Con el 30,04% de los votos en las PASO, el huracán de Javier Milei cambió el tono y el contenido de la campaña electoral. Además de su ánimo belicoso, el candidato presidencial de La Libertad Avanza basó su crecimiento en críticas furibundas a la organización política y económica de la Argentina y una serie de propuestas que, según el, sacarán al país del estancamiento.
Dolarización, eliminación del Banco Central y las empresas públicas, sistemas de vouchers educativos, reforma laboral, reducción de la edad de imputabilidad: Milei aplica su ideario libertario para la definición de las políticas públicas. Si bien es cierto que desde el triunfo electoral relativizó la urgencia con que dice que se implementarán estas medidas si accede a la presidencia, lo cierto es que Milei empuja un programa de gobierno bien concreto y definido. ¿Pero qué tan posibles y deseables son estas reformas? La Nación habló con especialistas en las distintas áreas para entender la viabilidad del plan libertario.
Dolarización: un plan complejo y cuatro desafíos
Por Camila Dolabjian.- Javier Milei logró imponer la dolarización en la agenda pública. Desde el resultado de las PASO la convirtió en un eje central de la discusión sobre cómo romper la espiral de la inflación. Tenía su propio plan cuando empezó a hablar del tema en la campaña de 2021 pero, hace unos meses, el economista Emilio Ocampo se le acercó y le llevó una propuesta distinta, que el candidato libertario decidió finalmente adoptar. Ocampo se contactó con otros presidenciables. Explica que Milei fue el único que lo escuchó y, tras un Zoom entre ambos, se definió que si gana La Libertad Avanza el plan que se pondría en marcha sería el suyo.
La Nación entrevistó a Ocampo y a Nicolás Cachanosky, otro economista que lo acompañó en más de dos años de estudio sobre cuál sería el mejor camino de dolarización para la Argentina. Ninguna solución es perfectamente extrapolable de un país a otro y ninguna nación agroexportadora adoptó este régimen, pero estos dos economistas, junto con un grupo de profesionales y abogados internacionales, incursionaron en fracasos y éxitos alrededor del mundo para elaborar su receta adaptada al caso argentino. Estudiaron a Ecuador, El Salvador, Panamá y Zimbabue, entre otros países.
Milei confirmó a Ocampo como su principal asesor en este tema esta semana y dijo que aplicará su plan, aunque en público se distinguen algunas diferencias entre el proceso que explica Milei y el de su flamante equipo. La implementación sobre la que están trabajando contiene secretos, dudas y riesgos que intentan desentrañar para prepararse ante un eventual gobierno del libertario. Las principales críticas provienen de cuatro frentes que los mismos técnicos admiten que son los desafíos más pujantes a resolver: las reservas, la estructura de precios relativos de la economía, las trabas políticas y la implementación práctica.
Las reservas
Para algunas cuestiones hay respuestas. Para otras, todavía no existe un consenso, aunque todo gira en torno al plan de Ocampo. De dónde vendrían los dólares es tal vez el interrogante que más se le expone a Milei.
Las reservas del Banco Central se encuentran en su nivel más bajo en 17 años (US$24.032 millones en términos brutos) por lo que el candidato presidencial ensayó una cuenta de sumas y restas de pasivos y activos de la entidad para explicar por qué incluso en esta situación es posible hacerse de suficientes divisas para convertirlas en moneda de curso legal en la Argentina.
Sin embargo, para Ocampo y Cachanosky no es necesario garantizar la totalidad de dólares para el circulante. Esto se debe, entre otras cosas, a que el proceso implicará una fijación del tipo de cambio y la posibilidad de usar pesos indistintamente, con una cotización congelada, en principio por tiempo ilimitado (como el caso de El Salvador). No se obligaría a los comercios a aceptarlos, pero considera que hay varios factores que harán que no sea un problema la preferencia natural del argentino por la moneda dura.
La pregunta hipotética que surge es: ¿qué pasa si todos los argentinos quieren cambiar sus pesos a dólares al mismo tiempo?
Ocampo no considera que esta sea una posibilidad. Cachanosky tampoco, pero concede que “sería un problema”. En primer lugar, por la “transaccionalidad” del dinero, que se necesita para hacer operaciones, abonar a proveedores, mantener la actividad, pagar impuestos. Eso lleva a que los dólares deban estar dentro del sistema bancario y no en efectivo abajo del colchón. Las cuentas bancarias son lo primero que se convertiría a la moneda estadounidense, de la noche a la mañana. Por lo tanto, no se requeriría el efectivo necesario para toda la base monetaria ya que está dentro del sistema digital.
Si bien piensan alternativas para controlar eventuales corridas de los argentinos a buscar dólares a sus entidades financieras, también creen que la garantía de que el peso tenga siempre el mismo valor y tenga la misma validez permitirá que la base monetaria se absorba a medida que el dinero ingresa y egresa del sistema bancario, y en la medida en que el Estado vaya haciéndose de dólares a través de los impuestos, que comenzarán a pagarse en esa moneda. “Es una manera de bancarizar al país, también”, dijo Cachanosky.
Una de las debilidades que admiten del proceso es que es dependiente de una comunicación efectiva por parte del Gobierno y que hay factores que dependerán de la psicología de los argentinos. Hay control hasta un cierto límite.
La dolarización -añaden- contendría un cambio trascendente en el sistema bancario, que se integraría al internacional. Esto implica que cualquier cliente podrá transferir sus ahorros afuera del país si lo prefiere, lo que contendría el temor a un corralito. Los críticos mencionan que esta política, como otras, requieren de un shock de confianza en la población para que no se vuelvan contra la intención oficial. Por ejemplo, para que se mantengan los dólares en el sistema argentino y no se vayan al exterior.
Es uno de los motivos por los que Milei también vaticina que los US$300.000 millones fuera del sistema comenzarán a ingresar. “Para qué los vas a dejar afuera si ya no hay riesgo de moneda. No están en blanco porque sabés que el político te va a robar, entonces los escondés. Ahora, si la Economía está dolarizada, ¿quién te monitorea? Montoto. Osea, el blanqueo ocurre de hecho”, expresó en una entrevista reciente con Alejandro Fantino.
Los precios
Una de las más importantes incógnitas es cuándo empezaría el proceso de dolarización. Uno de los motivos es la estructura de precios relativos de la economía. Cachanosky explicó que conceptualmente habría que fijar un tipo de cambio al de mercado. Pero no se puede saber porque hay múltiples cotizaciones y la intervención del Estado distorsiona los precios. Por lo tanto, para dolarizar, habría que eliminar el cepo cambiario, convalidar que se devalúe la moneda y permitir que el mercado encuentre el valor de equilibrio.
Pero en ese momento tampoco necesariamente se fijaría el precio del dólar debido a que los economistas de La Libertad Avanza barajan tomar la decisión de hacer otras correcciones de precios en la economía, como por ejemplo ajustar tarifas, y eso podría volver a mover el tipo de cambio. Cuánto permitir que suban los precios y se acelere la inflación previo a iniciar el proceso es una duda central. Entre más esperen, más rápido estiman que se verá un impacto en el indice de precios al consumidor mensual. Entre menos esperen, más inflación inercial habrá a futuro (es decir que pese a la dolarización seguirá habiendo inflación) y allí es donde Ocampo establece un límite: mayo de 2025. Para esa fecha, la variable de aumento de precios por mes debería ser inferior al 1% porque sino el Gobierno podría encontrarse en problemas frente a las elecciones legislativas, perder apoyo y poner en jaque todo el proceso.
El gran secreto de la dolarización es que es un proceso doloroso porque implica un sinceramiento de los precios de la economía, una inflación cercana a la híper antes o varios meses de altos índices. Ocampo y Cachanosky lo dicen, pero aseguran que es el único posible en este momento del país porque los argentinos no toleran un fracaso más. Lo importante es que puedan hacerse todas las reformas necesarias para no frenarlo una vez que está en marcha, porque sino podría ocurrir lo que pasó en Zimbabue, un caso que miran con atención porque el intento de echarse atrás llevó al país al 11.200.000% de inflación anual.
En el momento en el que se dolarice, los precios, salarios, jubilaciones, pensiones, etc. adquieren el mismo valor que tenían en pesos, pero expresado en dólares.
Las trabas políticas
La tendencia a preferir de que haya un fogonazo inflacionario previo también tiene que ver con que, para Ocampo y Cachanosky, ayudaría con otra traba: la política. “Frente a una híper, no les quedaría otra que apoyar porque no hay otra solución”, argumentó Ocampo. Los economistas admiten que el apoyo que reciban es uno de los puntos críticos para la implementación. Cachanosky explicó que en su diseño, ponerlo en marcha implica hacerlo a través del Congreso. Aun en la hipótesis de que Milei hiciera una excelente elección y ganara en primera vuelta, necesitará mucha ayuda de las otras coaliciones.
Otro de los secretos de la dolarización es que requiere de muchas más reformas y que, una vez hecha, es prácticamente irreversible.
La implementación práctica
Que se haga mal, a medias o a las apuradas son algunas de las preocupaciones pujantes del equipo que diseña los detalles finales de la implementación.
Entre los problemas mas grandes para Ocampo está el de los swap que la Argentina tiene con otros países, como China. Asegura que con ellos deberán renegociar una deuda “opaca” y definir cómo se les pagará.
Otra de las dudas más importantes es adonde irían los encajes bancarios una vez que se liquide el Banco Central. Para esto, se implementaría el “Banco Argentino de Reservas”, que sería fundado en el exterior, en una jurisdicción segura como Estados Unidos o Irlanda, por lo que próximas gestiones de Gobierno no podrán usarlos para tomar deuda, como ocurre ahora.
También existiría el Fondo de Estabilización Monetaria, que servirá para liquidar la otra parte de los pasivos del Central: las Leliq. Su valor nominal equivale a tres veces la base monetaria y dos tercios de los depósitos del sector privado en los bancos. La falta de reservas netas implica que el BCRA solo puede pagarlas con la maquinita y emisión futura. Para solucionar el problema, la propuesta de Ocampo y Cachanosky incluye canjear las Letras Intransferibles (LI), Adelantos Transitorios (AT) y otros títulos públicos del BCRA por una cartera de bonos emitidos bajo ley de Nueva York con el mismo valor nominal.
Educación: Educard, los vouchers para elegir escuela
Por Lucila Marín.- EduCard, así se llamaría la tarjeta en la que un eventual gobierno de Javier Milei cargaría los vouchers para que las familias elijan a qué escuela mandar a sus hijos. “Como una SUBE”, suele repetir el libertario ante las cámaras de televisión para describir el sistema que pretende implementar en materia educativa en caso de llegar a la Casa Rosada y su principal propuesta en ese área.
La iniciativa, que no es nueva y fue muy transitada durante la década del 90, significa un cambio en el sistema actual de subsidios y propone que los fondos de Educación no se destinen, como sucede hoy, a la oferta –los establecimientos–, sino a la demanda, o sea, a los estudiantes y a sus familias. Por lo tanto, las escuelas, y el presupuesto con el que contarían, dependerían de la elección de los beneficiarios.
“La entrega del voucher podría hacerse por medio de una tarjeta, con una cuenta, como las Educational Savings Accounts (ESA), que funcionan en algunos estados de Estados Unidos. Con esa tarjeta, el estudiante paga la cuota de un colegio, público o privado. Algo similar puede suceder con las universidades. Después, por supuesto, hay muchos detalles para definir y la implementación de una reforma de ese tipo no es inmediata, pero sí lo es la apertura y la mayor libertad por el lado de la oferta”, precisa Martín Krause, a quien Milei suele presentar como su futuro Secretario de Educación.
En su eventual gobierno, no existiría un Ministerio de Educación, sino que estaría incluido dentro del de Capital Humano, que unificaría las actuales carteras de Salud, Desarrollo Social y Trabajo, entre otras. Al frente de este nuevo organismo, según adelantó Milei en algunas entrevistas, estaría Sandra Pettovello, hoy tercera candidata a diputada por la ciudad de Buenos Aires.
“El presupuesto que hoy se dirige hacia las escuelas se dirigiría hacia las familias, para que puedan elegir el establecimiento educativo que prefieran”, resume Krause. En medio de este debate, Ricardo Coca, titular de la Secretaría Administrativa Financiera de la Universidad Nacional de San Juan, indicó que si este sistema de vouchers se aplicara, implicaría que el arancel por alumno sería del orden del 1,5 o 2 millones de pesos el año.
“La educación tendría que ser un negocio. Y no es mala palabra. Es el mercado pudiendo asignar los recursos a las necesidades. Si no se trata como negocio y se trata como un derecho, sonaste”, sintetizó Alberto “Bertie” Benegas Lynch, hijo de quien Milei considera su “prócer” y primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, en una entrevista con elDiarioAr.
El primer obstáculo para implementarlo es la Constitución. En la Argentina, desde 1853 la educación depende de las provincias, no del gobierno nacional, por lo que la implementación del sistema de vouchers es una decisión que difícilmente pueda tomar un funcionario de la Nación.
Según estimaciones de Mariano Narodowski, académico asociado al Observatorio de Argentinos por la Educación, que remitió a sus argumentos plasmados en una nota escrita en Cenital, todo el dinero nacional del sector hoy disponible para repartir entre alrededor de 10 millones de estudiantes serían unos $3000 por mes.
“Todo eso está por verse, podría ser que quienes no pagan ganancias o bienes personales reciban el monto y quienes pagan esos impuestos puedan deducirlo de ese pago”, contesta Krause, que solo accedió a responder preguntas de manera escrita.
Desigualdad
Guillermina Tiramonti, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), suma otra dificultad: la falta de datos. “No tenemos los datos que nos permitan repartir vouchers a la familia, tenemos la mitad de la población en un sistema informal”, argumenta.
“Los vouchers fueron una idea muy transitada durante los 90 y, en realidad, se había aplicado en muy pocos países, el único que lo hizo fue Chile, a través de municipalización del financiamiento. El Estado central le transfiere a los municipios el costo por escuela que se calcula a partir del número de alumnos porque está pensado como que la competencia va a permitir mejorar la calidad. Hay muchos trabajos que muestran que esto no es así. Primero, porque las escuelas no son un mercado abierto a la competencia. Además, las familias las eligen por otros motivos, como cercanía geográfica o cultural”, considera.
“El más conocido es Chile, pero Suecia, Dinamarca y algunos estados de EE.UU. tienen experiencia en la implementación. Hasta ahora lo único que se ha verificado es que no hay evidencias de mejoras en el rendimiento educativo con el sistema de vouchers y que, de hecho, aumentó la desigualdad en el acceso a la educación. En Suecia en los 15 años posteriores a su implementación, retrocedieron enormemente en las evaluaciones internacionales. Hoy no hay ningún país del mundo que avance hacia un sistema de vouchers. Fue una corriente de los 80 que se agotó a principios de los 90. Incluso el Banco Mundial y la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos], basados en los datos de las pruebas PISA, hoy se posicionan en contra de estimular vouchers”, describe Aurelia Lupis, una de las autoras de un trabajo sobre la viabilidad de los vouchers en el sistema argentino, que publicó el Observatorio Hacer Educación, dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y que dirige el exrector de esa institución, Alberto Barbieri.
“En sociedades tan desiguales como las nuestras y sin recursos, el voucher educativo no resuelve los problemas, sino que los profundiza”, resume la doctora en educación superior Mónica Marquina, quien los definió como “una solución mágica simplificada en sus aparentes virtudes”.
Alejandro Morduchowicz, especialista en Planeamiento Educativo, también destaca el impacto negativo en la equidad que podría tener una acción de ese tipo: “Que las escuelas no puedan excluir o rechazar alumnos, que se pueda velar por el correcto funcionamiento del esquema y que se garantice aprendizajes para todos requiere de regulaciones y de monitoreo que implican otro tipo de presencia estatal. Pero tal como lo plantea [el equipo de Milei], parecería que no habrá ninguna. Por eso, los efectos podrían ser más adversos aún”.
“Distribuir cupones entre familias no genera una mejora de la calidad educativa”, resume Gabriel Sánchez Zinny, exdirector general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de María Eugenia Vidal, quien, al mismo tiempo, destaca como muy positivo que la educación se haya metido como tema en la campaña presidencial.
Y detalla: “Si queremos mejorar los aprendizajes de los jóvenes, tenemos que hablar más bien de actualizar los contenidos, de la carrera de directivos y docentes, que estén motivados y estimulados, de evaluar los resultados y difundirlos, del involucramiento de las familias, de la incorporación de nuevas tecnologías y mejora de la infraestructura. Estos son los temas centrales. Sobre el financiamiento, es positivo que está relacionado con los resultados de los aprendizajes, y con los estudiantes. Pero no pareciera que un sistema de vouchers conduce a mejorar esos aspectos. Ni tampoco que genere mayor movilidad social, u oportunidades a los estudiantes más vulnerables”.
En esa misma línea, Manuel Álvarez Trongé, presidente de Proyecto Educar 2050, dijo: “Es una propuesta confusa, parcial, sin evidencia rigurosa demostrada de éxito, inviable bajo el sistema federal educativo actual previsto en nuestra Constitución y nuestras leyes, y que, por sobre todas las cosas, no explica ni parece ser el adecuado para solucionar los graves problemas que tiene hoy la Argentina en su enseñanza y aprendizaje. La complejidad educativa y la crisis y desafíos de calidad, desigualdad, exclusión, de formación docente, de incumplimientos a las leyes y de financiación que tiene nuestro país necesita de propuestas muy profundas, integrales, precisas que den lugar a un plan serio de política de Estado y no de gobierno”.
Trabajo: seguros de desempleo y un golpe contra los sindicatos
Por Nicolás Balinotti.- En lo relativo a la hoja de ruta laboral, se supo poco a pesar de las advertencias kirchneristas sobre una eventual poda de derechos contemplados en la ley, como el aguinaldo o las vacaciones, algo que a priori no estaría en los planes. Se sabe por ahora que en caso de ganar Milei, el Ministerio de Trabajo bajaría a rango de secretaría y que sería absorbido por el ministerio de “Capital Humano”, un área que estaría a cargo de Sandra Pettovello y que incluiría, además, a Educación, Salud y Desarrollo Social.
Pettovello es licenciada en Ciencias de la Familia, egresada de la Universidad Austral. Es también candidata a diputada nacional. Militó en la Ucedé y en Pro como muchos otros de sus compañeros libertarios. No tiene vínculo con los gremios ni el empresariado. La asesora Oscar Zago, un exdiputado porteño que fue radical, de Pro y tesorero en el sindicato del gas. Pero el verdadero cerebro de las reformas que podrían venirse es Miguel Ángel Punte, exnúmero dos de Jorge Triaca en el Ministerio de Trabajo de la gestión de Cambiemos y exgerente de Recursos Humanos de Ternium, del Grupo Techint.
Punte va ahora por su revancha. Expuso hace unos meses como el referente en temas laborales de La Libertad Avanza en un panel virtual organizado por el estudio jurídico Bruchou-Funes de Rioja, uno de los más taquilleros del rubro y que tiene de clientes desde empresas multinacionales hasta al gobierno bonaerense de Axel Kicillof. Punte dejó allí definiciones que permiten distinguir con mayor amplitud cuáles serían las propuestas de Milei en un área sensible, nublada de intereses sindicales, empresarios y judiciales.
Durante su paso como funcionario de Macri, Punte ganó notoriedad por una frase que terminó minando los puentes con los gremios para avanzar con una reforma que hasta había alcanzado un fugaz visto bueno de la CGT. “La posibilidad de entrada y salida del mundo laboral es una esencia del sistema. Como en el organismo lo es comer y descomer”, dijo en un intento de naturalizar las contrataciones y los despidos. Esta frase, sumado al fracaso del “plan empalme”, cuyo objetivo era reconvertir planes sociales en empleo genuino, sentenciaron su suerte en la administración pública, en la que duró casi dos años como Secretario de Empleo.
En su plataforma de gobierno, Milei propone ligeramente una “modernización laboral”. Toma como ejemplo en su presentación el modelo que tiene implementado la Unión de Obreros de la Construcción Argentina (Uocra) con un esquema de seguros de desempleo con “mayor profundidad financiera” en reemplazo de la indemnización. Se refiere al “Fondo de Cese Laboral de la Uocra”, una iniciativa que la gestión de Macri quiso impulsar y que también fue alentada por Roberto Lavagna durante la pandemia.
El fondo de desempleo en la construcción funciona de la siguiente manera: el empleador deposita el 12% del salario mensualmente en el fondo durante el primer año de la relación laboral y el 8% a partir del segundo año. El dinero se deposita en una cuenta bancaria, genera intereses para el trabajador y son inembargables. El dinero es de libre disponibilidad. El fondo sirve como alternativa a las indemnizaciones y debería ser constituido mediante convenio colectivo, con el aval de las cámaras empresariales y el principal gremio de la actividad. El monto del aporte mensual corre únicamente por cuenta del empleador sobre un porcentaje del salario y sustituye la indemnización. Milei pretende que entren en este sistema las compañías de seguros privadas, pero no dejó en claro quién haría el aporte, si el empleador o el empleado. “Está todo a nivel de arquitectura y no de ingeniería civil. Hay asuntos que no están definidos”, dijo un integrante del equipo libertario que trabaja en el diseño de las iniciativas en caso de que La Libertad Avanza se imponga en las urnas.
“La regulación laboral argentina es arcaica y solo sirve para entorpecer la generación de puestos de trabajo. Este modelo permitirá que los 8 millones de argentinos que se encuentran fuera del sistema puedan incorporarse al mismo con todos los beneficios que ello implica”, sostiene Milei en su programa de gobierno. Es apenas una puerta de entrada a otras iniciativas más profundas que por ahora prefiere no hacerlas públicas, pero que Punte las deslizó ante su auditorio empresarial.
En la exposición ante Ignacio Funes de Rioja, el hijo de Daniel, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Punte profundizó sobre el seguro de desempleo que imagina para reemplazar a la indemnización, aunque dio otros detalles. Dijo que en un eventual gobierno de Milei buscarían derogar las leyes 25.323 y 25.345, que contemplan un incremento de la indemnización en caso de falta de registración o registración laboral defectuosa. También caminó con pies de plomo sobre el régimen de pasantías al advertir que tal como está planteado genera “dudas por eventuales demandas”. Y apeló a una metáfora para exhibir cómo en su imaginario la empresa ejerce un rol central en la vida de una persona. “El servicio militar daba ciertas pautas culturales, ahora las debe dar la empresa”, sostuvo cuando habló sobre la importancia de la formación profesional y la educación.
Además, Punte puso el ojo en las contribuciones patronales. “Deben ser acordadas libremente por las partes, no deberían ser obligatorias. Las empresas podrían negarse”, especificó. De implementarse esta medida, sería un golpe para la recaudación de los sindicatos. Peor para los gremios sería si resuelve desligar a los empleadores de su rol de “agente de retención” de los importes de la cuota sindical, como reveló ayer el sitio Mundo Gremial. Lo hizo el expresidente Temer en Brasil. La intención de desfinanciar a los gremios encaja con el mensaje de Milei contra los dirigentes sindicales, a los que acusa de “mafiosos”. Uno de los puentes tendidos que tiene Milei con los sindicalistas es a través de Marcelo Peretta, jefe del sindicato de farmacéuticos y bioquímicos y que supo ser aliado de Hugo Moyano, pero ahora es candidato a diputado nacional de Patricia Bullrich. “Yo metí a Milei en la política”, se jacta Peretta, quien se define como “un sindicalista liberal”. Otro nexo invisible del candidato presidencial fue con Luis Barrionuevo: transfirió en 2004 aportes a la obra social de los gastronómicos.
Punte también se refirió a las paritarias, que se reactivaron en 2003 con la llegada de Néstor Kirchner tras haber sido suspendidas durante parte de la década del 90. No dijo que habría que eliminarlas, pero sí que deben negociarse de acuerdo a las posibilidades de cada empresa. “Siempre lo que manda es la realidad”, dijo enigmático y dejando abierta la puerta a una modificación. También apuntó contra el concepto de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo (CCT). La ultraactividad implica que todos los CCT tienen un tiempo de duración y si no hay nuevos convenios, se mantiene el actual. Esto está hoy consagrado en el artículo 6 de la ley 14.250. Dante Sica, el asesor para temas laborales de Patricia Bullrich, propuso suspenderlos temporalmente. Punte fue más moderado, aunque comulga con el pensamiento del exministro de Producción y Trabajo macrista. “Es necesario modernizar puestos de trabajos que ya no existen”, dijo el asesor de los libertarios, que durante su exposición advirtió en más de una oportunidad que “la uberización [del trabajo] es algo inevitable”.
El asesor de Milei prometió “hacer cumplir la ley” en caso de bloqueos a fábricas y dijo que un gobierno de La Libertad Avanza decretaría a la educación y al transporte como servicios esenciales para evitar medidas de fuerza gremiales.
Salud: subsidiar la demanda y no la oferta
Por Alejandro Horvat.- En el caso de la atención sanitaria, Javier Milei ofrece propuestas que, según los especialistas consultados, en algunos casos son “interesantes”, pero a su vez difíciles de aplicar. Un ejemplo de ello es empezar a financiar la demanda de salud pública, es decir, a los pacientes, y no a la oferta, o sea, a los hospitales, o que los jubilados puedan elegir otra obra social que no sea el PAMI.
En primer lugar, cabe aclarar que los ministerios de Salud, Desarrollo Social, Trabajo y Educación de la Nación en una eventual presidencia de Milei serían condensados en una única cartera llamada Capital Humano, para “atacar” de manera conjunta el problema del desarrollo de los argentinos en situaciones vulnerables, según muestra el documento que desde la Libertad Avanza envían bajo el título “Plan de Gobierno” y confirman los equipos del partido.
“Queremos dejar claro que en nuestra visión el mejor sistema de salud posible es un sistema de salud privado donde cada argentino pague sus servicios. El mejor sistema educativo posible es uno donde cada argentino pague por sus servicios. Esto es así. No es debatible. En sistemas privados los ciudadanos obtienen un mejor servicio. Debemos ir en el largo plazo a sistemas privados de salud y educación, y debemos aspirar a eliminar la asistencia social directa. Pero eso no puede ocurrir hasta que la Argentina sea un país próspero”, se lee en el texto.
En relación a la idea de que en los sistemas privados los ciudadanos obtienen un mejor servicio, Rubén Torres, presidente de la Federación Latinoamericana de Hospitales y presidente del Instituto de Política, Economía y Gestión de Salud, sostiene que en parte eso es cierto, pero a su vez esos sistemas no son equitativos.
“El ejemplo más claro de ello es Estados Unidos, donde la gente gasta una fortuna en seguros médicos y los que no los pueden pagar tienen importantes problemas para poder acceder a controles y tratamientos médicos, porque son muy costosos”, sostiene Torres.
Una lineamiento central que plantea Milei para el sistema de salud es pasar del subsidio a la oferta, para subsidiar a la demanda “para que cada argentino tenga libertad de elegir dónde se atiende, sin tener que preocuparse por el costo”. A su vez, indica que de ese modo busca fortalecer la descentralización y la competencia entre establecimientos sanitarios.
En una entrevista días atrás con La Nación, el candidato a ocupar la Secretaría de Salud dentro del eventual Ministerio de Capital Humano, Eduardo Filgueira Lima, lo explicó así: “Tener una enfermedad es un riesgo y tener un seguro no lo evita, pero sí permite diluir el riesgo financiero que podría significar que la persona tenga que afrontarla sola si ocurre. En el caso de los hospitales, esto se financia a través de los impuestos que se paga al Estado, que definen un presupuesto para la atención de la enfermedad de esos pacientes con un subsidio para las personas que no tienen el recurso, pero que se entrega al hospital. Esto es subsidiar la oferta. Lo primero que vamos a hacer es promover, incentivar, aportar y apoyar al desarrollo del seguro de salud a través de seguros provinciales”. Sería con asistencia técnica a las provincias y de manera progresiva en un primer año, agregó.
“La idea de dejar de subsidiar la oferta y subsidiar la demanda tiene lógica, aunque no podría ser algo que se haga de un día para el otro. En Europa los hospitales públicos siempre han tenido presupuestos para el mantenimiento, pero el resto de los ingresos provienen de prestaciones que realiza el hospital. Además, suele suceder que hay hospitales municipales, provinciales y nacionales ofreciendo lo mismo a pocas cuadras de distancia y a ninguno le alcanzan los recursos, eso es porque están mal organizados”, describe Torres.
Otro ejemplo de la mala utilización de los recursos, o la superposición de prestaciones, según Torres, es que, por ejemplo, el 90% de los que sufren un accidente vial se atienden en el hospital público, cuando la gran mayoría tiene una prepaga.
Por su parte, Adolfo Rubinstein, ministro de Salud durante el gobierno de Mauricio Macri, cartera que luego se convirtió en una secretaría, señala que en el corto y mediano plazo no es posible pasar a subsidiar la demanda, a menos que el objetivo sea provocar un caos sanitario.
“Con esa idea, en teoría, los usuarios premian a quien les brinda el mejor servicio y responde mejor a sus necesidades, por lo que mejoraría la efectividad y calidad de las prestaciones. Por supuesto, este es un concepto teórico que no funcionó y se abandonó luego de la década del ‘90, cuando estuvo de moda de la mano de las reformas neoliberales. Además, ¿qué se haría con los hospitales y los trabajadores asalariados del sector público en las provincias y municipios del país? ¿Cuál sería el aporte de ese voucher, si Milei habla de una profunda reducción del gasto sanitario y, por otro lado, el porcentaje de población con cobertura pública exclusiva está aumentando y se acerca al 40%?”, se pregunta Rubinstein.
A nivel provincial, el programa de Milei plantea promover el desarrollo de seguros de salud provinciales para la población no asegurada, “carente y cautiva del hospital público”. Los especialistas consultados por este medio indican que esa es una de las principales incongruencias del plan de gobierno, porque programas impulsados por las provincias irían en contra de la salud privada.
Obras sociales
Por último, Milei señala que buscará a nivel nacional liberar la cautividad de los afiliados a los seguros sociales de salud (obras sociales nacionales y PAMI, entre otras) para que la gente elija libremente, estableciendo una libre competencia entre todos estos entes financiadores. Por ejemplo, un jubilado podría elegir cualquier otra obra social que no sea el PAMI.
Al respecto, Carlos Regazzoni, exdirector de ese organismo, sostiene que “desregular” las obras sociales es indispensable, excepto en el caso del PAMI.
“El PAMI es una situación especial. El riesgo de cada asegurado del PAMI es muy alto. Ese riesgo requiere de unos fondos determinados que se pagan por cuotapartes, que son los recursos de cada asegurado. Si son muchos aportantes, la cuota baja, pero subiría si pasaran a ser menos los aportantes. Hoy el PAMI dispone de 20.000 pesos por mes por afiliado para hacer frente a la demanda de salud. Ese dinero alcanza porque no todos los afiliados sufren un evento al mismo tiempo. Para que se den una idea, con 20.000 se paga solo ocho horas de internación. Los seguros de salud para los gastos de la vejez son extremadamente complejos debido a la enorme magnitud del riesgo, por eso funciona solo con una amplia base de aportantes”, detalla Regazzoni.
Medio ambiente: “El calentamiento global es otra mentira del socialismo”
Por Lucila Marín.- Javier Milei niega el cambio climático, ha dicho que el planeta se encuentra en “el nivel de temperatura más bajo” de los últimos 10.000 años. “Cuando mirás 420.000 años de historia, vas a ver que hay ciclos de temperatura, hay momentos donde el planeta está caliente y momentos donde el planeta está frío. De esos años hay cinco picos de calor, el actual es el más bajo de todos. Cuando vos mirás los últimos 10.000 años del planeta tierra, hoy es el nivel de temperaturas más bajo. Tenés un problema de parámetros, de ciclos”, dijo en una entrevista con La Nación luego de las elecciones de 2021.
“Hace 10 o 15 años se discutía que el planeta se iba a congelar. Ahora discuten que se calienta. Aquellos que conozcan cómo se hacen esas simulaciones van a ver que las funciones están sobresaturadas en determinados parámetros a propósito para generar miedo”, había sumado en una entrevista con Julián Serrano.
El ministerio de Ambiente está entre las carteras que el candidato eliminaría en caso de llegar a la presidencia. Milei considera que la agenda ambiental “parece un poco tirada de los pelos” y suele repetir que el calentamiento global es “otra de las mentiras del socialismo”.
Desde hace años que hay consenso científico sobre que es un hecho y que está influenciado por la acción humana. Pero como ejemplo, basta con citar el último informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) donde los miles de científicos que lo integran advirtieron una vez más que las actividades humanas son los principales responsables del claro y progresivo calentamiento global proveniente de emisiones de gases de efecto invernadero.
Consultados por La Nación, desde La Libertad Avanza contestaron que no iban a participar de la nota.
“La Argentina iría prácticamente a contramano del mundo y mayor parte de la región. Es complejo en un país donde el rol de Nación es asegurar el presupuesto mínimo. El ministerio de Ambiente tiene una función de coordinación y además de estructuración presupuestaria, como también el equipamiento para los provincias”, apuntó Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
“Es una estructura de gestión, promoción, apoyo para que las jurisdicciones implemente las cuestiones ambientales”, sintetizó Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina y detalló que Nación tiene muy pocas herramientas para actuar, pero es quien debe articular con las provincias, que tienen las jurisdicciones de los recursos nacionales. “¿Cómo vamos a hacer para tener una coordinación con otros gabinetes si no tenemos ninguna figura que articule?”, se preguntó.
“Ponerlo en otras órbitas como pasó en otros gobiernos puede ser un error porque no se tiene una mirada holística de los problemas. Por ejemplo, si se incluye en el Ministerio de Seguridad, se tiene una mirada de emergencia: apagar incendios. Cuando en realidad cuando uno afronta la cuestión de los incendios lo que tiene que hacer es trabajar en la prevención y en todo lo que es la preparación de los procesos críticos”, ejemplificó Nápoli, magíster en Derecho Ambiental por la Universidad del País Vasco.
Regulaciones y poder de policía
Entre las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental que el ministerio debe controlar que se cumplan se encuentran las leyes de Residuos Industriales (N° 25.612), de Gestión de Bifenilos Policlorados (N° 25.670), de General del Ambiente (N° 25.675), de Gestión de Aguas (N° 25.688), de Información Ambiental (N° 25.831), de Gestión de Residuos Domiciliarios (N° 25.916), de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (N° 26.331), de Control de Actividades de Quema (N° 26.562), de Protección de glaciares y ambiente periglacial (N° 26.639), de Creación del Sistema Federal de Manejo del Fuego (N° 26.815), de Gestión de los envases vacíos de fitosanitarios (N° 27.279), de Adaptación y mitigación al Cambio Climático (N° 27.520), de Implementación de la educación ambiental integral (N°27.621).
A modo de ejemplo, la ley de bosques establece qué áreas se pueden convertir para otros usos y cuáles se deben conservar. Es tarea del Ministerio asegurar que las áreas se deforesten correctamente. “¿Quién sería el encargado de administrar los recursos y asegurarse que se preserven los bosques?”, apuntó Jaramillo.
La articulación con los municipios para gestionar los basurales a cielo abierto, o el monitoreo de los agroquímicos y la cantidad que se utilizan se suman a esta lista. Hay obras en curso que también podrían verse afectadas, como el saneamiento del Riachuelo que está próximo a terminarse, y tuvo un costo de 1300 millones de dólares y contó con financiamiento internacional del Banco Mundial.
“El control ambiental requiere necesariamente de regulaciones y de ejercicio del poder de policía del Estado”, sintetizó Nápoli. El ministerio de Ambiente es también quien representa al país ante los compromisos firmados y rinde cuentas sobre los avances.
Seguridad: bajar la edad de imputabilidad y tolerancia cero para el delito
Por Hernán Cappiello.- Una auditoría sobre los empleados públicos de los ministerios de Justicia y Seguridad para dejar de lado a la “militancia y la ideologización”, atacar los cortes de rutas y usurpaciones de tierras, mantener las actuales condiciones para la portación y tenencia de armas, bajar a los 14 años la edad de imputabilidad, trabajar con un comité de crisis para atacar el narcotráfico y regresar a los postulados de la “tolerancia cero” para combatir el delito urbano son las principales características del plan de seguridad que tiene en carpeta Javier Milei en caso de llegar al poder.
Dentro de La Libertad Avanza, tanto Seguridad como Defensa son áreas coordinadas por Victoria Villarruel, quien dijo a La Nación que en caso de ganar las elecciones será vicepresidenta y presidenta del Senado, pero también la responsable de los dos ministerios, que estarán a cargo de sus respectivos ministros, cuyos nombres todavía no se definen.
Una de las ideas rectoras del plan de Milei es potenciar el Consejo Nacional de Seguridad Interior y coordinar la tarea entre Nación, provincias y municipios. La base para implementar esta política es “recurrir a la figura del comité de crisis” ante el narcotráfico, principalmente en Rosario, de modo de reunir en un equipo a las fuerzas federales y las locales en una zona en particular y trabajar en coordinación. La idea, señala Villarruel, es apuntar a la producción, el tráfico y el consumo, además de realizar una campaña para atacar el uso de drogas en menores de edad.
“Se habla de legalizar el consumo de droga, pero esto no desalienta los delitos asociados. En Uruguay se legalizó la marihuana y el delito continúa para conseguir droga con mayor efecto alucinógeno que la de venta legal”, afirma Villarruel, actual diputada nacional. Señala que la idea se completa con la reglamentación de una ley que regule el decomiso de los bienes del narcotráfico que complemente la actual.
El otro eje del plan de Seguridad que propone Milei engloba el combate de las usurpaciones de tierras fiscales y privadas con los cortes de rutas, piquetes y todo lo que signifique afectar la libertad de circulación. Villarruel dijo que las usurpaciones “se cometen bajo el paraguas de reivindicar derechos de los pueblos originarios”. Sostuvo que su partido “reconoce la preexistencia de los pueblos originarios, pero siempre que no implique avanzar sobre los derechos adquiridos de los otros ciudadanos”. La Constitución reconoce que los pueblos indígenas son preexistentes al Estado nacional, establece la posesión y propiedad comunitaria de sus tierras, regula la entrega de otras “aptas y suficientes para el desarrollo humano”, y asegura su participación en la gestión.
Villarruel dice que se buscará derogar la ley 26.160, de 2006, que suspendía por cuatro años los desalojos de comunidades de pueblos originarios mientras durara la emergencia y que se ya se prorrogó cuatro veces. “Vamos a suspender la prórroga de esta ley y auditar lo que hizo el Instituto de Asuntos Indígenas otorgando tierras fiscales privadas a comunidades que no existían 50 años atrás”, señala.
En cuanto a la persecución de los cortes de rutas, la candidata negó que se busque criminalizar la protesta social. “Cuando más se tarde en liberar una ruta, más cruento es. El objetivo no es criminalizar la protesta. El derecho a manifestarse está reconocido por la Constitución. Pero cortar rutas, incendiar gomas, impedir la circulación y llevar niños a una manifestación para usarlos como escudo no puede ocurrir. Cada uno debe poder ejercer su derecho sin avanzar sobre el de la libre circulación del resto de los ciudadanos”, dijo.
Villarruel afirmó que lo que defiende La Libertad Avanza es el uso del monopolio de la fuerza por parte del Estado. “Nuestra intención no es violar los derechos humanos. No es reprimir salvajemente, pero cuando se necesita hay que hacer respetar la ley para que se aplique para restablecer el orden”. Por eso, propone una ley para reglamentar el derecho a manifestarse, ya que la legislación actual antipiquetes -dijo- “no se puede aplicar”.
El plan Giuliani
La Libertad Avanza quiere resucitar la política de los 90 de tolerancia cero, que encandiló a Carlos Menem y que tuvo entre sus creadores al exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, también consultor de Sergio Massa hace cinco años. Giuliani hoy enfrenta problemas legales como organizador del complot para negar la victoria de Joe Biden ante Donald Trump con noticias falsas y se le suspendió su matrícula de abogado. Su estrategia era castigar el delito más pequeño en la creencia en que si se toleraba, luego se iban a normalizar los delitos más graves.
“No estoy de acuerdo con la mano mano dura, creemos en la mano justa, no vamos a reprimir salvajemente. Vamos a aplicar la ley y aquel que esté delinquiendo debe responder por sus actos teniendo presente que somos conscientes de los derechos humanos de los que delinquen”, dijo Villarruel.
Ella se propone además reordenar las fuerzas de seguridad para acabar con la insatisfacción de aquellos policías federales que pasaron a la Ciudad. “Perdieron beneficios como la antigüedad”, sostuvo. Y dijo que se buscará trabajar sobre su equipamiento, el uniforme y el armamento. En cuanto al Servicio Penitenciario, propone restablecer el área de inteligencia penitenciaria, desmantelada por este gobierno.
A pesar de que Milei se pronunció en favor de “la libre portación de armas” y luego dijo que este asunto no está incluido en su plataforma, Villarruel indicó que no hay intención de modificar la ley actual sobre armamento de la población civil.
“La ley actual es exhaustiva en cuanto a las condiciones. La portación de armas es para las fuerzas de seguridad y determinados civiles en casos excepcionales, y la tenencia es otra cosa diferente”, dijo Villarruel. “No tenemos intención de modificar la ley, solo queremos que se aplique y que el Estado no desaliente al ciudadano que cumple con los requisitos”, señaló.
Ahora en cuanto a si propondría una política de desarme, Villarruel lo consideró innecesario ya que “los delitos cometidos con armas no los realizan los legítimos usuarios”. También se mostró de acuerdo con el uso de las pistolas eléctricas Taser para situaciones determinadas, en centros urbanos, en situaciones de cercanía, pero dijo que “las fuerzas policiales deben seguir portando armas de fuego”.
Habló de modificar la ley de seguridad privada para integrar esa actividad a la seguridad pública “coordinando las acciones en algunos lugares” e insistió con bajar la edad de imputabilidad penal a los 14 años “porque estadísticamente los delitos son cada vez más cometidos por menores que no deben ser juzgados como niños”.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/
