Desde hace bastante tiempo el gobierno nacional está haciendo cuestionamientos y escenas de pugilato a cargo del secretario de Comercio Guillermo Moreno sobre la empresa privada Papel Prensa que provee papel a 170 diarios del país, siendo los accionistas los diarios Clarín, La Nación y el Estado.
Lo llamativo fue el acto del martes último con un discurso de Cristina durante 70 minutos en el que vincula la venta producida en noviembre de 1976 con la defensa de los derechos humanos, inventando presiones que ejercieron los dueños de esos diarios porteños sobre los familiares de la Graiver, entonces propietarios de Papel Prensa.
A decir verdad, varios miembros de los Graiver fueron secuestrados y torturados como a miles de argentinos en aquella noche negra de la historia argentina, pero Isidoro Graiver y Lidia Papaleo –viuda de David Graiver- declararon ante la Justicia que cuando se produjo la venta de Papel Prensa se encontraban en libertad. Recién en marzo de 1977 fueron detenidos y nunca salieron de los centros clandestinos para firmar ningún documento.
De esta manera, queda en evidencia las mentiras de la presidenta , afirmando en el acto del martes último que los miembros del grupo Graiver vivían en “libertad ambulatoria” al momento de vender Papel Prensa en un marco de “presiones y amenazas”.
En las últimas semanas la imagen del gobierno nacional había repuntado levemente de cara a las elecciones presidenciales de 2011. Lamentablemente, volvieron a utilizar la misma metodología como la pelea con el campo en 2008 cuando terminaron enfrentando a la sociedad. De esa lección parece que no aprendió porque en las elecciones legislativas de 2009 el Gobierno solamente alcanzó el 33% de los votos.
Ahora el gobierno de Cristina Fernández envió un proyecto al Congreso para declarar el papel de diario un insumo de interés público. Su objetivo es manejar la producción y distribución del papel y sacar a los dos diarios de Papel Prensa.
Pero, la doctora Kirchner avasalla a la Constitución Nacional. El artículo 32 es claro: “El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) incorporada en la reforma constitucional de 1994 dice: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos o por cualquier otro medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones” (artículo 13.3).
En este contexto están la cuestionada aprobación de la ley de medios, el juicio ético a los periodistas independientes en la plaza de Mayo, los escarches en la Feria del libro y la caducidad de la licencia de Fibertel a los usuarios de internet, que pertenece al grupo Clarín. En el fondo hay una fuerte disputa de poder entre los Kirchner y el grupo Clarín. En última instancia peligra la libertad de expresión en Argentina.
¿Qué persigue el Gobierno con Papel Prensa?
Se trata del editorial del programa “Sábado 100” por Mitre Rafaela (FM 91,9) que conduce Emilio Grande (h.). La Convención Americana sobre Derechos Humanos incorporada en la reforma constitucional de 1994 dice: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos o por cualquier otro medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones” (artículo 13.3).
