FRONTERA, Santa Fe.- «Lo único que queremos es justicia», dice con firmeza Anselmo Herrera. «No buscamos dinero, sólo justicia», repite a su lado, sin poder evitar el llanto por la emoción de los recuerdos, su esposa, Claudina Taborda.
Son los padres adoptantes de Luis Alvarez, un joven de 19 años que, una tarde de enero de 2001, falleció por las heridas que recibió al ser embestido por un automóvil y que, por provenir de familia humilde, la justicia santafecina, en un polémico fallo en el que se analizaba una indemnización, consideró que su vida valía apenas 8000 pesos.
En el fallo, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela aseguró que ese resarcimiento era bajo porque «sus sueños [los del joven] de progreso culminarán, por el peso de la realidad, transformándose en verdaderas utopías».
«Yo sentí que nos estaban tomando el pelo; somos humildes pero tenemos dignidad y con nuestra verdad vamos a seguir viviendo. Nunca pensamos en la plata; ningún dinero del mundo nos va a devolver a nuestro hijo, pero decirnos que porque era pobre no tenía una expectativa de vida mejor, eso nos dolió muchísimo», dice Anselmo.
Anselmo y Claudina recibieron a LA NACION en su modesta vivienda de la calle 5887, del barrio Genaro Francucci, a dos cuadras de la tradicional calle ruta que, curiosamente, divide dos provincias. La vereda del Este es territorio de Frontera, a 183 kilómetros de Santa Fe; la del Oeste, pertenece a la ciudad de San Francisco, Córdoba.
Anselmo todavía recuerda los detalles y pasos dados para construir la historia del hijo que adoptaron hace 24 años.
«Yo trabajaba por entonces en el hospital de San Francisco. Era chofer y, cuando Luisito nació, tuvo algunos problemas que obligaron a trasladarlo hasta la ciudad de Córdoba. Como allí no había camas, conseguimos internarlo cerca de Cosquín. A los 20 días llamaron para que lo fuéramos a buscar. Cuando lo trajimos, buscamos a sus padres pero éstos estaban en mi casa y allí comenzó la historia. Sus padres dijeron que no lo podrían mantener y entonces yo me hice cargo», apunta casi con lágrimas este hombre de 72 años, ya jubilado, para quien «Luisito fue bien criado y era un chico con muchas inquietudes».
En la voz de Claudina se advierte la sorpresa inicial por la trascendencia de su reclamo y no oculta el interés cuando el abogado Cristian Dayar le explica: «Estamos en una etapa decisiva de la cuestión. Hemos planteado la inconstitucionalidad del fallo y hecho la reserva de la vía federal, ante la que se recurrirá en queja» si la justicia provincial no hace lugar al requerimiento.
Para los Herrera, la tarde del 4 de enero de 2001 fue una de las peores de sus vidas.
«El llegó del trabajo [de albañilería en una empresa conocida de la zona] y se fue a casa de un amigo. En una esquina un auto los atropelló. El quedó ahí tirado y cuando llegó al hospital ya estaba complicado», dice Claudina.
E insiste con su planteo: «Ahora [los jueces] dicen que para ellos la vida de nuestro hijo vale sólo eso porque era pobre, porque nosotros somos humildes. Y seguiremos siendo pobres porque ese dinero que reclamamos por su vida [57.000 pesos] no iba a cambiarnos la forma de vivir. Mire de qué forma sencilla vivimos», añade y exhibe el comedor de su casa aquí en Frontera.
Sobre aspectos de la vida diaria de Luis todos coinciden. «Era muy bueno, cariñoso. Siempre tuvo un trato cariñoso con los padres y con nosotros, los hermanos», apunta Emma, de 41 años, junto a Miguel, de 34.
Los seis hijos del matrimonio están casados desde hace algunos años y cada uno solventa su familia y, cuando pueden, aportan algo a sus padres, tan bondadosos que además de esos seis hijos también se hicieron cargo de otro al que adoptaron.
«Por eso nos duele que la Justicia considere que por ser pobres no podemos ni siquiera pensar en una vida mejor», añadió Anselmo.
Tras la resolución de la cámara, el matrimonio Herrera planteó la inconstitucionalidad del fallo. Ayer, el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Domingo Pocchettino, aseguró que los fundamentos del fallo le parecían «reprochables».
En declaraciones radiales, el funcionario sostuvo que los pronunciamientos son «discriminatorios y clasistas.». Y agregó: «Hoy pude tomar contacto con los fallos, el del juez y el de la Cámara de Apelaciones, los estoy viendo y no puedo salir de mi asombro», dijo Pocchettino. Y concluyó: «Parece que vivimos en un antiguo sistema social: el represivo y dictatorial. Me parecen repugnantes los fundamentos que da el juez para determinar la vida de este chico».
Por José E. Bordón
Fuente: diario La Nación, Buenos Aires, 7 de diciembre de 2006.
