Por Dr. Enrique J. Marchiaro.- «Argentina, un país en serio», decía la campaña electoral del oficialismo en el 2003 y creo que todavía hoy se lo usa en la publicidad del Estado Nacional. Muchas pueden ser las formas de medir la seriedad de un país y entre las más elementales se encuentra si su Constitución y leyes básicas se cumplen o no, al menos en grandes líneas.
Muy conocido es entre nosotros el incumplimiento crónico y generalizado de las normas por parte de la sociedad argentina, no sólo del Estado.
Claro que hay una diferencia técnica y ética muy importante: el Estado es el que dicta las normas y debe exigir su cumplimiento, siendo garante también de la legalidad. Si ya es grave que buena parte de la sociedad incumpla leyes básicas, en cabeza del Estado ello es como un cáncer social.
Platón en La República lo dice claramente: «…que los zapateros se envilezcan, se dejen corromper y finjan ser lo que en realidad no son, no encierra peligro para la ciudad; pero que los guardianes de las leyes y de la ciudad no lo sean verdaderamente sino sólo en apariencia, puedes comprender que traería de arriba abajo la ruina completa de la ciudad, ya que esos guardianes son los únicos a quienes compete procurar la felicidad de todos».
A su vez, una cosa es incumplir leyes y otra la ley de leyes, que es la Constitución Nacional: Y el actual Ejecutivo -como también Menem- desde el 2003 en adelante hizo uso y abuso de la «emergencia pública» que está prevista incluso hasta el 2011. Y que significa en concreto: pues nada menos que «suspender la aplicación de una parte de la Constitución por razones de emergencia». Es un estado de excepción limitado a lo económico y social.
La emergencia existe como tal en todos los regímenes constitucionales, el tema es que es una medida tan grave que casi no se la usa. Es una medida de excepción o anormal para situaciones excepcionales o anormales: el caso típico es una catástrofe natural o una epidemia.
Situaciones excepcionales requieren remedios excepcionales. Cualquiera entiende que estas situaciones requieren concentración temporal del poder y habilitación de medidas que incluso pueden limitar severamente derechos individuales, en la medida que sean indispensables para resolver la situación.
Es el caso del último terremoto de Chile: de inmediato se dictó la emergencia, habilitando la actuación del ejército, con toque de queda ante los saqueos y medidas que habilitan a paliar los numerosos problemas. De ese modo no se hacen licitaciones para comprar medicamentos, se pueden incluso pedir de modo forzoso a los particulares alimentos para repartir, etc. Pasó algo similar con el Tsunami años atrás en Tailandia. ¿Y pasa ello con la crisis financiera desde el 2008 en Europa y USA?
Hasta aquí el tema parece simple y se entiende que son medidas muy excepcionales y que por ello mismo pocos países del mundo la utilizan.
¿Y en materia económica y social es válida su implementación? En la medida que el propio Estado no haya contribuido a la emergencia podría hacerlo como remedio excepcional….el tema es que esto es un tema de debate interminable. Y mientras debatimos se las dicta, primero por decreto puro en tiempos de Menem y desde Duhalde-Kirchner por ley del Congreso.
Resulta elemental comparar lo que ocurre en otros países en un tema idéntico: sólo en la década del treinta y durante la segunda guerra mundial. Desde entonces hay muy poco uso del mismo en materia económica en los países centrales, mientras que América Latina ha creado a través de este mecanismo un sistema legal paralelo.
La existencia de pobres en un país no permite el dictado de una emergencia. Sostener ello es poco menos que insólito, es casi lo mismo que emitir moneda porque no hay dinero en las arcas públicas. Todos saben que lo segundo felizmente se dejó de hacer (luego de traumáticas experiencias y porque los standares internacionales ya no lo permiten), mientras que lo primero parece que no está muy claro en la clase política, la que cree que porque hay todavía muchos pobres es correcto habilitar mecanismos de excepción.
La emergencia económica para dictarse tiene dos causas: que la situación se dé de tal magnitud que no pueda resolverse con los remedios legales ordinarios y que fruto de la crisis económica se pongan en riesgo las instituciones básicas del Estado. Como cualquiera puede entender, ello sólo ocurrió en los difíciles días del 2001 pero ni remotamente se da hoy, 9 años después.
¿Y por qué se mantuvo y mantiene tantos años? Parece insólito, pero entre otras cosas para no pagar deuda pública remanente y sobre todo para concentrar más poder en el ejecutivo de turno. Otra explicación racional no hay, ya que el mismo oficialismo sostiene -y es real- que estamos lejos de la crisis del 2001.
La emergencia para un país -y su clase dirigencial- es lo más parecido a un enfermo alcohólico: no puede reconocer su enfermedad y su tratamiento es bastante largo para salir adelante. En este interregno estamos, pero creo que no se asume la profundidad de la enfermedad, pues la emergencia como tal se viene usando en Argentina desde 1930 sin cesar.
Es un sistema legal paralelo porque la emergencia no es otra cosa que «dejar sin vigencia temporal una parte de la Constitución y de algunas leyes básicas». De esta forma, el Estado se auto-declara en quiebra y paga del mejor modo que cree a sus proveedores, contratistas y sobre todo las sentencias judiciales. La concentración de poder en el Ejecutivo es enorme en emergencia y prueba de ello es que los últimos quince años las grandes transformaciones (o involuciones en muchos casos) fueron de la mano de la emergencia: las privatizaciones primero y luego sus re-estatizaciones.
Como verá el lector, esta cuestión está «fuera de la agenda política» ya que si bien la oposición lo ha planteado ello se ha diluido junto a varias iniciativas que se empantanan en un Congreso donde los palos en la rueda, ahora sí, los pone el ejecutivo, claro que de modo paralela nuestra Presidenta dice que los palos en la rueda los pone la oposición.
La última prórroga de la emergencia nacional se hizo a fines del 2009 (antes del recambio del Parlamento) y se dio por dos años, así que vence en el 2011. ¿Veremos un cambio en este punto…o todo dependerá de quién sea Presidente?
Fuente: diario La Opinión, Rafaela, 9 de setiembre de 2010.
