Por Ricardo Miguel Fessia.- Agustina Maitén Silvia Martens era una joven que cumpliendo una vocación estudiaba Psicología en la delegación de la Universidad Católica de Salta de Neuquén.
Buena parte de su carrera la compartió con una enfermedad que la limitaba, pero no le impedía cumplir con sus compromisos académicos. Luego de varias consultas los médicos le informan que padecía del “Síndrome de Alstrom”, enfermedad muy poco común, hereditaria, que generar ceguera, sordera, diabetes y obesidad. En Agustina le provocaba trastornos en la movilidad y luego se le extendió a la visión.
Cumplió con rigor todos los espacios curriculares, aprobando los mismos. Cuando terminó de rendir las materias de la licenciatura, debió cambiar el tema de su tesis por los escollos que encontró en el cuerpo docente para hacer un trabajo relativo a las emociones de personas bajo hemodiálisis. Se le sugirió que no fuera un tema “vinculado a enfermedades” y avanzó con un trabajo académico sobre el comportamiento de matrimonios jóvenes en la Universidad Nacional del Comahue.
El periplo de la investigación incluyó constantes aplazamientos del tribunal evaluador y problemas que la familia atribuyó a la falta de acompañamiento para con una persona con discapacidad “que no era obstáculo para el rendimiento académico”, pero que requería de empatía que no hubo.
En los primeros días de noviembre de 2018 presentó su tesis final para concluir con los estudios.
Quince días después, se produce el trance final y fallece.
Apenas superado los primeros momentos del luto, Mónica Graciela Martens, la madre de la alumna, se presenta ante a Facultad de Psicología y solicita la entrega del diploma que acredita que su hija se había graduado como Licenciada en Psicología. Siguiente un criterio académico, la casa de estudios se lo niega, De nada valieron las súplicas de una madre que quería preservas la memoria vida de su hija que tanto sacrificio había hecho por lograr su título y ello la había ayudado a soportar tan cruel enfermedad.
Con la misma firmeza con la que su hija había llevado adelante los estudios, se presente ante la justicia ordinaria para solicitar el diploma.
La jueza de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería Nro. 5 de Neuquén, Dra. Ana Virginia Mendos, hizo lugar a la demanda planteada por la madre de la joven estudiante.
Corrido el traslado a la demandada, la universidad privada confesional solicitó el rechazo de la demanda, argumentando que la joven “no defendió su tesis, por lo que no finalizó el plan de estudios correspondiente a la carrera de Licenciatura en psicología y, por tanto, no egresó”. La universidad negó un trato discriminatorio o que los padecimientos físicos de Agustina fueran un impedimento académico, pero se insistió en la negativa de entregar el título por la falta de la defensa de la tesis para detectar que el trabajo era propio. Se indicó que el título “no es un resarcimiento por la pérdida de la vida”, sino una suma de recaudos académicos previstos en un plan de estudios.
En su sentencia del 24 de junio de 2022, la jueza sostuvo que el otorgamiento del diploma no significaba desnaturalizar la finalidad prevista para el título de grado porque en este caso en particular no se traduce en una habilitación para el ejercicio de la profesión, sino que se otorgaría a modo de homenaje o reconocimiento por los méritos de la alumna. (Sentencia disponible en: https://drive.google.com/file/d/1w_7qwIQ2fKU99vo9rmOeuoi0DskGuIMx/view)
En desacuerdo con el pronunciamiento, la Universidad Católica apeló argumentando -en lo sustancial- que resultó dogmática la diferenciación entre el título que habilita al ejercicio profesional y otro que no habilita para ello y cuestionó el apartamiento de las normas vigentes sin su inaplicación por vía de declaración de inconstitucionalidad. Señaló que ella se ha apegado a la ley y que el otorgamiento de un título está sujeto a la fiscalización y supervisión del Estado Nacional, en virtud de lo que dispone el artículo 2 de la Ley de Educación Nacional y a la circunstancia que el plan de estudios aprobado por DGNU 950/98 incluye una tesis que no ha sido íntegramente completada en sus dos fases, situación reconocida por la parte actora.
En un segundo orden, atacó legitimación activa de la parte actora, puesto que de la lectura de los artículos 125 y 126 de la Ley de Educación Nacional se desprende que en ningún sitio está el derecho de los padres a recibir un título post – mortem, por el carácter personalísimo que tiene el mismo.
Una vez corrido el traslado del recurso, la parte actora lo replicó argumentando en que es falso que el título post-mortem sea un instrumento inexistente, puesto que se han citado antecedentes de otorgamiento de esta clase de títulos por diferentes universidades y que resultaba innecesario declarar la inconstitucionalidad de norma alguna. Por otra parte, en relación a la legitimación activa, destacó que negarla sería un acto de injusticia, dada la acreditación del vínculo filial y que la petición aparece contraria a lo dispuesto por la Corte Suprema en la causa “Colalillo”, (Fallos: 238:550) (Disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoSumario.html?idDocumentoSumario=49073) en punto a la búsqueda de la verdad jurídica objetiva y se asemeja más a un exceso ritual manifiesto que deriva en un menoscabo al ideal de justicia.
De este modo, llegó la causa ante el entendimiento de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Neuquén, que confirmó la decisión de la primera instancia.
Los jueces Fernando Ghisini y Marcelo J. Medori analizaron el caso bajo la aplicación del derecho al honor, consagrado legal, constitucional y convencionalmente, y en ese sentido destacaron que la actora “jamás peticionó que le fuera entregado un título habilitante para el ejercicio profesional, dado que los propios acontecimientos que contextualizan el planteamiento, determinan que lo pretendido en la solicitud del otorgamiento del diploma fue «realizar un acto de reconocimiento y homenaje”.
En ese orden de ideas, señalaron que la Casa de Estudios apelante está en lo cierto cuando expresa que el derecho a obtener un diploma integra aquellos de naturaleza personalísima, mas también corresponde añadir que algunos de los derechos integrantes de esta categoría, trascienden al fallecimiento y dan lugar a lo que se ha denominado “memoria defuncti o personalidad pretérita”, consistente con la protección de la memoria o el recuerdo de la persona fallecida como una secuela indisociable y perpetua de su dignidad humana.
En esa línea argumental es que los camaristas detallaron que “el derecho a la memoria o a una «buena memoria» no puede ser escindido -sin su desnaturalización-, de la realidad de la persona al momento de su fallecimiento y es aquí donde la ultractividad de las manifestaciones de la personalidad de la causante tienen amparo constitucional, desde que el derecho a ser recordada como Licenciada en Psicología aparece como una correcta derivación de su legajo académico”.
Por ello, los magistrados entendieron que el derecho confiere acción para poner a salvo la memoria de la persona difunta frente a ataques u ofensas y ello parece ser una cuestión que no merece mayor explicación.
Concluyeron, finalmente, que “la accionada ha lesionado un derecho constitucional y es por ello que pierde sustentación su defensa, asociada a la ausencia de defensa del trabajo de tesis por parte de la alumna, en la medida que una correcta ponderación -en clave humanista- del sentido de la petición, la existencia de un derecho personalísimo póstumo y su tutela constitucional, exhiben una directa vulneración del derecho constitucional al honor, comprensivo de la memoria de la dimensión familiar y social”.
En dicho sentido, ambos jueces entendieron que debía ser confirmada la sentencia de la primera instancia, con costas en el orden causado en relación a lo novedoso del planteo esgrimido. (Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1PndDRS-a1gW9yYhX7RGveTl5rZB7M1jZ/view) El fallo avanza en la realización de la justicia y en el reconocimiento a los derechos individuales que no tiene un contenido patrimonial y se concretan en un reconocimiento “por los méritos» académicos”.
El autor es rafaelino, radicado en la ciudad de Santa Fe. Abogado, profesor titular ordinario en la UNL, funcionario judicial, ensayista.
