Fiel a su estilo confrontativo y poco democrático, Kirchner no respeta el sentido de la división de poderes en un sistema republicano. Cuestionó a la Cámara de Casación Penal por demorar causas por violaciones a los derechos humanos.
Al mismo tiempo, el ministro Aníbal Fernández pidió la renuncia del presidente de ese tribunal Alfredo Bisordi. “¿Por qué no renuncia?. Hágale un bien a la patria”, dijo. Esta Cámara se completa con Gustavo Hornos, María de Durañona y Vedia y Eduardo Riggi.
Ante esto, el titular de la Cámara de Casación Penal aseguró que el Gobierno va “hacia la suma del poder público. “El Presidente ordena por televisión a los jueces cómo deberían resolver las causas para que se consideren acreedores a continuar en el ejercicio del cargo”, denunció. Y agregó: “Nunca he visto una intromisión en la labor de los tribunales como la del ahora Presidente”.
La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires expresó su preocupación por el conflicto suscitado entre el Poder Ejecutivo y la Justicia, recordando las modificaciones en el Consejo de la Magistratura y en el Jurado de Enjuiciamiento.
La Sociedad de Abogados Penalistas señaló que “resultan incontrovertibles la independencia de criterio y probidad con que actúan los magistrados cuestionados”.
La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal dijo que “es una coerción inaceptable, más allá de un claro prejuzgamiento ante un eventual enjuiciamiento por parte de este órgano”.
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia que preside el rafaelino Ricardo Lorenzetti pidió “mesura, equilibrio y respeto a la independencia judicial”.
El alto tribunal admite implícitamente que el Consejo de la Magistratura pueda investigar la conducta de los jueces cuestionados, pero reclama que se respete la independencia de la Justicia.
A decir verdad, el antecedente de un Gobierno hurgando en la integración de los tribunales o en la opinión de los jueces podría traer consecuencias de temor y de cierta parálisis en la Justicia.
En medio de la fuerte presión oficialista en su contra, el juez Bisordi decidió dar un paso al costado, al menos por un mes. Con problemas cardíacos y sin el apoyo de sus pares de la Cámara, pidió una licencia fundada en motivos de salud.
¿En qué país estamos ingresando en el que las más altas autoridades de la Nación maltratan a un juez como si fuera un reo?
De seguir así Kirchner con esta política gubernamental no se sabe a dónde vamos a terminar como país, seguramente más enfrentados y más cerca del autoritario Hugo Chávez y cada vez más lejos del mundo civilizado.
Emilio Grande (h.)
