Por Joaquín Morales Solá.- Tal vez toda la crisis en la cúpula misma de las instituciones la provocó (o la inició) el futbolista de la selección Enzo Fernández. Esta no es, desde ya, una crónica deportiva. Refiere, en cambio, a la extrema tensión que existe en la relación entre el Presidente y su vice, Victoria Villarruel. Funcionarios del Senado, donde tiene sus oficinas la vicepresidente, y de la Casa de Gobierno, cuyo principal inquilino es Javier Milei, coinciden en señalar que el tuit de julio de Villarruel en defensa de Enzo Fernández, que había protagonizado cánticos racistas y homofóbicos contra la selección de Francia (el propio deportista reconoció luego el error y pidió disculpas), descerrajó acontecimientos que sacaron definitivamente a esa relación cimera de la normalidad.
El tuit de Villarruel en defensa de Fernández y con duras recriminaciones históricas a Francia no fue una buena idea –ni mucho menos–, pero lo que sucedió después fue la escenificación pública de una sobreactuada rabieta mileísta contra la vicepresidente. Es cierto que el Presidente tenía programado un viaje a París para pocos días después y que proyectaba una reunión bilateral con el presidente francés, Emmanuel Macron. El tuit de Villarruel, en verdad, no coincidió con los intereses presidenciales. La misma noche del tuit de Villarruel, Karina Milei, la poderosa hermanísima, se presentó en la embajada de Francia para pedir disculpas en nombre del gobierno de su hermano por los dichos de Villarruel. El propio Javier Milei dijo que el tuit de la vicepresidente “no fue feliz”, en un reportaje con Alejandro Fantino realizado dos días después, y contó que se crearon “problemas diplomáticos” por un “tema deportivo”.
Es probable que el gobierno de Francia se haya sentido ofendido por el tuit de Villarruel, pero Milei debe reconocer que él no se priva de crear problemas diplomáticos con otros países por su afición a incursionar en cuestiones políticas internas de naciones extranjeras. El caso más iridiscente fue el de Brasil, cuando viajó para asistir a un acto de Jair Bolsonaro, el enemigo número uno del presidente brasileño Lula da Silva. Hizo lo mismo con Donald Trump en los Estados Unidos mientras su gobierno le pedía a la administración de Joe Biden que le hiciera favores en el Fondo Monetario.
La crisis que comenzó entonces con el cántico de Enzo Fernández (la vicepresidente se consideró desautorizada) concluyó en estos días con la exclusión de Villarruel del acto de entrega de sables a las nuevas conducción militares, una de las más importantes ceremonias castrenses del año. Villarruel siempre recuerda que ella es hija de un héroe de Malvinas y que, además, es nieta de militares. El día del acto estuvo esperando, con un equipo de prensa y de fotógrafos que la acompañarían, hasta casi las 18 horas a que le llegara la invitación. A esa hora se resignó: no habría invitación. Y no la hubo.
El desplazamiento de la vicepresidente de cualquier influencia en temas de seguridad y defensa comenzó en los días inaugurales del gobierno de Milei. Fue cuando el Presidente decidió que la ministra de Seguridad sería Patricia Bullrich y que el titular de Defensa sería Luis Petri; el equipo en la sombra que venía armando Villarruel debió quedarse en casa. Tales hechos podrían figurar en artículos deportivos o ser parte de la chismografía de programas del espectáculo si no fuera porque afectan gravemente la gobernabilidad del país.
Este martes, Villarruel se pronunció claramente contra la candidatura del juez federal Ariel Lijo para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia. Lo hizo durante un almuerzo en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; dijo que Lijo “no cuenta con los pergaminos suficientes” para ser juez de la Corte. Imposible pedirle más acierto en la descripción. Pero, ¿por qué no existió antes la oportunidad para que la vicepresidente le contara su opinión al Presidente? ¿Por qué Milei se cierra ante cualquier influencia de Villarruel? Se sabía que Villarruel no estaba de acuerdo con Lijo, porque este ocuparía una vacante que dejó una mujer y porque como juez federal resolvió que el asesinato del sindicalista José Ignacio Rucci, perpetrado por los Montoneros en los años 70, no era un crimen de lesa humanidad. Pero nunca había sido tan clara y enfática, como lo fue este martes, en su oposición a la postulación de Lijo. ¿Respuesta a la exclusión del acto militar? Quizás.
Mal día para el juez con ambiciones a ascender a la cresta misma del Poder Judicial. Ayer también, el presidente del bloque de senadores peronistas, el cristinista José Mayans, adelantó que su bloque considera que la designación de un juez de la Corte debe surgir de un acuerdo político y que con ellos no habló nadie del Gobierno. El bloque peronista no votará, por lo tanto, el despacho de la comisión de Acuerdos del Senado que tratará este miércoles el pliego de Lijo. Es posible, por lo tanto, que no haya un despacho a favor de Lijo. Sin ese bloque, los dos tercios de los votos senatoriales que necesita Lijo para su acuerdo se convierten en una misión imposible.
Mayans contó algo que venía formando parte de la rumorología del Senado: la candidatura de Lijo está siendo autogestionada. El actual juez federal se reunió con varios senadores para pedirle su voto a favor, pero ningún senador recuerda nunca que alguien importante del Poder Ejecutivo (Guillermo Francos o Mariano Cúneo Libarona, por ejemplo) hayan hablado con el Senado para negociar el acuerdo de Lijo. Solo hizo algunos escarceos el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, con escasas insignias para los senadores. Estos trámites son siempre parte de una negociación con intercambios de favores entre el gobierno nacional y los gobernadores. Según algunos senadores, la propuesta del juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti para que Lijo fuera miembro del máximo tribunal fue una oferta “llave en mano”. Esto es: si Milei aceptaba la idea de Lorenzetti sería este y Lijo quienes asegurarían los votos del Senado. La suposición surge de la constatación de que nadie del Ejecutivo se ocupó de Lijo en el Senado. Mayans confirmó ayer esa versión. Villarruel, crítica de Lijo, se preocupó menos todavía de esa candidatura.
Martín Lousteau es desde ayer presidente de la comisión bicameral de seguimiento de los servicios de inteligencia. Mala noticia para el Gobierno. Esa comisión puede ser un lugar aburrido e inofensivo, como lo fue en los últimos 40 años de democracia, o puede ser un bloque fastidioso, entrometido e inoportuno. Lousteau, que accedió al cargo con el apoyo del kirchnerismo, será seguramente un presidente que volcará la comisión hacia la segunda alternativa más que a continuar con el sopor de las últimas décadas. El acceso de Lousteau es consecuencia de una gestión enrevesada y contradictoria entre el Gobierno y Villarruel. Como lo hace siempre, la vicepresidente se recostó en el bloque de Pro (“¿Con quién si no voy a trabar alianzas?”, suele preguntarse) y seleccionó al senador misionero de Pro Martín Goerling como futuro presidente de esa comisión. Goerling contaba también con el apoyo de Patricia Bullrich. Pero el Gobierno metió la cola, apoyando al senador peronista entrerriano Edgardo Kueider, un legislador que votó la Ley Bases del Milei, pero que ni siquiera tiene un gobernador cercano a él. El nuevo gobernador de Entre Ríos es Rogelio Frigerio, de Pro. La división entre los candidatos de Milei y de Villarruel promovió la designación de Lousteau, el radical más crítico de Milei y el que más veces votó en contra de los proyectos del Presidente. Las malas noticias suelen venir juntas: Lousteau será secundado por Leopoldo Moreau como vicepresidente y por Oscar Parrilli como secretario. Afuera el mielísmo y Pro. Más cristinismo es imposible.
Suele ser habitual en el paranoico universo de la política escuchar que la culpa es del poderoso asesor presidencial Santiago Caputo, quien integra la mesa chica del poder con Karina Milei y el propio Presidente. Sin embargo, los entornos presidenciales son la elección de los presidentes y no de sus asesores. Estos suelen tener las características políticas y personales que le gustan a los presidentes. Bueno o malo, Santiago Caputo –como la propia Karina Milei– toca la melodía política que le gusta escuchar al jefe del Estado. Para el caso actual, fue Milei el que prefirió que fuera Kueider en lugar de Goerling; Caputo fue, en todo caso, un instrumentador del deseo presidencial, ciertamente impolítico. Esa política terminó por entregarle una comisión bicameral clave (integrada por senadores y diputados) a la más frontal oposición del radicalismo y el peronismo.
El último episodio de la discordia entre el Presidente y su vice fue el aumento de salarios de los senadores, que pasarían a cobrar un haber bruto de 9 millones de pesos (el sueldo neto es mucho menos), aunque es probable que ese aumento quede en nada. La semana pasada, Villarruel les hizo decir a los senadores que aprovecharan la reunión del cuerpo del jueves último para desengancharse de los aumentos a los empleados del Senado, porque ella estaba por dar uno al personal cumpliendo con lo acordado en la última paritaria. Los senadores miraron para otro lado. Sucedió el aumento a los empleados y la consiguiente suba para los salarios de los senadores. El escándalo estalló. Lo promovió el propio Presidente sin aclarar que ese aumento no comprendía el salario de la vicepresidente, que no cobra como miembro del Poder Legislativo, sino como integrante del Poder Ejecutivo. El sueldo de Villarruel, quien llegó a denunciar públicamente que es perseguida por los trolls oficialistas en las redes sociales, ronda los tres millones de pesos, muy por debajo de los senadores.
Milei apuró su tremendismo y calificó el aumento de los senadores como una “traición al pueblo argentino”; de paso, dejó que se instalara la idea de que la despilfarradora era Villarruel, cuando ella había intentado impedir la suba y el escándalo. El Presidente aprovechó para dar rienda suelta a nueva ronda de improperios contra los senadores. “Regalados son caros”, les asestó. Los mismos senadores a los que después les piden que apoyen al Gobierno. Pero es cierto, de todos modos, que es la política (senadores incluidos) la que debe dar una señal de austeridad en el océano de inopia económica que aqueja a una inmensa mayoría social.
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