En un fallo predecible para los expertos al opinar que recurrir a La Haya fue un error y que ahora el gobierno argentino deberá negociar con Uruguay desde una posición más desventajosa, la Corte Internacional de Justicia rechazó conceder a la Argentina una medida cautelar que obligue al Estado uruguayo a exigir a las pasteras Botnia y ENCE que suspendan las obras de las plantas de celulosa que construyen en Fray Bentos.
La presidenta Rosalyn Higgins destacó que «la Argentina no ha convencido a la Corte de que las papeleras causarán un daño irreparable» al medio ambiente. La Argentina de llevarse el mundo por delante y desafiante desde el atril presidencial pasó a un segundo plano. El que hace unos días despotricó contra el periodismo argentino, ahora optó por un silencio sugestivo: “Qué pena me da ver el rostro de Kirchner”, sería la respuesta de cualquier colega. ¿Ya cambió otra vez de humor, señor Presidente? Primero hay que empezar a solucionar el pasivo ambiental argentino como el Riachuelo.
Volviendo a La Haya, «la Corte, por 14 votos contra uno (en forma inapelable), encuentra que las circunstancias del caso no son tales como para dictar medidas cautelares que suspendan la autorización ni la construcción de las plantas sobre el río Uruguay».
Agregó que tampoco «existe indicio que indique que la decisión de autorizar la construcción de las plantas implique una amenaza inminente al medio acuático del río Uruguay o a los intereses económicos y sociales de los ribereños».
Sin embargo, aclaró que «esta decisión tampoco afecta el derecho argentino a futuro», ya que Argentina «podría presentar otras solicitudes de medidas cautelares en el caso de que hubieran nuevos hechos» que profundicen esta controversia entre ambos países.
«La amenaza de contaminación no es inminente porque las plantas no empezarán a funcionar antes de agosto de 2007 en uno de los casos, y de agosto de 2008 en el otro caso», dijo la jueza británica. A decir verdad, faltaron demostrar elementos probatorios de una contaminación tangible. Por ejemplo, en Rafaela hubo efectos nocivos de contaminación ambiental con la muerte de peces en los arroyos de pueblos y comunidades de la región.
Recordó también que «la decisión final está pendiente», ya que esta resolución es respecto del pedido de medida cautelar de Argentina. Además de adjudicar a Uruguay la responsabilidad sobre posibles daños, la última opción si existieran daños será el desmantelamiento de las plantas.
Las decisiones judiciales deben ser aceptadas por más que no gusten y los asambleístas de Gualeguaychú no deben volver a la locura de los cortes de rutas hacia Uruguay porque violan el artículo 14 de la Constitución Nacional. Frente a un mal nunca se lo combate con otro mal: si se produjera contaminación hay que probarla…
Emilio Grande (h.)
