(Buenos Aires – 02/11/2006) .- En Rosario, COTO adquirió los terrenos de la Yerbatera Martin, JUMBO los terrenos de la ex textil Estexa y el grupo CASINO el 30% de la cadena Libertad. En Paraná WALL MART abrió en febrero de este año un local de 13.500 m² cubiertos, la misma empresa está construyendo otro hipermercado en Neuquén que abriría sus puertas en junio de este año, también en Córdoba abrió un local de 17.000 m² que requirió una inversión de 20 millones de pesos y tiene previsto abrir otro en el mes de junio de este año, la empresa planea abrir 36 hipermercados más en este año concentrándose fundamentalmente en el interior del país, más precisamente en las ciudades de Rosario y Tucumán. NORTE tiene pensado abrir 11 nuevos locales durante 1998, en este año inició sus actividades en Concordia, en breve comenzará a instalarse en Gualeguaychú y compró la cadena Abud de Paraná. Carrefour en Adrogué (provincia de Buenos Aires) inauguró su hipermercado número 19 con una inversión de 30 millones de pesos. Disco está en plena etapa de expansión, el año pasado compró la cadena Vea que tiene 26 locales repartidos entre Mendoza y San Juan y uno en Córdoba. La principal cadena de descuento DIA decidió instalar en Argentina 400 sucursales durante este año, bajo la consigna «el precio de Carrefour a la vuelta de su casa». AUCHAN tiene pensado abrir su segundo hipermercado para el segundo semestre de este año en el barrio de Saavedra en Buenos Aires.
Según datos de la consultora A. C. Nielsen en 1997 en el GBA los super, hiper, y autoservicios canalizan el 53,5% de las ventas alimentarias y en el interior concentran el 44% de las ventas, estas cifras tienden a acrecentarse por el avance de los hipermercados en el interior: en Mendoza captan el 90% de las ventas, en Tucumán, Córdoba, Mar del Plata y Bahía Blanca superan el 80%.
CÓMO RECIBE EL MERCADO LOCAL ESTAS GRANDES INVERSIONES
Tras repasar la información de medios de comunicación locales se advierte que hay dos posturas básicas ante las cuales los gobiernos de las ciudades deben arbitrar de forma equitativa: por un lado, los intereses de los consumidores, ya analizados anteriormente. Por otro lado, los intereses de los productores y los comerciantes locales, que se ven amenazados por su incapacidad para competir en las mismas condiciones con los hipermercados.
Los comerciantes locales y sus empleados se ven amenazados por que no pueden igualar las ofertas de los hipermercados y su clientela tiende a reducirse a tal punto que ya no pueden mantenerse como oferentes en el mercado. Los productores, los comerciantes mayoristas y sus empleados también se ven amenazados, ya que el cierre de los comercios pequeños afecta directamente a su demanda y esta situación los pone en posición desfavorable para la negociación con estas grandes empresas que tienden a convertirse en sus principales compradores e inclusive en sus únicos compradores.
De esta forma, estos grandes compradores terminan ejerciendo un poder monopólico sobre sus proveedores, esto les permite que, con cada apertura de un hipermercado al que abastece un proveedor, a éste se le debita un 5% de la factura, con el argumento de que los proveedores también expanden su negocio, y en caso de remodelación edilicia del hipermercado, el débito forzoso es del 3%. En otros casos, exigen descuentos anuales en el precio de lista que oscilan entre el 10% y el 30%. Estiran los plazos de pago de 30 a 60 días. Débitos por «ahorro logístico» que consiste en cobrarles a los proveedores lo que se ahorran en fletes, dado que los hipermercados instalan centros de logística en los cuales los proveedores dejan la mercadería evitando transportarla hasta cada centro de ventas, ya que son los mismos hipermercados los que distribuyen la mercadería entre sus locales. También cobran la ubicación en las estanterías al precio de un camión de mercaderías gratis por cada local.
La competencia entre estos grandes emprendimientos, que parece haberse instalado en los mercados, hace que estos recurran a estrategias que afectan la rentabilidad de sectores históricamente competitivos del mercado argentino, como es el caso del azúcar, que era ofrecida en el hipermercado WALL MART a un precio menor al de su costo presionando la baja del precio artificialmente, porque, para quienes comercializan este producto, les resulta más conveniente comprarlo en el hipermercado que directamente a los productores, ya que les permite vender más barato sin reducir su margen de ganancia. En esta misma línea, una de las dos embotelladoras más grandes de Argentina redujo un 6% su facturación a causa de la baja en el volumen vendido de la marca «Pepsi» (principal demandante de sus servicios) como consecuencia de que los hipermercados comercializan bebidas cola de su propia marca a un precio bajo.
Esto explica las distintas reacciones y argumentos que provoca el avance de estos emprendimientos a través de la red urbana. En el interior del país son muchos los pedidos de una ley u ordenanza que tienda a moderar el impacto tanto económico como urbanístico: En Rosario, se solicitó al entonces Secretario de Planeamiento de la municipalidad una copia del anteproyecto por el que se resolvió como viable la instalación de un hipermercado COTO en los terrenos de la Yerbatera Martín con el argumento de que esta área es de un predominante uso residencial y no tiene prevista la instalación de un hipermercado. En Formosa, bajo la denominación de Ley de Habilitación de Grandes Superficies Comerciales, se pretende que la legislatura sancione una norma legal que limite la apertura de los supermercados en esa provincia y que limite sus horarios de apertura permitiéndoles abrir sólo un domingo cada dos meses. El argumento fundamental de esta norma es intentar frenar el esperado incremento de la desocupación que traería aparejado la apertura de hipermercados, en base al cálculo de que 100 almacenes dan más empleo que un hipermercado, y para proteger a los proveedores entre otras cosas porque los hipermercados pagan a los 90 días.
En Neuquén, los empleados de comercio pidieron a los diputados de esta provincia que se adopte una legislación destinada a limitar la instalación de los hipermercados, basándose en un análisis que dice que los hipermercados captan entre 12 y 13 millones de dólares por mes de los 30 millones que forman parte del circulante por sueldos de la administración pública. En Santa Fe, hay presentado un proyecto de declaración para que se suspenda la instalación de supermercados hasta tanto no se sancione una ley provincial sobre esta problemática. En Mendoza, la regional de ApyME (Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios) de San Rafael emitió un documento en el que apoya el proyecto de regulación de supermercados, hipermercados y grandes centros comerciales, para evitar el deterioro de la economía y el cierre de pequeños y medianos comercios. En Concordia, la Asociación Coordinadora de Actividades Mercantiles de Entre Ríos y la Liga de Almaceneros, Autoservicios, Distribuidores y Afines de Entre Ríos, hicieron petitorios ante la Cámara de Diputados de la Provincia para que se trate la ley sobre la instalación de hipermercados. En esta misma ciudad, la instalación de un hipermercado NORTE provocó que se agotara el efectivo que había en plaza. Como consecuencia de esto, no sólo la gente dejó de comprar en los comercios pequeños, sino que, además, no tienen cómo pagar las deudas contraídas con los pequeños comerciantes; esto provocó que estos comerciantes no puedan afrontar sus pagos tributarios y sus deudas con los proveedores.
Si bien todos estos pedidos son válidos en su intención de no permitir que se monopolicen los mercados locales con sus sabidas consecuencias, están dejando de lado aspectos importantes de la vida urbana que son también afectados por la instalación de estos hipermercados. La mayoría de los proyectos de ley u ordenanzas tienden a regular a los hipermercados en cuanto al metraje cuadrado dispuesto para la venta o en cuanto al horario de apertura, pero no encaran los problemas derivados de las políticas de empleo o de qué manera compensar las consecuencias negativas que debe soportar la economía local por su establecimiento.
Si analizamos esto desde un punto de vista más dinámico, el resultado, a igualdad de otras condiciones, es que, en términos generales, la economía local se empobrece, esto provoca que la demanda en general se reduzca, tanto para los grandes comercios como para los pequeños y, por ende, para los proveedores, lo que conduce a nuevos ajustes incrementando el desempleo y nuevamente reduciendo el nivel de ingreso de la economía local y así sucesivamente hasta convertirse en un círculo vicioso que, a menos que sea compensado por otras inversiones generadoras de empleo, tiende al empobrecimiento general de la economía local. A esto contribuye adicionalmente el hecho de que las ganancias de los hipermercados tienden a salir de la zona, a diferencia de la de los pequeños comercios que contribuye a la demanda local.
En el corto plazo, este proceso se disimula porque la magnitud de las inversiones que realizan estos emprendimientos se presentan como una importante inyección de capital para las economías locales (y podríamos generalizarlo para la economía nacional), y es cuando lo analizamos en el largo plazo (o inclusive en el mediano plazo) que este análisis tiene más sentido. La reacción de los productores locales obliga a una empresa como WALL MART a afirmar que el 90% de sus productos son de procedencia argentina y de las ciudades cercanas a sus filiales, pero nada dicen de las condiciones que imponen a estos proveedores.
¿QUÉ HACER?
Si se decide admitir la entrada futura de estas inversiones, pero limitando sus efectos negativos, es imperioso no sólo evaluar su impacto sino proponer medidas contrarrestantes eficaces.
Los resultados de tal evaluación y diseño de medidas dependerán del contexto de cada país. En una coyuntura de depresión de la demanda por trabajadores productivos y de escasez de oportunidades productivas para un sector de PYMES sin competitividad ni apoyo estatal, la ponderación del impacto de cierres y desempleo adicional que genera este proceso de concentración debería ser más alta que en un contexto de crecimiento con amplias oportunidades de reconversión del comercio tradicional a actividades productivas. Al momento de evaluar la eficiencia relativa del sector tradicional y el concentrado, es necesario tener presente que el mismo desempleo y subempleo resultantes de la desindustrialización, la reconversión y la reducción del sector público contribuyeron a sobredimensionar el sector de comercio cuentapropista, incluso unipersonal (57% de establecimientos comerciales son de ese tamaño en Argentina). En ese sentido, es difícil ver como mera modernización del sector el proceso actual de destrucción de comercios. En Argentina hay aún 11.5 comercios cada 1.000 habitantes, mientras que ese número es menor en los países centrales donde ya se estabilizó la transformación del sector: Alemania (1.9), Francia (1.2), Italia (3.7) y España (4.9). Esto contribuye a reducir su competitividad y explica su poca resistencia económica ante la entrada de los grandes, pero no puede ser visto como mera ineficiencia sectorial, pues su estructura actual fue también una respuesta social a los problemas de desempleo estructural que el mercado no logró ni logrará resolver.
Esto se vincula asimismo con el proyecto sociopolítico: si prima una visión de sociedad integrada, con una relativa difusión de la propiedad privada entre miembros de una clase media importante, este proceso concentrador contribuye a destruir esa posibilidad y la posibilidad concomitante de construir alianzas sociales amplias para sustentar un programa democrático de gobierno local. Es útil tener en cuenta el ejemplo de Italia, que limitó fuertemente este tipo de grandes emprendimientos y apostó a la persistencia del pequeño comercio.
La respuesta no puede ser sólo pública. El pequeño comercio individual puede adoptar como respuesta una táctica de parecerse al gran competidor, ante la reducción del mercado y la renovada competencia entre los chicos por los intersticios de mercado microlocal. Esto incluye acciones como:
extender horarios de atención a fines de semana
dar servicio a domicilio
aumentar la eficiencia del inventario, rediseñar los usos del espacio, mejorar la exhibición de productos, etc.
reducir los márgenes de ganancia
competir por la calidad de los productos ofrecidos
competir mediante la atención personalizada
diferenciarse incorporando marcas y rubros que no interesan a los grandes
especializarse o diversificarse, según el mercado local tratando de segmentar el mercado
Una alternativa es agregar a esto formas de competencia cooperativa que busquen otros equilibrios con los intereses de los consumidores, impulsando con el apoyo del sector público programas basados en la organización solidaria: clubes de compra para bajar costos, redes de crédito (tarjetas locales), marcas propias, contratar asesoramiento profesional y otros servicios de manera conjunta (fumigación, flete, propaganda institucional) o de seguros (médicos o de riesgo), implementar proyectos de reforma urbana conformando distritos comerciales abiertos, etcétera.
En cuanto al impacto socioeconómico sobre el orden urbano, en particular sobre las reglas de sociabilidad expresadas en la organización del territorio, su evaluación variará con el proyecto social y político desde el cual se evalúa. Si se consideran deseables formas de gobierno efectivamente democráticas y participativas así como una ciudad más equitativa y abierta, donde el encuentro socialmente plural en los espacios públicos de acceso libre sea una norma deseada, el impacto de los grandes emprendimientos (particularmente de los asociados a shoppings) puede ser considerado como regresivo, por su contribución directa e indirecta a la segregación socioespacial (esto debe ser evaluado teniendo en cuenta el carácter realmente semi cerrado de los espacios aparentemente abiertos). Tampoco es marginal pensar cuál será el alcance democrático de una planificación concertada cuando en la mesa de negociación predominen los grandes monopolios antes que una rica diversidad de actores económicos pertenecientes al campo popular.
Ante el ingreso de estos emprendimientos en una ciudad, habida cuenta de los efectos negativos no deseados, la sociedad y su gobierno pueden decidir aceptar esas inversiones pero poniendo condiciones para minimizar su impacto urbanístico negativo: exigiendo que financien obras de vialidad, drenaje, pasos bajo vía, semaforización, mantenimiento de áreas verdes, o que contribuyan a la construcción de escuelas, traslado de villas en condiciones de riesgo, incluso agregando la contribución a fondos de compensación social. Sin embargo, es importante tener presente que si esas obras son realizadas directamente por la empresa, esto le da un halo filantrópico a lo que no es más que un conjunto de obras necesarias para hacer funcionar el complejo comercial en condiciones óptimas. Se les puede alternativamente exigir la contribución al gobierno local para que realice esas obras e incluso exigir una sobretasa municipal por impactos negativos no contrarrestables por obras públicas.
En el caso particular de La Plata, en caso de negociar la entrada de nuevos monopolios, parecería que debe ser el gobierno, junto con los representantes del conjunto de la sociedad local en Asociaciones de este tipo, quien negocie y decida las obras y otras medidas compensatorias a ejecutar, evitando una negociación particularizada del ejecutivo municipal con las empresas, pues su impacto no es meramente urbanístico ni localizado en la zona inmediata, sino que tiene efectos urbanísticos en otras zonas afectadas por la competencia y en general alcances socioeconómicos para toda la ciudad.
Por lo demás, lo más importante no es compensar los costos sociales iniciales de la instalación, sino lograr establecer un marco de regulación para su funcionamiento futuro, atribución que posiblemente debe involucrar poderes jurisdiccionales no locales. Se podría tratar, por ejemplo, de asegurar que se van a mantener los precios bajos, pero no reduciéndolos por debajo de los costos, que no se va a reducir el personal, que se va a reentrenar personal desplazado cuando corresponda, que se van reducir horarios para equipararlos a los del comercio tradicional, que se van a someter a reglas de equidad o progresividad fiscal, que se van a imponer fuertes multas ante transgresiones a las leyes de comercio vigentes, que se va a limitar la repatriación de las ganancias o al menos asegurar una reinversión de parte de ellas en otras actividades en la zona, etcétera.
El poder de presión y negociación de estos capitales no es menor en un contexto dominado por las políticas neoliberales. Pero no es comparable al de las grandes inversiones productivas de bienes y servicios para la exportación desde la ciudad a otras regiones o países. Estos emprendimientos están interesados y necesitan localizarse en la zona (por lo que sería absurdo caer en guerras intermunicipales de exención impositiva para atraerlos, algo a lo que puede conducir la falta de cooperación entre municipios vecinos en zonas metropolitanas) y eso debe ser tenido en cuenta en las negociaciones.
Un amplio consenso popular y local es necesario para sostener decisiones que pongan límites a los proyectos del capital comercial monopólico para captar los mercados locales y reorganizar los sistemas de abastecimiento y producción de bienes de consumo masivo. En esto hay que tener en cuenta también la tendencia de los grandes emprendimientos a convocar a cadenas exitosas de comercio local a asociarse con ellos en los centros concentrados que construyen, generando una división de intereses en el seno de las clases comerciantes autóctonas.
El interés del capital comercial por el mercado local potencia la capacidad de negociación local, pero como vimos puede ser demasiado disruptivo del orden social urbano. Si se llega a la conclusión de que el efecto de la entrada de estos emprendimientos es nocivo, se puede declarar a la ciudad libre de hipermercados, tal como lo han hecho algunas ciudades de Estados Unidos o el conjunto de Italia. Pero lo fundamental aquí será ofrecer alternativas de reestructuración eficiente y socialmente superiores del sector comercial, apoyados en un Estado Municipal con un protagónico rol promotor. Si meramente se quiere mantener protegido al comercio tradicional, o bien proteger a las grandes cadenas ya existentes, se entregará un mercado cautivo a un comercio ineficiente y sin dinamismo si es que no monopólico.
Entonces, si se optara por limitar la entrada de las grandes cadenas de comercialización, esto debería ir acompañado del desarrollo de centros comerciales abiertos, donde se combinen de otra manera los factores que atraen a los consumidores a los centros cerrados: seguridad, mezcla de rubros y actividades culturales, buenos precios, agregando atención personalizada, productos garantizados, líneas de crédito de fácil acceso, horarios adecuados a las necesidades de los usuarios, etc. y, por supuesto, de una campaña de información completa (sobre efectos directos e indirectos de la inversión rechazada) a la población, que le permita participar activamente en el acompañamiento de tales alternativas.
En todo caso, es fundamental someter todas las grandes inversiones y proyectos de reforma urbana “productivas, comerciales o residenciales” al encuadre del Plan Promotor de la Producción de la ciudad, que supuestamente expresa el proyecto de sociedad y economía local y pone restricciones a la estructuración del espacio urbano.
En la actual contradicción entre la centralización del poder económico a nivel global y la descentralización del poder político a nivel local, son las sociedades y poderes locales las que han sido encargadas de vigilar por la calidad de vida de la ciudadanía, y en ello es instrumental un Plan Director que vaya más allá del mero ordenamiento espacial. Sin embargo, ante las tendencias a la desindustrialización y exclusión imperantes, un Plan aislado es insuficiente para encarar la tarea y se hace prioritario elaborar un plan integral de desarrollo social y económico local con un amplio consenso de las fuerzas sociales, económicas y políticas locales.
NOTAS
1 Trabajo realizado para el bloque de concejales del ARI de la ciudad de La Plata, por encargo del concejal Oscar Negrelli.
2 Los cinco mayores grupos en Brasil (Carrefour, Pão de Azúcar, Bompreço, Sendas y Paes Mendonça, en ese orden, cubren el 28% de un mercado estimado en 50 mil millones de dólares anuales); Fohla de Sao Paulo, 2º caderno, pag. 1, 13 de abril de 1998. Los ocho grandes grupos en Argentina (Carrefour, Disco-Royal Ahold, Coto (Nacional), Norte-Exxel, Tía (Nacional), Jumbo-Sencosud, Wall Mart y ahora Auchan-Casino) tienen un volumen de facturación que sobrepasa los 10 mil millones de dólares. El 71% de las ventas de alimentos y bebidas en todo el país pasaban en 1996 por hiper, super y autoservicios, y en el Area Metropolitana aumentaba al 80,7%. Pero mientras los hiper y supermercados (4 o más cajas) cubrían con 1.200 locales el 47% del rubro alimentos y bebidas, los autoservicios de hasta tres cajas cubrían con 12.500 locales el 25% y los almacenes tradicionales el 28% con 114.000 locales en el país; Clarín, Suplemento económico, pág. 22, 5 de octubre de 1997. En abril de 1997 el INDEC registraba 11 cadenas grandes y 51 medianas en el país. Mientras las grandes facturaban el 93% y las medianas el 7% del conjunto, las primeras estaban creciendo y las segundas reduciendo su peso. El valor de cada venta promedio de las primeras era de $28, el de las segundas era $15. En las cadenas medianas el 79% de las ventas son alimentos y bebidas, en las grandes sólo el 66%. En electrodomésticos y artículos para el hogar es respectivamente de 0,5% y de 5%. La facturación en 1997 de algunos de los grandes estaba estimada como sigue: Carrefour 2.400 millones, DISCO 1.600, COTO 1.300, NORTE 1.300, TIA 700, JUMBO 550.
3 La legislación prohíbe a las autoridades comunales modificar las zonificaciones previstas para cada radicación en la provincia. También quedan inhabilitadas las ordenanzas para la exención de tributos a favor de los hipermercados. (Clarín, página 30, 20 de marzo de 1998).
4 Es importante tener en cuenta que la baja artificial del precio, es decir, que los precios bajen no por aumento de la eficiencia o por reducción de costos, obliga a los productores a reducir costos para mantener precios competitivos, y esto puede afectar al salario de quienes trabajan en esta producción
Fuente: agencia Comunas. Colaboración de Gabriel Faber.
