Por Antonio Rossi.- La administración kirchnerista va camino a cerrar su gestión en diciembre de 2015 con una marcada “mancha ambiental negativa” derivada de la crisis energética.
Por cuarta vez desde 2008, el gobierno volvió a prorrogar el régimen de excepción que le permite a las usinas térmicas continuar utilizando combustibles líquidos importados de baja calidad y con contenidos de azufre que superan los parámetros ambientales internacionales.
Ante la falta de gas y la necesidad de seguir trayendo del exterior gasoil y fueloil de calidad inferior que proviene básicamente de Venezuela, la secretaría de Energía que conduce la camporista, Mariana Matranga, resolvió extender el “paraguas legal” que se había implementado hace 6 años en forma transitoria para que las generadoras térmicas no sean penalizadas por el uso de los combustibles más contaminantes.
Si bien el régimen ambiental menos riguroso está armado para cubrir a las usinas, el principal beneficiario es el propio gobierno que monopoliza todas las importaciones de gasoil y fuel oil de inferior calidad que luego redistribuye a los generadores. Para este año, las proyecciones indican que los suministros de combustibles líquidos del exterior ascenderán a casi US$ 4.000 millones.
Con el fin de acoplarse a los estándares ambientales internacionales, en enero de 2001 el gobierno de la Alianza había establecido los nuevos límites máximos para las emisiones contaminantes que debían empezar a cumplir las centrales térmicas a partir de 2008.
Al llegar ese año y con los primeros coletazos de la crisis energética sobre el tapete, la administración kirchnerista comenzó a estirar la entrada en vigencia de los nuevos parámetros ambientales. Por la resolución 150/2008, la secretaría de Energía autorizó hasta nuevo aviso que el máximo de azufre en el fuel oil sea de 10.000 partes por millón en peso (mg/kg) en lugar de las 7.000 partes por millón que estaban previsto desde ese año.
Además, por otra resolución (225/2008), estableció un “procedimiento excepcional y transitorio” para flexibilizar los controles ambientales y permitir hasta el año 2011 el funcionamiento de las centrales térmicas con combustibles líquidos más pesados y contaminantes.
En 2011, los funcionarios de Energía –por medio de la resolución 147—pospusieron ese régimen excepcional por un año más.
En 2012 y ante el agravamiento de la crisis energética, el gobierno nacional– a través de la resolución 718 de la secretaría de Energía—volvió a prorrogar el esquema para el uso de combustibles de baja calidad hasta diciembre de 2013.
Ahora y tras obtener el visto bueno del ministro de Economía, Axel Kicillof (que es quien realmente define la política energética desde la restatización de YPF), la titular de Energía aprobó –por la resolución 76–una nueva extensión del régimen ambiental más laxo que tienen las centrales térmicas desde 2008.
La norma firmada por Matranga contiene varias perlitas.
La primera es una curiosa similitud con la célebre frase del ex ministro de Economía, Alvaro Alsogaray acerca de que “hay que pasar el invierno”. Entre sus fundamentos, consigna expresamente que “el sistema de generación de energía eléctrica se encuentra con un nivel de utilización pleno de todas las unidades instaladas, por lo cual para asegurar el abastecimiento eléctrico será necesario que en el invierno las unidades térmicas como las de turbogas y ciclo combinado existentes continúen funcionando con un alto porcentaje de utilización de combustibles líquidos hasta la readaptación del sistema”.
En segundo lugar, reconoce que las empresas no tienen recursos para hacer las inversiones necesarias y que las usinas no pueden salir de servicio porque se pone en riesgo el abastecimiento. “Existen equipamientos que con el cambio a combustible líquido les resulta difícil a la fecha alcanzar los límites especificados, para lo cual deberían realizar inversiones no programadas, ni contempladas oportunamente”, advierte el texto de la resolución publicada en el Boletín Oficial.
Y en tercer lugar, aparece un aspecto legal muy controvertido. La norma establece que la prórroga del régimen ambiental de excepción para las generadoras se aplicará en “forma retroactiva” desde el 1 enero de 2014 y llegará hasta el 31 de diciembre de 2015.
Por esta polémica vía, el gobierno apunta a lograr un doble objetivo. Por un lado, subsanar el error que cometió al no prorrogar antes el esquema excepcional que había perdido vigencia el último día de 2013. Y por otro lado, borrar los incumplimientos en materia de contaminación y emisión de gases que habrían registrado las usinas entre enero y octubre cuando no estaban amparadas por las menores exigencias ambientales.
