Por Ricardo Miguel Fessia.- Para cerrar el siglo XX tuvimos una década de un gobierno que significó un cambio profundo en la política argentina, al punto que destruyó la política como primera medida y desguazó el Estado, todo de acuerdo a nuestro humilde juicio que, por supuesto no es compartido por muchos. Dentro de esos muchos que no lo comparten, guardamos en nuestros oídos el discurso de recepción del gobernador de Santa Cruz, Néstor Carlos Kirchner, que en el aeropuerto de Río Gallegos en el palco levantado al efecto a junto al presidente Carlos S. Menem dijo: “estamos ante el mejor presidente de la historia de Argentina”.
El domingo 24 de octubre de 1999 los argentinos fuimos convocados a las urnas en donde 9.167.220, el 48.37%, apoyó a la fórmula De la Rúa-Álvarez que habían conformado la Alianza, reunión de la UCR y el Frepaso.
El modelo político no pudo concretarse y ese acuerdo pronto se resquebrajó a punto que el Vicepresidente renunció al cargo el 6 de octubre de 2000. El Gobierno siguió, pero debilitado, y todos los esfuerzos fueron pocos para atender las demandas y, fundamentalmente, para hacer frente al aparato justicialista que constantemente acosó al Gobierno y atentó definitivamente con acciones de hecho.
De resultas de ello, el 20 de diciembre de 2021 y cuando faltaban casi dos años de mandato, el Presidente renuncia en medio de un verdadero caos. Las calles centrales de Buenos Aires eran escenarios de batallas campales, de destrucción de objetos y ataques a las marquesinas de los comercios. Resultado de ello, fallecieron 39 personas en las protestas del 19 y 20 de diciembre.
Entre otros hechos, en abril de 2000 el Senado de la Nación trató el proyecto de ley de reforma laboral, que por su propia naturaleza, fue polémica como cada vez que se quiere modificar en régimen laboral.
A poco de ello, pasaron algunas semanas, se conocieron supuestas negociaciones entre funcionarios del Gobierno y senadores del Partido Justicialista. Pero el impacto más importante llegó cuando en 2003, el ex secretario parlamentario del Senado, Mario Pontaquarto, se presentó en los Tribunales como arrepentido y detalló cómo fueron los pagos y su rol de “valijero”, cargando los 5 millones de pesos/dólares.
Por el estado público de las manifestaciones y su impacto evitamos aportar detalles, pero en resumidas expresiones, el ex funcionario dijo que efectivamente se había munido de una valija de dinero en efectivo que reunió, se alojó en un hotel y por la mañana repartió entre los tribunos.
La causa judicial tomó un impulso, por momentos vertiginoso y gran estado público, que fue constantemente aprovechada por el Gobierno de ese momento y la prensa que respondía al mismo.
Todos los días por lo menos una columna acicateaba el tema, dando por cierto lo que no estaba probado. Nada nuevo.
La causa judicial, tenía como principal responsable a quien había sido presidente, Fernando de la Rúa que por más de una década mantuvo no sólo su inocencia, sino la inexistencia de caso. Lo hizo como debe hacerlo un ciudadano de bien y en una república: con escritos judiciales, sólidos, coherentes y fundados en los hechos probados.
Pero al final llegó el final. Ello ocurrió el 23 de diciembre de 2013 en que el Tribunal Oral Federal N° 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó la sentencia producto del juicio oral en la causa n° 857/07, “Cantarero, Emilio Marcelo y otros s/ cohecho”, en la que se investiga el presunto pago de sobornos en el ámbito del Senado de la Nación, durante abril de 2000, para lograr la aprobación de la ley 25.250.
El tribunal, integrado por los jueces Guillermo Gordo, Miguel Pons y Fernando Ramírez, absolvió a Fernando De la Rúa, Alberto Flamarique, Ricardo Branda, Fernando de Santibañes, Augusto Alasino, Alberto Tell, Remo Constanzo y Mario Pontaquarto (disponible en: https://www.cij.gov.ar/nota-12801-Absolvieron-a-todos-los-acusados-en-el-juicio-oral-por-las-coimas-en-el-Senado.html).
También se encuentra imputado Emilio Marcelo Cantarero, pero en su caso el proceso se encuentra suspendido por cuestiones de salud.
Vale recordar que la Fiscalía había solicitado la pena de seis años de prisión para De la Rúa, de Santibañes, Alasino, Tell y Remo Costanzo; y un año y seis meses de prisión en suspenso para Pontaquarto. En tanto, requirió la absolución de Flamarique y Ricardo Branda.
La sentencia del Tribunal Oral fue confirmada por la Cámara Nacional de Casación Penal -en un legajo de 2697 fojas-. El tribunal de alzada no solo confirmó la absolución de los imputados sino que ordenó investigar las circunstancias que rodearon la presentación de Mario Luis Pontaquarto como supuesto arrepentido, los presuntos ilícitos que podrían haberse cometido con motivo del sumario administrativo nº 664/03 de la SIDE -fabricación de pruebas-, la posible comisión del delito de falso testimonio en que habrían incurrido Aníbal Ibarra, Sandra Patricia Montero y Jorge Florentino Barca; también ordenó enviar al Consejo de la Magistratura que se investigue al juez Daniel Eduardo Rafecas, mandar al Tribunal de Ética la actuación del abogado Hugo Wortman Jofré.
De alguna forma concluía el verdadero calvario para el ex presidente Fernando de la Rúa, que durante trece años lidió contra todo y todos, buscando la verdad en la causa de las coimas en el Senado de la Nación. Siempre sostuvo que el hecho no existió. Huelga decir que nunca se probó lo contrario.
Aquellos medios y los otros operadores no difundieron esta noticia y por lo tanto la mayoría de la sociedad no sabe de la causa y de la forma de conclusión.
La denuncia tuvo una repercusión tan grande y provocó un daño inmenso. La lesión a la honra y al honor calaron hondo, y el daño a toda la sociedad fue más grave por la forma y modo en que se pergeñó esta situación.
Como lo sostuvo De la Rúa, el hecho no sólo que no había existido, sino que era producto de una sórdida operación se pergeñó para incluirlo.
El secretario general de la presidencia, Dr Alberto Ángel Fernández, se puso en contacto con el operador político Daniel Bravo, hijo del maestro socialista Alfredo Bravo, que había contactado al supuesto arrepentido Pontaquarto para que se autoincriminara y acusara falsamente al Dr. De la Rúa.
La historia comenzó el viernes 5 de diciembre de 2003 cuando Daniel Bravo lo llevó Pontaquarto a reunirse con el entonces jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra, en su despacho de Bolívar 1.
Días después de dar la entrevista a “TXT”, volvió a reunirse Pontaquarto con Ibarra. En esa oportunidad, el encuentro fue en el domicilio particular del jefe de Gobierno porteño. Apenas ocho días antes de su declaración, Ibarra y Bravo se reunieron con el jefe de Gabinete, Alberto A. Fernández, y allí se habría terminado de delinear la declaración y algunas cuestiones vinculadas con temas económicos.
El dinero sucio de la política se utilizó para el pago de periodistas serviles y venales y también para la creación de la revista TXT y por medio de ésta se pagó al abogado y se dio 18.000 dólares a Pontacuarto. Luego, el arrepentido, reconoció en diario “La Nación” -29 de enero de 2004- que el dinero provenía de la “revista”.
Alberto Fernández pergeñó todo. Tramó esta bellaca operación y la llevó a adelante. Alguna fuente, de las que nunca se pueden confirmar, dicen que al ex presidente Néstor C. Kirchner para nada le agradó esta maniobra y la descalificó. Pero Alberto Fernández la continuó.
A pesar de todo esto, el ex presidente Fernando De la Rúa se sometió a la justicia, aportó las pruebas que sostenían su inocencia y ejerció su defensa, efectuó su propio alegato y demostró gran respeto por el funcionamiento de la justicia al asumir que aun ante las injusticias más viles se debe rendir cuentas. Comenzó su alegato diciendo: “Vengo a decir que el hecho que motiva esta causa no existió” (disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=H8B86USB4iQ).
Un tiempo antes se había publicado un libro con todos los detalles. “Operación Política. La causa del Senado” (Buenos Aires, Sudamericana. 2006, 544 págs.).
Demostrando ser un ciudadano en todas las circunstancias, no quiso De la Rúa que lo absolviera la historia. Superó el suplicio, demostró su inocencia y cumplió su misión republicana: rendir cuentas aun de un acto injusto propio de una canallada.
Demostró de esta forma, que el Lawfare no existe, y sí la politización de la justicia y el sometimiento de una parte de la misma a sectores de la política. Esto es peor que la trasnochada doctrina que busca impunidad.
Con este padecimiento y en cumplimiento del deber cívico, De la Rúa dio un ejemplo del valor y la templanza republicana. El daño del que fue objeto nunca fue remediado. La mentira y la injusticia hacen estragos sobre los hombres y las mujeres de bien cuyo principal patrimonio es el honor. Su comportamiento ante la justicia es un ejemplo que deben seguir todas las personas que pasan por la función pública. Debería ser el ejemplo de los ex presidentes y los que vendrán.
El karma y las vueltas de la vida: hay una ley universal de causa y efecto en la vida de cada persona donde las acciones, palabras y pensamientos generan consecuencias en el presente y el futuro. Traducido como el “todo vuelve”, que en otras palabras es: se cosecha lo que se siembra; lo que se hace mal te vuelve en contra.
El ex presidente Alberto Fernández se jactaba de no tener causas de corrupción y el tema de los contratos con los seguros devela lo contrario. La forma y modo de comportarse con su ex pareja devela lo peor de un ser humano y es indigno, más allá de la presunción de inocencia por el delito del cual es acusado. Al parecer estas causas no son inventadas y el puñado de actos nauseabundos que se conocen no son productos de la mentira ni el ardid de un sector político.
Respetuoso del estado de inocencia, no abrimos juicio de valor sobre los hechos que debe resolver la justicia. Solamente pedimos sigan el ejemplo de Fernando De la Rúa.
En términos judiciales decimos, otro si digo: aunque estas leyes sociales son difíciles de comprobar, hay algo que queda como una suerte de verdad revelada: el que las hace, las paga, y lo que hiciste, más tarde o temprano, vuelve. Por eso, andar rectamente en la vida, hacer lo que se debe, no dañar a otros, entre tantas premisas de comportamiento no solo deben ser actos de convicción, también de conveniencia y de acción.
