Por Ricardo Miguel Fessia.- El país está bastante movilizado por una cuestión que es absolutamente vital, esencial: el tema es las jubilaciones.
Luego de muchas conversaciones y acuerdo, y otros consensos se llegó a presentar una ley que pudiera dar dignidad a los argentinos: un mínimo de dignidad para los jubilados, que son esos que nos precedieron.
El 13 de octubre de 2010, el Senado sancionó una ley que instauraba el 82% móvil para las jubilaciones. En un trámite exprés, al día siguiente la presidenta Cristina Kirchner la vetó. Fue uno de los grandes debates que cruzaron la situación política de ese año.
El hecho de que las cuentas nacionales dieran superávit fiscal primario. Se buscaba acrecentar ese superávit para simular una situación irreal.
De esta forma se tomó la decisión de meter la mano en los ingresos de las jubilaciones, ideando un nuevo “índice” de actualización de los aumentos que los dejaba muy por debajo de la inflación. Las primeras fueron los jubilados docentes nacionales, que en marzo de 2010 obtuvieron un aumento del 0,98%, contra una suba del costo de vida del 17% en 2009, que alcanzaría el 23% en 2010.
Se siguieron conformando comisiones especial integrada por miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo que estudia cómo aplicar un nuevo “índice”. De una u otra forma se busca encontrar un sistema que engañe al pueblo, el Gobierno fija por decreto esos aumentos. Ayer y hoy, el objetivo es el mismo: ahorrar dinero a costa de las jubilaciones y cuestiones sociales.
Desde algunos sectores y ante la verborragia incontenible, siempre vacua y difusa, se editó un cartel que decía “Si Evita, sería una jubilada con $ 1.046 pesos”. El cartel se publicó el 20 de octubre de 2010. Dos días después era asesinado Mariano Ferreyra por una patota de la burocracia ferroviaria aliada al kirchnerismo, poniendo en evidencia ante la opinión pública otro estigma del autoproclamado Gobierno “nac&pop”: el de la tercerización y precarización laboral. Nada nuevo, ya lo había hecho otro ensayo de pura sepa peronista en la verdadera década infame, la de 1990.
Esa ley votada por el Congreso nacional en el 2024 que pretende dar el mínimo de dignidad a los haberes de los jubilados, no dar dignidad, sino el mínimo de dignidad, que fue fruto de un gran acuerdo, un diálogo trabajado en forma paciente dejando de lado muchas diferencia que naturalmente se tienen desde distintos sectores políticos, nuevamente es vetada.
Para el caso por un presidente que con esta medida atenta en forma directa contra millones de argentinos que trabajaron décadas entregan lo mejor de ellos y ahora el sistema, con arrastre de malas políticas de muchos.
Con gestos desquiciados y a los gritos, insulta y destrata a todo aquel o aquella que no consienta en su totalidad lo que piensa del Estado y para el caso, en esporádicas apariciones, cargó sus improperios contra el sector de los jubilados, sin dudas el más vulnerable y con menos fuerza política.
El modelo, tal como lo pretende articular, por lo menos genera muchas dudas y otras tantas incomodidades. El congreso nacional es uno de los más representativos de la variedad política-ideológica del país, un espacio en donde conviven todas las expresiones. Cientos de diputados/as y setenta y dos senadores/as, que dieron una muestra y lograron reunir voluntades en pos de un objetivo que es recuperar en algo los haberes de los jubilados, De otro lado una persona, una sola, que se cree portadora de la verdad definitiva y absoluta, traba este consenso por medio de una veto. No contento con ello, vocifera agresiones en una sociedad que necesita con urgencia punto de acuerdos y mensajes de paz y unión.
Por lo menos genera dudas y otras tantas incomodidades. Estos esquemas ya los vimos.
Este miércoles 11 de septiembre la Cámara de Diputados no llegó a los dos tercios de los votos para convalidar la reforma jubilatoria que habían aprobado en junio por 160 afirmativos, 72 negativos y 8 abstenciones. De forma que quedó vigente el veto del presidente Javier Milei al aumento que había aprobado el Congreso. Para evitar la insistencia con el proyecto, resultó clave el cambio de los votos de varios diputados.
La votación terminó oficialmente con 153 afirmativos, 87 negativos y 8 abstenciones. Así, la insistencia no llegó a los dos tercios necesarios para invalidar el veto presidencial.
Sosteniendo el veto estuvieron los 37 diputados libertarios, incluido Martín Menem que citó un artículo que le posibilidad votar, algo que no había pasado en junio. El PRO sumó 34 votos, algo notable ya que hace tres meses, para el mismo proyecto, solo se habían sumado 30 tribunos en tanto que otros estuvieron ausentes. Digno de destacar es Álvaro González, vinculado a Rodríguez Larreta, que ahora fue el único en votar contra el veto presidencial.
Pero sin dudas, todas las miradas estaban puestas en el bloque radical. De alguna forma el resto era “voto cantado”.
En la semana pasaron por un despacho de la casa Rosada un grupito –cinco- de diputados de la centenaria UCR. A saber, Mariano Campero de Tucumán, el correntino Federico Tournier, el cordobés Luis Picat, Pablo Cervi legislador neuquino y el misionero Martín Arjol. Estos votaron a favor del veto del presidente. Pero lo (más) curioso es que, salvo Tournier, en junio votaron a favor de la reforma y ahora la rechazo. Por si algo faltaba, Campero alzó un rimbombante discurso, un poco más encendido que el dado hace algunas semanas sentado en el mismo estrado, pero para defender el incremento a las jubilaciones.
Se anotó ausencias de la radical santacruceña Roxana Reyes que había votado a favor en junio y ahora no estuvo en el recinto, sumando su granito de arena. Igual formato tomó Gerardo Cipolini, un radical que votaron los chaqueños para que los represente.
Los integrantes del bloque “Innovación Federal”, que responde a varios gobernadores y suman ocho, se abstuvo.
En el conteo no hay que olvidarse de Lourdes Arrieta, que fichaba en LLA y ahora en “Fuerzas del Cielo”, nada que envidiar al tiempo de nombrar una fuerza política. De esta forma fueron ocho abstenciones en la apuntaron en las filas de oficialismo, si bien de última también se registra la salteña Pamela Calletti, de Innovación Federal, que estuvo pero se abstuvo. Para concluir con el recuento, el rechazo al veto contó con 153 legisladores. Ellos son los 98 de Unión por la Patria –con la ausencia de la sanjuanina Ana Aubone-; los 5 de la Izquierda -que se habían abstenido en junio-; 26 de la UCR; 14 de los 16 de Encuentro Federal, 6 de la Coalición Cívica; 2 de Santa Cruz que responden al gobernador Claudio Vidal; 1 del Movimiento Popular Neuquino y 1 del PRO, Álvaro González, que en junio se había ausentado.
En resumen, las manos levantadas en junio para su aprobación fueron siete más que las de hoy, los votos negativos de aquella jornada se incrementaron en quince, hubo una abstención más y bajó a la mitad los ausentes de aquella reunión.
El miércoles 5 de junio, la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que votaron 160 diputados establecía un aumento retroactivo del 7,2% y el pago de las sentencias firmes en un plazo no mayor de 6 meses.
