Por Joaquín Morales Solá.- Los arrastran la ideología y los resabios de sus falsas historias. Terminarán en una memorable derrota en la Patagonia y, lo que es peor, en el abandono de una parte del territorio nacional soberano. La foto de la situación internacional del país, absolutamente aislado y cercano a los regímenes déspotas de América Latina, se reproduce en el interior con la indiferencia frente al foquismo de grupos insurgentes en el sur. El Presidente y su ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, olvidaron la misión principal de un Estado, que es la de preservar la paz social. “No quieren correr el riesgo de tener su propio Santiago Maldonado”, explica un funcionario con acceso al Presidente. A Maldonado no lo mató nadie; murió ahogado cuando se metió en un río sin saber nadar, según la conclusión de la autopsia, de la que participaron peritos de todas las partes. Pero el caso Maldonado fue levantado como una bandera por el kirchnerismo para denunciar al “gobierno criminal” de Macri. “Puede haber otro ahogado, y no quieren que las fuerzas federales estén cerca”, concluye aquel funcionario. Esto explica las increíbles respuestas de Alberto y Aníbal Fernández al desesperado pedido de ayuda de tropas federales por parte de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, ante la violenta irrupción de quienes se declaran representantes de la comunidad mapuche. Lo que hacen estos grupos es terrorismo, si se entiende a este como la práctica de expandir el terror entre ciudadanos pacíficos. Un vasto temor es fácilmente perceptible en la inmensa Patagonia.
La RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) tomó tierras de Villa Mascardi; incendió instalaciones que tiene ahí el Obispado de San Isidro y una iglesia en El Bolsón; agredió físicamente y persiguió a algunos pobladores; quemó un campamento de Vialidad Provincial cerca de Bariloche, y le prendió fuego al Club Andino de El Bolsón. Son solo algunas de las últimas acciones violentas que comenzaron hace unos siete años con la quema de un hermoso refugio llamado “Niemeyer” en homenaje al arquitecto brasileño que lo proyectó. Oscar Niemeyer hizo ese proyecto en recuerdo del arquitecto argentino Alejandro Bustillo. Cuando la gobernadora Carreras pidió el auxilio de las tropas federales, Aníbal Fernández le contestó en público con una patoteada propia de él: “No, señora, usted no puede exigir nada”. Un ministro serio de Seguridad hubiera tomado en el acto el teléfono para coordinar con la gobernadora la acción de las fuerzas nacionales y provinciales. Están comprometidas rutas nacionales que se encuentran bajo la jurisdicción del gobierno federal. Sucedió algo peor: el Presidente le envió una carta a Carreras sosteniendo que “no es función del gobierno nacional brindar mayor seguridad a la región”. ¿Cuál es, entonces, la función del gobierno nacional cuando están en peligro la paz social y la soberanía nacional? ¿Dónde quedó archivada la promesa del “Estado presente”? ¿O la presencia del Estado solo sirve para hacer clientelismo en tiempos electorales? No obstante, Alberto Fernández le adelantó a la mandataria que le mandaría tropas federales solo para patrullar. La RAM quedó notificada: la Gendarmería y la Prefectura serán solo espectadoras del conflicto si este escalara.
El líder de la RAM, Facundo Jones Huala, cumple nueve años de prisión en Chile por el incendio de una propiedad privada. Huala nació en la Argentina, pero aquí dice que no es argentino, sino mapuche. En Chile, en cambio, se identificó como argentino y reclamó la asistencia consular del gobierno argentino. Tiene razón el embajador en Chile, Rafael Bielsa, cuando asegura que la Convención de Viena obliga a los gobiernos a la asistencia consular de los connacionales presos en otros países. Bielsa desmintió que él haya pedido la excarcelación de Huala durante el juicio al dirigente mapuche. La aclaración fue oportuna, porque esa era la parte que realmente se le cuestionaba. La única pregunta que debe hacerse es si correspondía que estuviera el embajador, que representa al presidente de la Nación, o si bastaba con la asistencia de un cónsul. El conflicto lo plantea el propio Huala porque aquí dice que es mapuche, no argentino, y en Chile asegura que es argentino. ¿Qué es, entonces? ¿O es otra cosa en todas partes?
Aníbal Fernández le recomendó a la gobernadora Carreras que iniciara un diálogo con las comunidades indígenas para establecer protocolos de convivencia, como sucede en Chile o en los Estados Unidos. Se ve que Aníbal nunca salió de Quilmes. La Constitución argentina reconoce la existencia de los llamados pueblos originarios y les concede derechos. En la Patagonia hay zonas protegidas y escuelas donde viven y estudian las comunidades indígenas; son lugares en los que todos deben respetar la cultura y las tradiciones indígenas. En 2006, el Congreso sancionó una ley con nuevos derechos para esas comunidades. Aníbal Fernández recomienda hacer lo que ya está hecho. A todo esto, renombrados historiadores patagónicos sostienen que los mapuches son tribus chilenas que aniquilaron a los verdaderos pueblos originarios patagónicos, que eran los tehuelches.
Después del incendio del campamento de Vialidad, la RAM difundió un documento en el que calificó ese hecho como una “acción militar” con el objetivo de establecer un Estado mapuche. El consejo de Aníbal es, además, de una conmovedora ingenuidad. Exdirigentes montoneros están cerca del movimiento mapuche, que tiene entre sus seguidores y adherentes a muchos que carecen de antecedentes indígenas. El propio Maldonado, cuya muerte fue una tragedia, como es la muerte de cualquier persona joven, ayudaba a los mapuches en sus actos de rebeldía, pero no tenía origen indígena. Hasta la Justicia patagónica tiene miedo. Esto lo supo la fiscal Sylvia Little cuando los jueces liberaron a una tía de Huala, y esta agredió verbal y físicamente a la fiscal. Little renunció porque percibía que no tenía respaldo, pero el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, a quien el kirchnerismo quiere destituir, nombró a cuatro fiscales para que ayuden a Little. Little retiró la renuncia.
En la Patagonia, el sentimiento de soberanía es muy grande entre la gente común. Es un territorio demasiado grande muy poco poblado, y que tiene proyección sobre la Antártida. Subestimar la acción violenta de los que pretenden crear allí un Estado soberano es un suicidio político. Otra consecuencia será la distancia que seguramente tomará de Cristina Kirchner el senador nacional Alberto Weretilneck, jefe político de la coalición provincial que gobierna Río Negro con Carreras. El voto o la presencia de Weretilneck, que era un aliado frecuente del cristinismo, será clave en el Senado para que Cristina Kirchner obtenga la mayoría simple en caso de que el 14 de noviembre se reedite la derrota del 12 de septiembre.
Los derrapes de ambos Fernández sucedieron en la misma semana que el embajador cristinista en la OEA, Carlos Raimundi, se abstuvo de votar una resolución que pedía la liberación de los presos políticos en Nicaragua. El 7 de noviembre se celebrarán elecciones presidenciales en ese país centroamericano. Todos los candidatos opositores que deberían competir con el tirano Daniel Ortega están presos. La OEA no pidió la destitución de Ortega ni condenó a su dictadura; solo reclamó la liberación de los presos políticos. Derechos humanos básicos. La postura a favor de hacerle el reclamo a Ortega tuvo 26 votos; la Argentina quedó entre los escasos siete países que se abstuvieron. Aislada. Dicen que Raimundi sobreactúa la genuflexión ante Cristina Kirchner porque esta lo considera a Ortega un violador de mujeres. Es cierto: la hija de la esposa de Ortega, la todopoderosa Rosario Murillo, lo acusó de haberla violado cuando era niña. La mujer violada debió exiliarse en Costa Rica.
Pero ¿es verdad que Cristina piensa distinto de Raimundi? Raro. No es la primera vez que Raimundi se lava las manos frente a la tragedia política de Nicaragua. Ni el respaldo a la satrapía de Ortega es el único apoyo del gobierno kirchnerista a déspotas, violentos y delirantes.
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