La versión taquigráfica de la sesión del 25 de agosto de la Cámara de Diputados de la Provincia es una muestra más del desprecio que tienen Ricardo Peirone y Roberto Mirabella hacia la educación pública, quienes volvieron a favorecer los intereses de sus jefes y se negaron, como lo hicieron todos los legisladores oficialistas, a darle tratamiento preferencial a un proyecto de ley para modificar la Ley 6915 de Jubilaciones y Pensiones.
A pesar de las medidas de fuerza iniciadas por Amsafe y Sadop y a pesar de que la semana pasada más de 10 mil docentes de toda la Provincia se movilizaron a la Legislatura para pedirle a los diputados y senadores que abran un debate serio sobre el nuevo régimen jubilatorio para el sector; la bancada oficialista hizo oídos sordos a los reclamos docentes y actuó como solicitó Obeid. Frente a esto, el pedido de que el proyecto tenga tratamiento preferencial no prosperó.
El diputado por el ARI Antonio Riestra fue el que solicitó que el proyecto de ley, presentado por su bloque, por el que se modifica la Ley 6915 de Jubilaciones y Pensiones, sea tratado con carácter preferencial en la próxima sesión, pero la solicitud no prosperó gracias al voto negativo por parte de los legisladores oficialistas, entre ellos Peirone y Mirabella.
En este sentido, Riestra señaló porqué pidió que el proyecto sea tratado de manera preferencial. «Todos sabemos que ya mantuvieron (por los docentes) largas conversaciones con el Poder Ejecutivo. También tuvo un amplio tratamiento en la Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión y en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde se encuentra el proyecto».
«El motivo de la preferencia, señor presidente, está fundado en el carácter de urgencia que tiene la resolución de esta cuestión, dado que estuvimos 24 horas sin clases, la semana que viene es probable que continúe el paro por otras 48 horas y, evidentemente, como decíamos en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde hablamos con una comitiva que vino del gremio de Amsafe, la situación fue planteada en su oportunidad, por parte del Poder Ejecutivo, como que esto era una cuestión legislativa», dijo Riestra en los argumentos que otorgó en la Cámara de Diputados el pasado 25.
En tanto, el Diputado por el ARI agregó que «algunos de los diputados manifestaron que, justamente, pudo haber sido una cuestión legislativa, pero también pudo haber sido salvado este tema a través de un Mensaje del Poder Ejecutivo. Esto no ocurrió, lo sabemos, pero quiero plantear la advertencia de que estos dos proyectos que se encuentran acumulados, uno del diputado Vázquez y otro de la diputada Benas, que recibieron aprobación por parte de la Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión; implican solamente recomponer una situación anterior a la Ley de Emergencia Previsional que esta Legislatura votara en el año 1996…».
Restablecer la antigüedad
A su vez, durante la sesión Antonio Riestra le explicó a los diputados con el proyecto se trata de restablecer el tema de la antigüedad, del 82 por ciento móvil e incluso, una ampliación que tenía, según el artículo 15 de la misma ley, que era también un aporte que el docente realizaba previendo o anticipando la jubilación, que posibilitaba el cómputo de uno a cinco años.
«El carácter de urgente manifestamos en más de una oportunidad y está dado porque pasaron casi ocho años sin jubilaciones docentes en la Provincia y es muy simple establecer el porqué», aseguró el Diputado del bloque del ARI entre los fundamentos que expuso para que se trate preferencialmente el proyecto de ley.
Según consideró Riestra «hay fundadas razones por las cuales los docentes fijan la edad jubilatoria en 25 años de servicio y es que el carácter, justamente, del tipo de tarea que desempeña el maestro hace que el desgaste que se sufre ante el aula y, fundamentalmente cuando se trata de brindar educación a los niños, no permita establecer edades de 60 años para su jubilación. Y hoy encontramos, incluso, la aberración de tener docentes con 70 y 73 años, no dando clases ya, algunos en tareas diferentes».
Asimismo, para el legislador del ARI esta situación establece un tope al ingreso a la docencia porque, justamente, estos cargos no se liberan pero, por otro lado, tampoco constituyen hoy un servicio educativo, al menos frente al aula.
«Creemos que son fundadas las razones para solicitar la preferencia de una sesión, ante un tema ya suficientemente tratado, en el cual hay suficiente información, porque además vinieron funcionando comisiones especiales al efecto que, evidentemente, no pudieron resolver la cuestión ya que, sin lugar a dudas, la resolución de esta cuestión tiene un carácter eminentemente político», admitió Antonio Riestra.
La Caja de los trabajadores
Por otro lado, en los fundamentos expuestos el diputado Riestra dijo que «acá no se trata de establecer chicanas como aquella de que vamos a tener que establecer nuevos impuestos para poder pagarle la jubilación a los docentes, ya que sabemos los que aportamos durante años a la Caja de Jubilaciones, que estos aportes son los aportes de los trabajadores y que, por lo tanto, la Caja también es de los trabajadores».
En este sentido, Antonio Riestra manifestó que «sucede que hace diez años que los trabajadores no podemos acceder a los números, sea porque la Caja está intervenida, sea porque no aparecen balances al respecto pero, sin lugar a dudas, estamos en condiciones de afirmar que hoy la Caja no es deficitaria, más allá de que alguno se empeñe en plantear de que así lo es, tal vez para justificar alguna suma que venga de la Nación».
Los votos negativos y los afirmativos
Votaron por la afirmativa los diputados: Albónico, Baudín, Benas, Bonfatti, Brignoni, Cecchi, Jullier, Lamberto, Liberati, Marcucci, Mascheroni, Millet, Peralta, Qüesta, Real, Riestra, Ritter, Strada y Tomei.
Votaron por la negativa los diputados: Benítez, Castellani, Cavuto, Costa, Cura, Dalla Fontana, Esquivel, Gastaldi, Kilibarda, Lacava, Maguid, Meotto, Mirabella, Peirone, Pesaresi, Pividori, Reynoso, Sánchez, Stanoevich, Tibaldo y Vázquez. La votación arrojó el siguiente resultado: 21 votos por la negativa y 19 votos por la afirmativa. En consecuencia, no reúne la mayoría reglamentaria para ser aprobada la preferencia.
Fuente: diario Castellanos, Rafaela, 3 de setiembre de 2005.
