El Congreso abandonó ayer de hecho la escena. Boicoteado el quórum en el Senado y cuestionada por la Justicia la principal decisión que iba a tomar la Cámara de Diputados, la nación política se metió de lleno en un empate tan infernal como interminable. Pero esa igualdad es sólo aparente: un Congreso irresoluto no deja de ser una buena novedad para el kirchnerismo. El argumento de la razón de Estado le sigue sirviendo a la Casa Rosada para gobernar un país en estado de permanente excepción. «Las decisiones de un gobierno no pueden esperar que el Congreso y la Justicia se pongan de acuerdo», disparó al final de la agitada tarde de ayer un oficialista, marcando con cierto cinismo sus palabras y sus gestos.
El Senado debería resolver el conflicto del quórum o se convertirá en una cámara muerta. La oposición lo paralizó durante la semana anterior; el oficialismo hizo lo mismo en la semana que transcurre. El problema del Senado es más grave que el Senado mismo; su ausencia terminará por inmovilizar todo el Congreso. Cualquier decisión del Poder Legislativo debe ser aprobada por ambas cámaras del Congreso.
La Cámara de Diputados tiene, a su vez, una mayoría opositora más contundente, pero sometida claramente en su interior a la disparidad ideológica, a la competencia personal y a la propia carrera presidencial desatada con miras al año próximo. Un juez, Enrique Lavié Pico, decidió ayer, además, hacer lo que los jueces nunca hacen: incursionar en los conflictos internos de otros poderes. Los jueces están habilitados para juzgar la constitucionalidad o la procedencia de las decisiones del Ejecutivo y del Legislativo, pero siempre se han apartado de las disputas puramente internas de otros poderes.
Lavié Pico había sido públicamente amenazado por el jefe de la bancada de senadores oficialistas, Miguel Pichetto; éste dijo que lo llevaría a un juicio político por no haber aceptado la recusación que se le hizo a otro juez, Ernesto Marinelli, fuertemente cuestionado por la presidenta Cristina Kirchner. Una cámara judicial con influencia del infaltable Javier Fernández puso al final la decisión en Lavié Pico. Todos esos jueces tuvieron en sus manos un expediente extraño: el bloque de senadores kirchneristas cuestionó ante la Justicia la integración de la comisión bicameral de seguimiento de los decretos de necesidad y urgencia.
Esa fue la confesión más implícita que se pueda hacer de impotencia por parte de la política. ¿Por qué los jueces deberían arbitrar en la distribución de poder dentro del Congreso? ¿No pueden los políticos resolver ese diferendo tan escueto? La negociación está fuera de juego en el Congreso. En los últimos tiempos se ha producido una radicalización de las voces más negociadoras del oficialismo. Ni Pichetto ni Agustín Rossi, el jefe de los diputados oficialistas, tienen ya ese viejo talante para aceptar en privado lo que negaban en público. Han dejado de ser también los antiguos y amables interlocutores de la oposición.
La decisión de Lavié Pico inhabilitó la probable decisión de la Cámara baja, que se disponía a declarar la nulidad absoluta del último decreto de necesidad y urgencia de Cristina Kirchner sobre las reservas. La trabajosa sesión de ayer de la Cámara de Diputados (labrada con orfebrería por la disímil oposición) se transformó en papel mojado cuando el juez cuestionó la integración de la comisión bicameral, cuyo dictamen había dado sostén a esa sesión.
¿Apelará la oposición esa decisión de Lavié Pico aun con el riesgo de extender la virtual colisión de poderes que ya existe? ¿O, en cambio, la aceptará y deberá resignarse a otra paridad en la comisión bicameral (ocho oficialistas contra ocho opositores), lo que colocaría sus decisiones en el permanente desempate de su presidente? Si el Congreso se viera condenado a no poder opinar sobre decisiones tan cruciales como los DNU, entonces su propia razón de existir estará en discusión.
El Senado se convierte en hemipléjico cuando el oficialismo o la oposición pueden perder. Y alguno deberá perder siempre, en una permanente alternancia. El problema de los senadores opositores son las deserciones explícitas o implícitas que los aquejan con demasiada frecuencia.
* * *
Ayer, el oficialismo no dio el quórum necesario porque iba a perder la crucial votación por la coparticipación del impuesto al cheque. Dos senadores kirchneristas (presuntamente el jujeño Guillermo Jenefes y el chubutense Alejandro Guinle) y dos senadores por Tierra del Fuego, aliados permanentes del oficialismo, habían adelantado su voto a favor de una nuevo régimen para coparticipar ese impuesto. «Si la oposición pone el quórum, nosotros votaremos con la oposición», advirtieron. Esa nueva coparticipación es demasiada sensible para las provincias y para el capital político de los senadores.
La oposición no puso el quórum porque faltó Carlos Menem, que siempre se las ingenia para estar ausente cuando debe estar presente. «No esperaremos más a Menem», estalló ayer un referente de la oposición. Los senadores opositores tampoco quieren pagar el precio popular de quitarle quórum a la Cámara. Desde ahora, dicen, irán a las sesiones a ganar o morir en el recinto. Lo que los opositores hicieron la semana anterior (cuando dejaron también sin quórum al cuerpo) fue algo más que impopular: se restaron ellos mismos autoridad moral para reclamarle al oficialismo que se presente en las sesiones en las que debe perder.
Para ser justos, Menem no es el único problema de la oposición. Cuando Menem está presente, son Roxana Latorre o María Bongiorno las que se cruzan campantes de la oposición al oficialismo. Y siempre le quedará al Gobierno Carlos Verna, que es más sutil y menos rústico que aquellos para hacer favores oportunos. Cuando una Cámara resuelve algo, la otra Cámara se queda sin quórum o sin mayoría manifiesta. Esa es la realidad de los últimos 17 días, agravada en las horas recientes.
Hay un empate y no hay árbitros. Hay un gobierno con características excepcionales en los hechos concretos y visibles. El Congreso está a un paso de cerrar sus puertas por exceso de acción y por carencia absoluta de ejecución.
El gobierno de los Kirchner cuenta, mientras todo eso se abate sobre sus adversarios, con los recursos financieros para mover y remover la política; con el derecho que tiene todo Ejecutivo para firmar decretos, resoluciones o vetos a las decisiones parlamentarias, y con la monumental información que le proporciona el espionaje oficial. No son pocas vituallas para cruzar el desierto.
Fuente: Joaquín Morales Solá en diario La Nación, Buenos Aires,
18 de marzo de 2010.
