“La fuente primaria y más profunda de los males que hoy afligen a la sociedad moderna brota de la negación, del rechazo de una norma universal de rectitud moral, tanto en la vida privada de los individuos como en la vida política” (Pío XII, Summi Pontificatus, nº 20)
Genocidio por decreto
Según reveló Pagina 12 el Ministerio de Salud de la Nación está elaborando una resolución para reglamentar la atención de los abortos “no punibles”. La norma obligaría a las instituciones médicas del sector público, de la seguridad social y de la medicina prepaga. Se permitiría a los profesionales hacer objeción de conciencia, pero toda institución médica tendría que contar con algún profesional que practique abortos. Se ampliarían las causales absolutorias previstas por el Código Penal, con lo que quedaría legalizado el aborto a petición.
El INADI, que preside la abortista María José Lubertino, le había pedido a los ministerios de salud y los poderes legislativos -tanto provinciales como el nacional- la adopción de un “Protocolo para la Atención Sanitaria de Casos de Abortos Legales”. Los primeros en dictar normas al respecto fueron los ministerios de salud de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, y el Concejo Deliberante de Rosario.
La presión del INADI
El 23 de mayo el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, presentó su Recomendación General Nº 2, para la no discriminación en “la atención sanitaria de casos de abortos legales y tratamiento postaborto” (Vid Notivida 445). La Recomendación tiene como anexo una “Propuesta de Protocolo para la Atención sanitaria de casos de abortos legales”, que reinterpreta, tergiversa y amplía las causales absolutorias –no hay abortos legales en nuestro país- contempladas por el Código Penal.
El INADI considera “legal” el aborto cuando el embarazo afecta la salud integral de la mujer, vale decir no sólo cuando pone en riesgo su salud física, sino además cuando pueda perjudicar su salud psíquica o social (por ejemplo cuando la gestante tenga magras condiciones económicas, o el embarazo le provoque depresión, o entorpezca su proyecto de vida) lo que equivale a la legalización irrestricta del aborto.
Fundándose en las consideraciones del Plan Nacional contra la Discriminación (aprobado por Dec. N° 1086/2005 del presidente Kirchner) que “afirma que las altas tasas de muerte por aborto son una expresión lamentable de la discriminación de las mujeres de sectores más pobres” el organismo solicita que los centros de salud públicos, privados y de obras sociales realicen abortos. Recordemos que el mismo Gobierno desmiente con las cifras oficiales “las altas tasas de muerte por aborto” que menciona en el Decreto (Vid Notivida 461).
Los hospitales de Capital Federal, provincia de Buenos Aires y Rosario ya estarían practicando abortos
Los abortos se harían sin intervención de la justicia y sin que trasciendan en los medios, aún cuando la mujer violada no sea discapacitada (Página 12, 10/09/2007).
Recordemos que en provincia de Buenos Aires el “Protocolo de aborto no punible” se incluyó en la Resolución 304/2007 que dictó el 29 de enero el Lic. Claudio Mate Rothgerber, Ministro de Salud de la provincia. Resolución que se mantuvo en secreto hasta el 18 de marzo y que nunca se publicó en el Boletín Oficial (Vid Notivida 433).
El 28 de mayo el Ministro de Salud porteño, Alberto De Micheli, dictó la Resolución 1174/07 con la que aprobó el “Procedimiento para la atención profesional de prácticas de aborto no punibles», publicada en el Boletín Oficial de la C.A.B.A. Nº 2707 del 19/06/2007 (Vid Notivida 446).
El 14 de junio el Concejo Deliberante de Rosario aprobó por unanimidad la ordenanza Nº 8186 que crea el “Protocolo de Atención Integral para la Mujer en Casos de Aborto no punible”, aún no publicada (Vid Notivida 452).
Segunda parte
“apagada en las almas la luz que brota de los principios universales de moralidad, queda inmediatamente destruido el único e insustituible fundamento de estable tranquilidad en que se apoya el orden interno y externo de la vida privada y pública” (Pío XII, Summi Pontificatus, nº 25)
El uso de la vía judicial para forzar la legalización del aborto
El 8 julio de 2005 y tras fallo favorable de la Suprema Corte de Justicia de la prov. de Buenos Aires los médicos del Hospital Evita de Lanús practicaron un aborto a una mujer que sufría una miocardiopatía dilatada. El Hospital Universitario Austral ofreció en ese momento infraestructura y especialistas para intentar salvar las dos vidas, otros ofrecieron subsidios para madre e hijo y varios matrimonios solicitaron la adopción. Todo fue rechazado, se asesinó al bebé. Un inocente aniquilado, sin nombre ni tumba, que tenía más de 5 meses de gestación.
Durante agosto de 2006 se practicaron los abortos a las dos discapacitadas que habían quedado embarazadas tras una violación, uno en La Plata (prov. de Buenos Aires) y otro en Mendoza. Ambos habían sido autorizados por los máximos tribunales de las respectivas provincias.
A la discapacitada de Guernica que por entonces tenía 19 años y cinco meses de embarazo, el aborto se le practicó el sábado 19 de agosto en una clínica privada de La Plata -con el apoyo de la “Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito” según declaró a los medios la activista abortista Dora Coledesky- porque el Hospital San Martín de esa ciudad se negó finalmente a realizar la intervención por lo avanzado del embarazo. Se desconoce si hubo condena al violador. En la madrugada del 24 de agosto se asesinó al bebé de Mendoza en un hospital público de la provincia; la gestante, Claudia Gazzoli, de 25 años, había sido violada por el concubino de su hermana que vivía bajo el mismo techo. Con obsesión por matar se volvieron a rechazar los ofrecimientos (adopción, subsidios…) que intentaban salvar ambas vidas. El resultado, otros dos inocentes aniquilados “en democracia” sin nombre ni tumba.
El 2 de marzo de este año cuando estaba a punto de expedirse la Suprema Corte de Justicia de la prov. de Buenos Aires (aunque no se trataba de una discapacitada la Procuradora General María del Carmen Falbo ya había dictaminado a favor del aborto), sufrió un aborto espontáneo la joven de Mar del Plata violada por su padrastro.
El 17 de mayo falleció en el Hospital Iturraspe de Sta. Fe Ana María Acevedo, una joven de 20 años, pobre y analfabeta que cursaba su cuarto embarazo. Aunque padecía de un sarcoma maxilar -cáncer fulminante- y pese a los muchos esfuerzos realizados en el hospital para salvar ambas vidas –la de la madre y la del hijo- la presidenta del INADI, María José Lubertino dijo que no practicarle el aborto fue “un caso de discriminación que se cobró su vida”, e injustamente fue despedido el director del Hospital, Dr. Andrés Ellena. Nadie cuestionó la ausencia del Estado por el modo en que vivía la joven.
Por estos días la mamá de una joven entrerriana de 19 años, discapacitada y embarazada tras una violación solicitó que le practiquen un aborto.
La presión del Gobierno
En cada uno de los casos mencionados el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, se manifestó en los medios a favor de que se practiquen los abortos.
Además, en la reunión del Consejo Federal de Salud del 24 de agosto de 2006, González García instó a los Ministros de Salud provinciales a firmar una Declaración avalando los abortos practicados, en las provincias de Buenos Aires y Mendoza. Dice la Declaración “frente a los recientes sucesos de público conocimiento, deseamos expresar nuestro apoyo a las familias involucradas, a las autoridades y a los actores del sector de la Salud de las provincias de Buenos Aires y Mendoza, en nuestro convencimiento de que han intervenido cumpliendo con las leyes y en salvaguarda del derecho a la atención médica”. Se negaron a firmar esa declaración los ministros de salud de Salta, San Juan, Sgo. del Estero, San Luis y Santa Fe (Vid Notivida 387).
Recordemos que este año la ministra de salud de Santa Fe, Silvia Simoncini, fue responsable del despido del Dr. Ellena, Director del Hospital Iturraspe, tal vez eso le mereció ser candidata a senadora provincial por el Frente para la Victoria en los recientes comicios santafecinos.
Las víctimas inocentes
Como hemos señalado no podemos pronunciar su nombre, ni dejar una flor en su tumba.
No obstante, por todos y cada uno de esos seres humanos indefensos e inocentes, asesinados con el beneplácito de este gobierno, hoy y siempre gritaremos ¡Presentes!
Fuente: Notivida, Año VI, nº 466, 12 de septiembre de 2007
