Organizaciones, vecinas y vecinos que integran el colectivo “Rafaela sin venenos, por la agroecología” presentaron una acción judicial en los tribunales locales para pedir que se anule el nuevo límite a las fumigaciones impuesto por la ordenanza 5331. Esta norma, que entró en vigencia en junio pasado, redujo de 200 a 50 metros la distancia desde el perímetro urbano a partir de la cual se permite aplicar fertilizantes y plaguicidas en los campos. Entre el metro 50 y el 200 habilita la fumigación con “productos de origen orgánico y/o biológicos”, lo que implica un retroceso en la protección del ambiente y la salud de la población.
La demanda fue presentada este lunes 1 de agosto en el Juzgado Civil y Comercial de Rafaela por las asociaciones Acción de Defensa Animal y Protección Ambiental (ADAPA) y Amigos de la Vida, junto a un grupo de vecinos. Se ampararon en la Ley Provincial 10.000, que permite a la comunidad presentar recursos judiciales ante decisiones o actos de las autoridades que afecten la salud pública y el ambiente, entre otros derechos colectivos. En este caso, piden la nulidad del artículo 4º de la ordenanza 5331 (que fija el nuevo límite) y el mantenimiento de la franja originaria de 200 metros libre de toda fumigación. En los próximos días, se espera que el Juzgado notifique a la Municipalidad.
Las organizaciones y vecinos denuncian que los “productos orgánicos y/o biológicos” no son necesariamente inocuos sino que, en algunos casos, pueden suponer riesgos para la salud y el ambiente. Además, si la verdadera intención del Concejo Municipal hubiera sido proteger a la población y promover la agroecología, lo que correspondía era ampliar y no reducir el límite a las fumigaciones.
En este sentido, explican que al proteger menos que la anterior, la ordenanza 5331 viola el principio de no regresión que está presente en el Derecho ambiental y en la Constitución Nacional. Asimismo, advierten que el Concejo Municipal tampoco respetó el principio precautorio dispuesto por la Ley General del Ambiente, que establece que ante peligro de daño grave o irreversible no deben demorarse las medidas tendientes a evitarlos con el argumento de falta de información o certeza científica.
Más de 800 firmas
Dos semanas antes, “Rafaela sin venenos, por la agroecología” había presentado al Concejo Municipal y al intendente de Rafaela un petitorio firmado por 885 personas, en su mayoría vecinos y vecinas de la ciudad, para pedir que se derogue la ordenanza 5331. También solicitaron ampliar de manera progresiva el límite a las fumigaciones, promover la agroecología y suspender la explotación municipal de soja con uso de agrotóxicos en el Aeródromo local.
En el petitorio -que continúa abierto para firmar- los casi 900 vecinos sostienen: “Entendemos y reivindicamos al campo como un territorio para la vida, el trabajo y la producción de alimentos sanos y a precios justos. En ese sentido, no nos oponemos a la actividad agropecuaria, sino al modelo agroindustrial de producción en base a monocultivos y uso de agrotóxicos”.
