Por Joaquín Morales Solá.- Si finalmente el Senado sesionara este miércoles, es probable que la Ley Bases sea aprobada por ese cuerpo, según aseveran los senadores más veteranos. La renuencia de dos senadores santacruceños les agrega más dramatismo a horas dramáticas para la política argentina. La suerte de Milei vacila –y vacilará– con el decurso de las horas. Aquellas versiones sobre una segura aprobación de la Ley Bases descartan la sanción en general (se le sumaría el voto del senador bonaerense por el radicalismo Maximiliano Abad, que habían puesto en duda), aunque en el recinto se podrían plantear reformas a algunos artículos. No existe nadie que por ahora esté en condiciones de precisar si esas modificaciones serán aprobadas –o no–, pero se supone que las planteará sobre todo Martín Lousteau. Este, que funge como presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, presentó un dictamen propio sobre la Ley Bases. Si bien lo firmó solo, podría tener el acompañamiento del kirchnerismo en el recinto; los seguidores de Cristina Kirchner (y el peronismo en general) solo se proponen bloquear la gestión de Javier Milei, según la versión de quienes los escuchan en el Congreso. El resultado de la votación en el Senado será uno de los momentos más cruciales de la gestión del Presidente, porque un eventual fracaso podría colocar a él, al país y a su sociedad en una situación de crisis política, económica y social de consecuencias imprevisibles. La Ley Bases pasó de un proyecto original de más de 600 artículos, que es la cantidad que tenía en enero pasado, a los 238 actuales, luego de largas y fatigosas negociaciones en la Cámara de Diputados, primero, y en el Senado, después.
El proyecto llegará este miércoles al recinto senatorial luego de que la Cámara alta le hiciera nuevas modificaciones al proyecto que fue aprobado por la Cámara de Diputados. Si se mira bien todo el trayecto de ese proyecto, debe convenirse en que el gobierno de Milei negoció e hizo más concesiones que las que se podían suponer de antemano y que las que dejaba entrever su verbo siempre exasperado. El arquitecto de la interminable negociación fue el actual jefe de Gabinete, Guillermo Francos, antes ministro del Interior, cuya predisposición a negociar es reconocida por las distintas fuerzas con representación parlamentaria, salvo, desde ya, por el peronismo y su versión más rencorosa, el kirchnerismo. Un trámite tan extenso, y con tantas variaciones, es otra razón que convierte en capital la votación. Los senadores deberían reflexionar antes de votar. ¿Es conveniente dejar a un gobierno de apenas seis meses sin los instrumentos necesarios para gobernar? ¿Cómo imaginan que Milei seguiría gobernando después si fracasara una ley con los lineamientos básicos de su administración? La aprobación de ese proyecto es necesaria no solo por lo que dice, sino también como un acto simbólico de que el Congreso está dispuesto a darle a Milei los instrumentos necesarios para la gobernabilidad, a pesar de la debilidad parlamentaria del jefe del Estado.
Los artículos cuya modificación seguramente pedirá Lousteau serán el que dispone el llamado RIGI, que es el régimen especial para grandes inversiones; el que aprueba un nuevo blanqueo de capitales que promueve el Gobierno; el que decide la privatización de las empresas públicas (sobre todo para evitar la de Aerolíneas Argentinas, un tótem argentino), y el referido a la delegación de facultades del Poder Legislativo al Ejecutivo, que los opositores quieren mucho más acotada. Esas modificaciones figuraban en el dictamen propio de Lousteau. Corresponde consignar que ese dictamen, que no tiene la indispensable aprobación de comisión, no podrá tratarse este miércoles, aunque el peronismo y el kirchnerismo, que no hicieron ningún dictamen, se abrazaran a él. La aclaración viene a cuento porque algunos senadores cercanos a Milei advirtieron de que podía darse en el recinto una alianza explícita (ya existe de hecho) entre Lousteau y el kirchnerismo para aprobar el dictamen del exministro de Economía. Eso no es posible en el Senado. Lousteau podrá, sí, plantear modificaciones a algunos artículos cuando el proyecto se trate en particular, artículo por artículo, luego de su aprobación en general.
Luis Juez, presidente del bloque se senadores de Pro, que logró enhebrar una buena relación personal con Milei, suele decir que el peronismo actual está obsesionado con terminar cuanto antes la experiencia gobernante del mandatario libertario. La actitud del peronismo es previsible. Fue así con Mauricio Macri; es así con Milei. Llama la atención, sin embargo, la actitud del presidente del radicalismo, Lousteau, porque es el primer jefe de ese partido que actúa solo y muchas veces en contra de las posiciones de los gobernadores, senadores y diputados radicales. Lousteau sentado en la cabecera del Comité Nacional del radicalismo es casi oxímoron. Fue ministro en la presidencia de Cristina Kirchner y en la gobernación de Felipe Solá, y autor en 2008 de la resolución 125, sobre las retenciones a la soja, que descerrajo la guerra del kirchnerismo contra el campo. El radicalismo es el partido mejor organizado del país, con una estructura que abarca desde el extremo norte hasta el extremo sur de la Argentina. Al revés del peronismo, que siempre consideró a su partido una mera herramienta electoral, el radicalismo hizo de su organización política una catedral donde celebrar la liturgia partidaria. Si bien existieron siempre corrientes internas distintas, la disciplina con respecto de la decisión mayoritaria de su conducción era un hecho casi sagrado. En el radicalismo es (¿era?) muy importante el pasado radical de sus dirigentes y hasta sus antecedentes familiares dentro de ese partido. ¿Qué sucedió para que accediera al cargo más decisivo del radicalismo alguien sin pasado radical y con históricas cercanías con el peronismo? Lo aupó una alianza del eterno operador político Enrique Nosiglia; de su vicario en la Capital, donde ese partido perdió todo lo que tenía como fuerza política, Emiliano Yacobitti, actual vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, y de Gerardo Morales, exgobernador de Jujuy y antecesor de Lousteau en la conducción partidaria. Esa endeble coalición, que siempre careció de votos en el país, logró una conducción partidaria sin conexión con la estructura nacional del radicalismo. Los gobernadores radicales pidieron el apoyo a la Ley Bases de los senadores de ese partido. Solo puso en discusión su firma el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien llegó al cargo en coalición con Lousteau, Nosiglia y Yacobitti. Obvio.
Lousteau se cortó solo. Redactó un dictamen de su propia y solitaria autoría. ¿Influyó el tamaño de su ego? Es probable. Peor es todavía cuando dice “los radicales” para referirse a los afiliados de su propio y supuesto partido. Los trata como si fueran seres extraños a él. Y tal vez lo sean. Por eso, resultaría extraño que un dirigente con arraigo en su provincia (nada menos que Buenos Aires) como Maximiliano Abad, a quien muchos le auguran un futuro de gobernador, se plegara a una disidencia radical tan módica. La presencia de Lousteau al frente del radicalismo también es responsabilidad –por qué no decirlo– de la distracción de los gobernadores de ese partido, que nunca tuvieron una buena opinión de él.
Los errores políticos no solo se cometen en la oposición. El ministro de Economía, Luis Caputo, que, como bien lo señaló el abogado Bernardo Saravia Frías, ayudó a eliminar perniciosas supersticiones de la política argentina, como que la emisión no causa inflación o que el Estado debe reemplazar a la inversión privada, también cayó en sus propios traspiés. Ante el periodista Luis Majul, Caputo señaló el domingo pasado que “para gran parte de la oposición, la política no es un servicio público; es un negocio”, y que “ellos quieren manejar el negocio”. Pobre Francos, tanto esfuerzo para que un colega suyo destruya el bazar con una parrafada. No se dicen esas cosas tres días antes de una votación fundamental en el Senado. ¿Prefirió el ministro de Economía quedar bien con el Presidente antes que conseguir la aprobación de una ley capital? Es posible. Caputo es un economista especialista en finanzas, no un político en condiciones de referirse de ese modo a sensibles cuestiones políticas.
Lousteau podría ampliar su distancia con el radicalismo si, como dicen muchos, terminara votando por el acuerdo al juez federal Ariel Lijo como miembro de la Corte Suprema. Aunque no son pocos los que ponen en duda que el oficialismo consiga acuerdo, ya se sabe que hay por lo menos cuatro o cinco senadores radicales que no le darán el acuerdo a Lijo. Algunos dudan de que los senadores de Cristina Kirchner terminen votando por Lijo, un juez al que la expresidenta acusó de filtrar sus conversaciones telefónicas con Oscar Parrilli y que se convirtieron en una ofensiva burla a ella durante varios meses. Parrilli es, precisamente, uno de los senadores que deberían votar el acuerdo del juez que ordenó intervenir sus conversaciones telefónicas. De esas conversaciones salieron sus diálogos con Cristina Kirchner que luego se difundieron públicamente. Los que frecuentan el Senado se sorprendieron porque el mensaje del Poder Ejecutivo con las propuestas de Manuel García-Mansilla y de Lijo parece privilegiar la nominación del respetado académico que es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. En efecto, la propuesta de García-Mansilla lleva el número 30, y la de Lijo el número 31. Si fuera así, García-Mansilla accedería primero a la Corte si lograra el acuerdo del Senado, y Lijo debería esperar la jubilación del juez Juan Carlos Maqueda, que ocurrirá en diciembre. Sin embargo, los senadores aclararon que el cuerpo puede cambiar el orden de precedencia. El problema es más grande. La cosecha de votos para Lijo la hacen el propio Lijo; el actual juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, quien le llevó el nombre del juez federal a Milei, y el operador político todoterreno Guillermo Seita, a quien Luis Juez llama “el paseador de perros” porque trabaja para varios políticos. El Gobierno y Cristina Kirchner han coincidido en una sola cosa: el silencio sobre Lijo. Es la aceptación implícita de que hay cosas que no se pueden defender ni promover ni proteger.
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