en el Senado, la titular del Banco Central delineó un concepto que ya pasa a integrar, y en un lugar destacado, nuestro nutrido compendio de desafortunados mensajes económicos: “Todo aquel que deposite dólares recibirá… moneda extranjera”.
El proceso que media entre el ingreso de los dólares al circuito formal y el momento en que el portador final de Cedines intente recuperar su valor en “moneda extranjera” es de una incertidumbre total. Ninguna precisión hay sobre el valor en pesos asignado a este instrumento, aunque nada haría pensar que fuera el tipo de cambio oficial si en definitiva el portador puede hacerse de billetes al final del proceso, pese a que no hay otra cotización en la cual basar una transacción legal que no sea la tasa de cambio del Banco Nación. De igual modo queda en una nebulosa, siendo uno de los objetivos planteados el de incentivar el mercado inmobiliario y la construcción, la forma en que van a operar los Cedines para pagar materiales o un inmueble que tenga un valor inferior al blanqueado. ¿Será posible que el mismo que realizó el blanqueo pueda canjear posteriormente los Cedines remanentes por dólares billete?
Más incierto y preocupante aún es el futuro de otro instrumento propuesto, el Bade, un bono en dólares que premiaría con una tasa de interés del 4% anual el atesoramiento de los dólares blanqueados que se destinarían a solventar inversiones en el área de energía. Entendemos que no vale la pena ni el mínimo análisis desde un punto de vista ético de una propuesta como ésta en momentos en que el ciudadano común no puede comprar ni un solo dólar para ahorro, pese a contar con ingresos declarados y honestamente ganados en base a su trabajo y esfuerzo personal. Estamos viviendo en una incertidumbre total y absoluta que no puede tener otro resultado que aumentar aún más la inseguridad para el desarrollo de negocios en la Argentina. La perspectiva de una potencial emisión descontrolada de ambos títulos y la posible inundación de esos papeles en el mercado secundario de divisas no hace más que agregar incertidumbre y perplejidad.
Otro gran elemento que distingue este blanqueo es la oportunidad. Son conocidas las trabas que el Gobierno impone al mercado cambiario. Por ejemplo, no está permitido resguardar ahorros en otra moneda que no sea el peso argentino, tampoco se pueden comprar dólares en el mercado legal para viajes al exterior, y las compras de artículos en dólares con tarjeta de crédito tienen un recargo compensable con el pago de impuesto a las ganancias o a los bienes personales, reclamo que el común de la gente prefiere no realizar para no convertir un trámite ya complejo en uno imposible y acaso persecutorio. Estas restricciones no estaban presentes en 2009, con lo cual aquel que tuviera dólares en el exterior o en el país podía ingresarlos y tenerlos declarados en una cuenta en un banco argentino expresada en dólares. Con esas condiciones favorables y una imagen pública menos deteriorada, el gobierno logró sumar al sistema de blanqueo 4.000 millones de dólares, de los cuales sólo unos 600 millones ingresaron al país. El 85% de lo regularizado permaneció como activos de distinto tipo en el exterior, ya sean dólares en cuentas bancarias o inmuebles que anteriormente no estaban declarados. Nada hace prever entonces, dadas las actuales condiciones de restricción para tener ahorros en la denominación que a uno más le plazca, que una persona física con ahorros propios no declarados se suscriba al blanqueo convirtiéndolos en títulos que el gobierno canjearía por “moneda extranjera” a futuro. No responde a lógica pensar que los dólares que no ingresaron en 2009 se traerán ahora para convertirlos en títulos bajo una operatoria incierta. Es seguro que los 200 mil millones de dólares que según el viceministro de Economía acumulan los argentinos tanto aquí como en el exterior no van a venir, ni alcanzarán tampoco siquiera los 600 millones de 2009.
Si los activos no declarados de argentinos no ingresaran en esta propuesta del gobierno, o imaginando que sólo una porción muy insignificante lo hiciera, entonces ¿cuál puede ser el origen de los fondos esperados? Pregunta relevante luego de haber retirado la firma brasileña Vale un proyecto de inversión de 6.000 millones de dólares precisamente por la falta de posibilidad de convertir a dólares las ganancias derivadas de esa inversión y tener que cambiar a una tasa oficial el dinero ingresado para comprar materiales y pagar a proveedores. ¿No hubiera sido más sencillo y claro darle las mismas facilidades que se otorga en cualquier economía lógica a capitales productivos y de origen cierto, permitiéndole llevar adelante un proyecto minero de envergadura, empleando mano de obra por miles y reactivando una región del país? ¿No aportaría más a un modelo económico basado en el crecimiento el permitir el ingreso de dólares para desarrollos productivos y que cuando tuvieran sus merecidas ganancias pudieran ser convertidas en “moneda extranjera”, como gusta decir la presidenta del Banco Central?
No puede dejar de pensarse que será dinero proveniente de negocios dudosos el atraído por una propuesta de este tipo, ni siquiera dinero especulativo o el tan temido dinero golondrina. Todo lleva a pensar que se tratará de dinero negro, acaso muy negro, aquel que no tiene nada que perder y que siempre puede ganar, aún dentro de las condiciones de mayor incertidumbre. El titular de la AFIP se esforzó por mostrar una gran convicción frente a periodistas, senadores y público en general asegurando que el organismo a su cargo va a hacer su mejor esfuerzo para impedir que dinero proveniente de negocios ilegales ingrese en este blanqueo. Llama la atención que lo haga en momentos en que simultáneamente ocurren dos hechos que lo tocan de cerca. Por un lado, la autoincriminación de una firma de indumentaria extranjera ante la Comisión de Valores Norteamericana (SEC) de haber pagado sobornos en la aduana para ingresar artículos importados retenidos. La reacción del titular de la AFIP, quien en el momento de los sobornos estaba al frente de la Aduana, fue suspender con celeridad el CUIT de dos ex directivos de la firma y de dos de sus despachantes. Ningún funcionario público recibió hasta el momento castigo ni se sabe del inicio del mínimo proceso de investigación. El otro hecho es la denuncia periodística de una trama compleja y elaborada de envío de dinero negro al exterior, con tránsito en paraísos fiscales y destino final en Suiza. En uno de los tramos de la investigación se informó sobre la titularidad de una cuenta de uno de los hijos del dueño de un conglomerado de empresas contratistas del Estado, sospechado de negociados con obras públicas. El mismo banco suizo canceló preventivamente la cuenta y el ministerio de Justicia de ese país se interiorizó para iniciar una causa. No se sabe que la AFIP haya suspendido el CUIT de ningún integrante de la familia controlante del grupo, ni iniciado una investigación para aportar claridad al tema. ¿Qué hace suponer entonces que la AFIP pueda dar mejores resultados en su investigación sobre el origen del dinero que ingresará al blanqueo cuando no atina a tomar la mínima iniciativa en casos en los que se dieron a conocer pruebas contundentes de movimientos altamente sospechosos de dinero mal habido?
En definitiva, el mismo gobierno que se vanagloria de haber enfrentado de pie a los organismos financieros internacionales en pos de defender nuestra “soberanía en materia monetaria” se pone de rodillas ante vaya uno a saber qué inciertos grupos de oscuro poder económico con el fin de que dólares de cualquier origen tapen las falencias de su gestión económica. Es lamentable que en lugar de tener los mejores socios internacionales, de los cuales enorgullecernos, corramos el riesgo de ser socios de la corrupción y del dinero más sucio del mundo.
Fuente: revista Criterio (Buenos Aires),
