Por Emilio Grande (h.).- El secretario de Industria nacional Fernando Grasso, quien fue acompañado por el diputado nacional José Núñez y el director de INTI Rafaela, Omar Gasparotti, tuvo ayer una maratónica agenda en nuestra ciudad.
«Tenemos que trabajar en bajar la carga tributaria con pasos importantes en un proceso que fija un horizonte de baja de tributos, en un contexto de ajustar el gasto vinculado al déficit fiscal», expresó a este cronista.
Sobre el impacto del tarifazo en las pymes, respondió que «el cuadro tarifario tiene múltiples aristas. Teníamos una situación que era sustentable en el tiempo con una economía que se autoabastecía y exportaba energía a una economía deficitaria, se consumió el stocks de energía, tenemos un problema de generación y falta de inversión en el transporte y la distribución. Las empresas no tenían el control porque el 70-80% de la tarifas era subsidios, en un esquema sin sistema de precios, sin incentivo a la inversión y había que revertirlo; la energía más cara es la que no se tiene. El proceso de ajuste de tarifas tiene que ver con buscar el equilibrio que es complicado, tenemos que transitarlo y asumirlo con responsabilidad. La distorsión que existía en todo el país con las tarifas metropolitanas muy bajas respecto a lo que pagaban en el interior, generando distorsiones competitivas muy fuertes. El horizonte a futuro es en la medida que sigan avanzando las inversiones en el sector vamos a ir convergiendo a tarifas que aún hoy siguen en muchos casos siendo bajas respecto a lo que pagan países de la región».
Luego de visitar Thermofin en el PAER y VMC en Av. Sáenz Pena, se realizó una reunión en la sede del CCIRR en la que participaron su presidente Andrés Ferrero, Rubén Burkett, Gabriel Rivarossa, Diego Turco (PAER), Andrés Rossi (CEDI), Mauricio Rizzotto (CIMR), Valeria Fontaneto (CAPIR) y Gastón Sara (comité ejecutivo de INTI Rafaela), Iván Acosta (director general del CCIRR), Juan J. Elz (director ejecutivo de CIMR), Germán Bürcher (director de CACEX) y Belén Viglianco (secretaria de CAPIR).
Plantearon diversas preocupaciones: que el Gobierno amplíe el presupuesto de la obra de la autopista para que incluya la pavimentación de los caminos públicos Nº 5, 6 y 8 entre la traza actual de la ruta 34 y la variante Rafaela, lo que permitiría el desarrollo de nuevo suelo productivo en la zona industrial y facilitaría la concreción de un centro logístico que albergue los servicios necesarios para el tránsito pasante y la desconsolidación de las cargas pesadas de los transportes con destino a Rafaela.
Resultaría estratégica la continuidad del Programa Nacional para el Desarrollo en Parques Industriales. Grasso mencionó que se encuentra en evaluación, ya que prevén cambiar el enfoque de la asistencia que se brinda. Expresaron redinamizar el programa para financiar obras en parques industriales por medio de crédito fiscal.
Solicitaron la definición de un esquema de vinculación institucional para asistir a las empresas de la región sobre las herramientas y programas del Ministerio de la Producción de la Nación más eficiente y cercana. Grasso manifestó el compromiso de avanzar en una propuesta concreta y destacó los alcances de la reciente ley de «compre argentino» y la ley pyme 27.264. El costo del financiamiento es uno de los factores críticos que afectan la competitividad del sector industrial con tasas de referencia del BCRA en niveles que atentan a la producción.
Consultado sobre el «régimen fiscal para fabricantes de bienes de capital», señaló que se encuentra en observación para que se introduzcan modificaciones, aunque aclaró que está garantizada su continuidad hasta 2019.
El impacto de la elevada litigiosidad laboral: el planteo fue sobre la necesidad de que la SRT garantice una cobertura geográfica adecuada de las comisiones médicas, constituyendo una en cada ciudad cabecera de las circunscripciones judiciales existentes en la provincia. Está pendiente que la Provincia avance en la adhesión a la ley 27.348, complementaria de la ley de riesgos del trabajo.
Sobre las tarifas energéticas, es necesario que los esfuerzos del sector privado deben ser acompañados de medidas concretas del Estado, reduciendo la excesiva carga tributaria que recae sobre el consumo de energía y combustibles.
En lo que respecta al comercio exterior, señalaron atender los casos en los que las importaciones están afectando críticamente la producción local. Solicitaron que interceda para concretar la formación de la Aduana Rafaela, creada por ley en agosto de 2015. Se elevaron reclamos por la falta de información estadística oficial sobre los productos que se importan (posiciones arancelarias, cantidades, precios), ya que en un marco de apertura comercial es clave contar con datos precisos.
Finalmente, frente a unos 50 empresarios y el presidente del Concejo Lalo Bonino, Grasso informó sobre los diferentes programas y herramientas que tiene el Ministerio de Producción de la Nación para mejorar la competitividad del sector industrial.
Fuente: diario La Opinión, Rafaela, 5 de mayo de 2018.
