Por Adán Costa.- La matanza indígena contra los pueblos qom y moqoit de San Antonio de Obligado del año 1887 y de San Javier de 1904, ambas del norte de la Provincia de Santa Fe, están siendo planteadas en este año 2023 ante la Justicia Federal Argentina como juicios por la verdad histórica, como ocurrió con la masacre de Napalpí de Chaco de 1924, con sentencia firme desde el mes de mayo de 2022.
El ejército de línea dirigido por Julio Roca avanzó su genocidio contra las comunidades ranqueles, tehuelches y mapuches de nuestra Patagonia, en 1878. Con la advertencia, quizá desde la culpa por lo que esas elites estaban cometiendo, que planteara el senador Aristóbulo del Valle en 1884, la llamada campaña del desierto dirigida al sur, cambió de sentido, se fue al norte del país.
Allí cambió la estrategia, para no perder el peso de su opinión publica. No fue un ejército avanzando, fueron instalando un serie de reducciones indígenas «espirituales» como San Antonio y San Javier y «civiles» como Napalpí, con una línea de fortines custodiándolas.
El resultado, el mismo que en la Patagonia. Crímenes de lesa humanidad que el Estado argentino cometió en nombre del progreso contra su propio pueblo, pero con el idéntico afán de expandir la frontera económica en las ultimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX. Vacas, azúcar, madera y algodón.
Los juicios por la verdad son procesos judiciales impulsados ante algún tipo de imposibilidad legal para el ejercicio de la acción penal, para determinar las personas culpables y condenarlas. En este caso, por el paso del tiempo los acusados están fallecidos. Este tipo de proceso judicial pretende que se investigue el hecho para esclarecer las circunstancias, la verdad histórica.
En estos sucesos, donde la crueldad de la violencia institucional fue ejercida a comunidades por su condición étnica, restablecer la verdad histórica es imprescindible para comprender un proceso histórico que se proyecta hasta hoy.
Aquellas comunidades nunca aceptaron ser reducidas civil o espiritualmente a una servidumbre o una esclavitud para engrosar las rentas de los dueños de los ingenios azucareros o del algodón. Tan triste y sencillo, como negado, y oculto fue lo que ocurrió. Se decía que los indígenas iban al alzarse en malón.
El terrorismo de Estado de la dictadura cívico militar de 1976 simulaba fugas o enfrentamientos cuando masacraba por la espalda. Se justificaba esa esclavitud indígena, casi un siglo después de su abolición, en el nombre sagrado progreso económico. Alguna responsabilidad, no toda y no a todos, les cabe a la inmigración que organizaba colonias agrarias detrás de esa línea de fortines, en esas mismas geografías.
Reparación histórica, reparación cultural y reparación económica para los descendientes de las víctimas. Hay que revisar con mucho cuidado en el presente cuando comunidades mapuches bloquean algún ducto de gas en Vaca Muerta, Neuquén, o cuando comunidades kollas y aymaras del Jujuy reclaman por una reforma constitucional inconstitucional que les cercena derechos. El algodón era el oro blanco del siglo XIX como lo es el litio en el siglo XXI.
Hoy estas comunidades originarias santafesinas están siendo acompañadas en su reclamo de justicia. Abogadas y abogados que las constituyen como partes querellantes en el proceso judicial; sindicatos de trabajadores docentes, que a su vez, levantan su reclamo por el derecho a la educación intercultural de los niños y adolescentes del presente; investigadores, historiadores y académicos del Conicet; el prestigioso Equipo Argentino de Antropología Forense y el sentido de dignidad de las comunidades descendientes de las tragedias, sostienen este foco encendido por memoria, verdad y justicia.
Las cosmovisiones originarias piensan en forma de espiral y ciclos, no en términos lineales, como piensa occidente. Recuperar los restos de sus ancestros, quienes fueron ejecutados y tirados en fosas, les va a permitir cerrar ese ciclo de vida, aún latente. Para llorarlos y volver a empezar. Es tan importante la historia, porque no es una historia que está cerrada, por tanto es presente. Es demoledoramente presente.
Victoria Villarruel, hija y nieta de militares, hoy candidata a la vicepresidencia de la Nación por un partido político, hace muy poco tiempo, en mayo de 2022, negaba que lo de Napalpí de 1924 haya sido un crimen de lesa humanidad, y lo fustigaba públicamente. La historia tiene que estar dirigida por la Ética. Si no, no hay futuro para la humanidad.
El autor es abogado y docente universitario de la ciudad de Santa Fe.
