Desde el brote del Covid-19, la humanidad se enfrenta a una crisis mundial sin precedentes. Además de representar una amenaza a la salud pública, los trastornos económicos y sociales provocados ponen en peligro los medios de subsistencia a largo plazo y el bienestar de millones de personas. Millones de trabajadores y en especial las trabajadoras, que se encuentran en el nivel más bajo de la cadena de suministro son particularmente vulnerables a las peores consecuencias de la crisis. Por ejemplo, algunas grandes marcas de moda y minoristas han cancelado pedidos o se han negado incluso a pagar las prendas ya producidas. Se envía a casa a millones de trabajadores y trabajadoras sin remuneración, seguridad social ni indemnización alguna. Esta pandemia ha dejado patente nuestra interdependencia y ha sembrado el caos en las cadenas mundiales de suministro, que conectan fábricas a nivel transnacional, revelando nuestra dependencia de mano de obra vulnerable que realiza un trabajo esencial en todo el mundo.
Para enfrentar esta crisis, la solidaridad entre los miembros de nuestra familia humana resultará crucial. Nuestro elevado grado de interconexión nos exige a todos mostrar nuestra responsabilidad por los demás. Sin embargo, con demasiada frecuencia, los intereses privados de las multinacionales prevalecen y se muestran incapaces de comparecer en solidaridad. Empresas irresponsables llevan mucho tiempo involucradas en varios tipos de abusos, evadiendo el pago de impuestos que podrían servir para desarrollar y mantener servicios públicos como hospitales y escuelas, contaminando nuestra tierra, el agua y el aire, incluso siendo cómplices de terribles violaciones de los derechos humanos en todo el mundo, como el trabajo forzoso o infantil. Y cuando la legislación social o medioambiental hace peligrar sus beneficios, hay pruebas claras de que, en ocasiones, las multinacionales amenazan a los Estados con acudir a los tribunales, empleando el mecanismo de resolución de litigios entre inversores y Estados[i]. Ahora más que nunca, se debe cuestionar este sistema, basado en los beneficios, así como la cultura de usar y tirar que genera.
“La economía, como la misma palabra indica, debería ser el arte de alcanzar una adecuada administración de la casa común, que es el mundo entero. Todo acto económico de envergadura realizado en una parte del planeta repercute en el todo; por ello ningún gobierno puede actuar al margen de una responsabilidad común.” Papa Francisco, Evangelii Gaudium206
Ahora que las consecuencias perjudiciales del consumo y la producción sobre el medio ambiente se encuentran en el foco de atención, los gobiernos están intentando contrarrestar estos vicios del sistema. Al mismo tiempo, crece la conciencia de la opinión pública sobre la vulnerabilidad de las cadenas de suministro mundiales, lo que abre una puerta a una regulación más estricta y a cadenas de suministro más resilientes. Como obispos, sentimos que tenemos la obligación moral y espiritual de alzar la voz sobre la urgente necesidad de replantear las prioridades durante y después de la crisis.
“La consideración primordial, que nunca debe olvidarse, es que todos somos miembros de la única familia humana. La obligación moral de cuidar unos de otros surge de este hecho, así como el principio correlativo de situar a la persona humana (en lugar de la mera búsqueda de poder o beneficio) en el centro de la política pública. Este deber incumbe, además, tanto a los sectores empresariales como a los gobiernos, y es indispensable en la búsqueda de soluciones equitativas a los desafíos que enfrentamos. Por consiguiente, es necesario ir más allá de los enfoques tecnológicos o económicos a corto plazo y tener plenamente en cuenta la dimensión ética en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales o en la propuesta de iniciativas para el futuro.” Papa Francisco, Mensaje al presidente ejecutivo del “Foro Económico Mundial” [Davos, Suiza, 21-24 de enero de 2020]
Pese a enfrentamos a esta preocupante situación, las Naciones Unidas, la Unión Europea y los Estados se encuentran también ante una oportunidad única para dar un paso hacia adelante e introducir una legislación eficaz y sólida que permita imponer a las empresas unas obligaciones ineludibles de debida diligencia a nivel intersectorial en materia de derechos humanos, medio ambiente y gobernanza, así como mejorar el acceso a los tribunales a las personas afectadas por violaciones de los derechos humanos, para que tengan que rendir cuentas por los daños causados.
Un estudio reciente[ii], publicado en febrero de 2020 por la misma Comisión Europea, afirma que están fracasando las medidas voluntarias, de ahí la necesidad urgente de una acción reguladora a nivel europeo. Un estudio de monitoreo[iii] encargado por el gobierno alemán concluye que menos de un 20% de las empresas alemanas llevan a cabo la debida
diligencia en materia de derechos humanos, como requieren los marcos internacionales desde hace casi una década.
Efectivamente, las directrices y los enfoques voluntarios están fracasando a la hora de prevenir y proteger a las personas y al planeta frente a la destrucción medioambiental y la vulneración de los derechos humanos. En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (CDHNU) respaldó de forma unánime los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos. Sin embargo, han cambiado muy poco las cosas para las comunidades afectadas. Los Estados han implementado los principios rectores de la ONU basándose en la buena voluntad de las empresas sin respaldarlos con ningún tipo de sanción.
Así mismo, en 2014, el CDHNU adoptó una resolución para crear un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta con el mandato de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante a nivel internacional sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos humanos. Sin embargo, hasta la fecha no se ha podido constatar un compromiso constructivo y substancial por parte de la UE, Canadá, Estados Unidos u otras grandes potencias en el proceso del tratado vinculante.
A nivel nacional, se alcanzó un hito en 2017 cuando Francia allanó el camino a través de una ley innovadora que exige a las grandes empresas transnacionales francesas publicar un plan de vigilancia para identificar y prevenir cualquier impacto negativo causado por sus actividades a lo largo de su cadena de valor. Esta nueva ley fija una norma mínima para todo el mundo, mostrando que es posible lograr que las empresas transnacionales rindan cuentas por sus acciones, incluso más allá de su territorio nacional, sin dañar a la economía. En Suiza, Alemania, los Países Bajos, Finlandia y Noruega se están considerando legislaciones nacionales similares.
Instamos a todos los estados a mantener sus promesas y obligaciones de acuerdo con el derecho internacional para proteger los derechos humanos frente a abusos corporativos. En este sentido, acogemos con beneplácito
los resultados del estudio de la Comisión Europea anteriormente mencionado y el anuncio por parte del Comisionado de Justicia a favor de una legislación obligatoria y sólida. La legislación debe introducir la debida diligencia obligatoria en materia de derechos humanos y medio ambiente, en otras palabras, identificar, evaluar, detener, prevenir y mitigar los riesgos y las violaciones relacionados con el medio ambiente y los derechos humanos a lo largo de su cadena de suministro, así como mejorar de forma substancial las posibilidades que tienen las personas afectadas de exigir indemnizaciones en tribunales civiles nacionales.
Creemos que las leyes pueden conseguir aportar un cambio tangible a las comunidades si se incluye en ellas también un mejor acceso al recurso judicial para las víctimas, con el fin de cumplir su deber de proteger frente a abusos de las empresas como el acaparamiento de la tierra, la vulneración de los derechos humanos, el asesinato de defensores de los derechos humanos, el trabajo forzoso e infantil, la violencia de género o la degradación del medio ambiente y la deforestación.
Por consiguiente, todos los Estados deben garantizar también su participación constructiva y activa en las negociaciones de la ONU a favor de un instrumento jurídicamente vinculante para regular, en el derecho
internacional sobre los derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales. Dicho tratado evitaría que cualquier país o empresa pudiera emplear modelos de producción explotadores o aceptar la destrucción de la creación para mejorar su posición competitiva en el mercado mundial.
El sistema vigente perjudica a las personas y al planeta y estamos llamados a hacer las cosas mejor. Confiamos en nuestra capacidad de aprender de forma colectiva de experiencias pasadas y de la crisis actual, así como de proponer una forma de avanzar que valore la justicia y los derechos humanos y que coloque la vida por encima del lucro. Se debe tomar la crisis del coronavirus como una oportunidad para iniciar una transición justa, así como para introducir un nuevo sistema económico que esté primero al servicio de las personas y del planeta.
“En estas semanas, la vida de millones de personas cambió repentinamente. Para muchos, permanecer en casa ha sido una ocasión para reflexionar, para detener el frenético ritmo de vida, para estar con los seres queridos y disfrutar de su compañía. Pero también es para muchos un tiempo de preocupación por el futuro que se presenta incierto, por el trabajo que corre el riesgo de perderse y por las demás consecuencias que la crisis actual trae consigo. Animo a quienes tienen responsabilidades políticas a trabajar activamente en favor del bien común de los ciudadanos, proporcionando los medios e instrumentos necesarios para permitir que todos puedan tener una vida digna.” Mensaje Urbi et Orbi del Papa Francisco, Pascua 2020
[i] https://stopisds.org/
[ii] https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1/language-en
[iii] https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2333700/d15fc19d05e831966bccb305ad7622ca/nap-monitoring–summary-ofthe-interim-report-2019-final-data.pdf
Este llamamiento cuenta con el apoyo de CIDSE, la familia internacional de organizaciones católicas a favor de la justicia social. Contacto: Sylvia Obregon – obregon (at) cidse.org
