Por Ricardo Miguel Fessia.- No fue una marcha más. Fue el comienzo del fin de la última dictadura militar. Ocurrió el 30 de marzo de 1982. Tres días después los soldados argentinos recuperaron las Islas Malvinas y se iniciaba la guerra con Inglaterra. Durante la movilización, encabezada por Saúl Ubaldini, había un movimiento repetitivo: las columnas que intentaban marchar hacia la Plaza de Mayo vallada y la represión cada vez más violenta de la policía.
Las protestas no sólo fueron en Buenos Aires. Se repitió en Rosario, Mendoza, Neuquén y Mar del Plata. Todos bajo la misma consigna: “Pan, paz y trabajo”, que sintetizaba los reclamos más fuertes de una sociedad harta de guardar silencio después de seis años de vivir aplastada bajo las botas de la dictadura.
Con estas tres palabras, otra consigna se multiplicó en las gargantas de los manifestantes hasta encarnarse en un grito que desafiaba el estruendo de las balas de la represión: “¡Se va a acabar, se va a acabar, la dictadura militar!”. Los mismos cánticos que ya se habían escuchado en algunas tribunas de canchas de fútbol como la de Nueva Chicago, en Mataderos.
En los alrededores de la Plaza de Mayo los manifestantes se enfrentaron con la policía durante 6 horas. Hubo centenares de heridos y más de mil detenidos. En Mendoza, la represión policial se había cobrado un muerto; en otras ciudades del país decenas de heridos y detenidos engrosaban el número de víctimas de la represión.
Tres días después de aquella histórica movilización, el desembarco de las tropas argentinas en las Islas Malvinas pareció detener -y hasta revertir- la cuenta regresiva hacia ese final. Fue el último espejismo de una dictadura que en su fuga hacia adelante no reparó en sacrificar más vidas para evitar su inevitable caída.
Una de las primeras medidas de la dictadura instalada el 24 de marzo de 1976 fue intervenir a la mayoría de los sindicatos y encarcelar a muchos de sus dirigentes. A otros, directamente, los hizo desaparecer.
Los trabajadores se organizaron en diferentes nucleamientos, diferenciados entre sí por sus posiciones conciliadoras o combativas frente a la dictadura. Saúl Ubaldini se incorporó al sector más resistente, la Comisión de los 25 gremios peronistas, donde también estaban, entre otros, Raúl Ravitti, de la Unión Ferroviaria; Roberto García, de Taxistas; José Rodríguez, de Smata; Fernando Donaires, del Papel, y Osvaldo Borda, del Caucho.
La posición de “Los 25? se endureció aún más en marzo de 1979, cuando el ministro de Trabajo de Videla, el general Llamil Reston, anunció una reforma de la Ley de Asociaciones Profesionales que recortaría aún más los derechos de los trabajadores.
El 21 de abril de ese año, la Comisión de “Los 25? lanzó una convocatoria a una Jornada de Protesta Nacional para el 27, cuando se manifestarían por la restitución del poder adquisitivo de los salarios, la plena vigencia de la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo y la normalización de los sindicatos.
El ministro Reston convocó a los dirigentes, entre los que estaba Ubaldini, a una reunión en la sede de la cartera de Trabajo. Decidieron ir, aunque previeron que podían encarcelarlos, por lo que dejaron organizado un Comité de Huelga para que la jornada de protesta se realizara igual, aunque ellos no estuvieran.
Cuando salían de la reunión, Ubaldini y sus compañeros fueron detenidos por la policía, uno por uno. Pero el Comité de Huelga cumplió con su misión: el 27 de abril de 1979, pararon todas las fábricas del cordón industrial del Gran Buenos Aires y del interior, los ferrocarriles Sarmiento, Roca y Mitre.
Fue la primera huelga contra la dictadura. Ubaldini la siguió desde su celda y recién fue liberado a mediados de julio.
La huelga del 27 de abril de 1979 potenció la resistencia sindical a la dictadura. “Debemos comprometer hasta la última gota de nuestra sangre para impedir que se repita otra dictadura que, como ésta, suma al país en oprobio, miseria, hambre y dolor de perder a sus mejores hijos; y la democracia es el único medio que conocen los pueblos libres para hacer sus revoluciones en paz”, dijo Ubaldini en un discurso que marcó el cambio de época.
En 1980, cuando la central sindical se dividió entre la CGT Azopardo -conciliadora- y la CGT Brasil -combativa-, Ubaldini se sumó a la segunda, junto a Diego Ibáñez, Lorenzo Miguel y todo el sector de “Los 25?. En diciembre de ese año lo eligieron secretario general.
El 7 de noviembre de 1981, la CGT Brasil convocó a una marcha hacia la Iglesia de San Cayetano, con el reclamo de “pan, paz y trabajo”. La movilización, encabezada por Ubaldini, congregó a más de diez mil trabajadores, que fueron duramente reprimidos.
Era la primera movilización multitudinaria desde el 24 de marzo de 1976; también el embrión de la marcha que, casi sin meses después, cambiaría la historia.
Esa marcha a San Cayetano le dio impulso a la CGT Brasil para hacer una convocatoria a Plaza de Mayo el 30 de marzo de 1982 con la misma consigna: «pan, paz y trabajo»
El 24 de marzo de 1982 la dictadura, ahora encabezada por Leopoldo Fortunato Galtieri en el sillón presidencial, había cumplido seis años y su desgaste era evidente, aunque todavía no se vislumbraba su final.
La marcha convocada por la CGT Brasil para el 30 de marzo bajo la misma consigna que la movilización a San Cayetano del año anterior amenazaba con multiplicar el número de manifestantes y la dictadura trató de impedirla por todos los medios.
Desde el Ministerio del Interior intentaron presionar a los sindicalistas, con el argumento que la CGT no había solicitado la autorización para realizar el acto y que sus dirigentes podían ser imputados por alterar el orden público. Además, les recordaron que seis de los convocantes, entre ellos Ubaldini, estaban procesados por convocar a huelgas anteriores, una actividad prohibida.
Las amenazas no tuvieron efecto y la convocatoria a la marcha se mantuvo en pie. El centro de Buenos Aires amaneció poblada de carros de asalto, carros hidrantes, patrulleros, policías a caballo e incluso militares en traje de fajina, armas largas y cortas. Para evitar que los manifestantes llegaran a la Plaza de Mayo y entregaran un petitorio en la Casa Rosada, se establecieron cordones policiales en las avenidas 9 de Julio, Santa Fe, Leandro N. Alem, Paseo Colón y Belgrano. También se cortó el Puente Pueyrredón para impedir el acceso desde el Conurbano sur, desde donde se esperaba que llegara la mayoría de las columnas.
El operativo era gigantesco, pero los manifestantes superaban los cuarenta mil. No había solamente trabajadores convocados por los sindicatos de la CGT Brasil, a ellos se sumaron columnas y grupos de organizaciones estudiantiles, de derechos humanos, agrupaciones políticas y gente suelta, mucha gente suelta y dispuesta a repudiar a la dictadura con consignas como “Luche que se van”, “Se va a acabar, se va a acabar, la dictadura militar” y “El pueblo unido jamás será vencido”.
La represión no se hizo esperar: la policía comenzó a golpear, a tirar gases lacrimógenos y a atropellar con sus vehículos a todos los que pretendían avanzar hacia la Plaza de Mayo.
Los locales comerciales y bares de la tradicional avenida de Mayo sobre el mediodía comenzaron a bajar las cortinas si bien los vecinos podían ingresar a consumir o hacer compras,
Por la calle se podía respiraba en el aire que algo iba a pasar. Hasta que de pronto pasó: la policía montada arremetió a bastonazo limpio contra los manifestantes, gases lacrimógenos y golpes de todo tipo. Era un caos y la gente trataba de salvarse como sea. Desde los balcones tiraban de todo a la policía. Los grupos no tal agobiados podían cantar “se va a acabar, se va a acabar ….”.
Esa misma noche presentó un habeas corpus por ellos en un Juzgado Federal. No sabía dónde los tenían detenidos o si les había pasado algo peor.
Los diarios de la mañana del 30 de abril de 1982 habían llevado en la tapa un título que no presagiaba nada buenos para la Argentina. “Refuerzan los aprestos militares en el Sur”, se podía leer en uno de ellos, a todo el ancho de la portada. La tapa de Clarín del 31 de marzo, partida: entre la marcha del día anterior y el presagio de la recuperación de Malvinas que sería preludio de la guerra
“Numerosas detenciones en los incidentes”, se leía en la parte superior, y en la bajada decía: “Más de mil detenidos y numerosos incidentes arrojó la concentración de la CGT realizada ayer en esta capital, que fue rigurosamente controlada por militares y policías”. Entre los detenidos estaban Saúl Ubaldini, cinco integrantes de la Comisión directiva de la CGT Brasil, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y un grupo de Madres de Plaza de Mayo.
En la parte inferior de la portada, el otro título decía: “Costa Méndez: “No cederemos a ninguna intimación’”, y agregaba en letras más chicas que “Gran Bretaña ratificó su soberanía sobre las Malvinas”. Poco faltaba decir: la dictadura preanunciaba la guerra.
Al día siguiente, la CGT en un documento afirmó que el proceso militar estaba «en desintegración y desbande» y reclamó por un gobierno cívico militar de transición a la democracia. Ese texto nunca llegó a difundirse, estaba empezadlo la Guerra de Malvinas.
Estaban dadas todas las condiciones para que la dictadura tuviera que enfrentar un escenario de creciente protesta y conflictividad social. La manifestación del 30 de marzo había sido considerada como “el comienzo del fin” de la dictadura. Esa misma noche, la CGT Brasil daba a conocer su evaluación de la jornada afirmando que el régimen militar “está en desintegración y en debande”, para reclamar la formación de “un gobierno de transición cívico-militar hacia la democracia”. Sin embargo, un anuncio que sorprende a la opinión pública revierte la situación: el 2 de abril por la mañana, la Junta Militar da a conocer que las Fuerzas Armadas habían iniciado el Operativo Rosario, de desembarco en las islas Malvinas para recuperar la soberanía nacional sobre el territorio insular. Prácticamente nadie en el espectro político y gremial cuestiona la decisión, y se conocen expresiones de generalizado apoyo.
Era el primer apoyo decidido del sindicalismo a una medida adoptada por la dictadura militar instalada en marzo de 1976. Los pronunciamientos dieron un abrupto giro de timón que se percibe en los términos del lenguaje utilizado: ya no será “el gobierno de facto” o “la gestión gubernamental del llamado Proceso”; desde el 2 de abril serán “nuestras Fuerzas Armadas”, tal como aparece en sendos comunicados de las dos principales corrientes gremiales.
La Intersectorial señala: “Ante los hechos producidos por nuestras Fuerzas Armadas en el acto supremo de recuperar para nuestra soberanía nacional el territorio que integran nuestras Islas Malvinas, expresan con firme patriotismo su alborozo […] Los argentinos nos encolumnamos con un mismo sentimiento celeste y blanco para reivindicar el fin de 149 años de usurpación, ratificando aquello de que vencidas todas las instancias legales para que se restituya lo propio, es válida la utilización de la fuerza para conseguirlo”. Y la CGT invita “a todo el pueblo argentino sin distinción de banderías a hacerse presente en la Plaza de Mayo y embanderar los edificios con nuestra enseña Patria […] No se trata de una ocupación. Nuestras Fuerzas Armadas han ejercido un derecho legítimo de restituir a nuestro territorio patrio lo que por derecho propio nos pertenece. En esa alternativa el movimiento obrero argentino, representado por la CGT, acompañará este hecho histórico declarando el 2 de abril como el Día de Júbilo Nacional”.
Casi una semana más tarde, la CGT publica una solicitada titulada “Primero la Patria” en la que busca limitar los alcances de su adhesión: “La reconquista de las Malvinas en nada modifica los graves problemas internos que nos conmueven y, si bien la CGT ha hecho un paréntesis en su plan de acción (…) ello bajo ningún punto de vista debe interpretarse como una renuncia a lograr los objetivos de justicia social, independencia económica y soberanía política postergados por largos años”.
La presencia de los dirigentes alineados en la CGT y la Intersectorial en el acto de asunción del gobernador de las islas general Mario Benjamín Menéndez reafirma la adhesión, la que queda ratificada cuando los gremialistas aceptan viajar en el avión charter oficial con destino a las Malvinas, oportunidad en la que Jorge Triaca y Ubaldini se estrechan en efusivo abrazo antes de partir. A su arribo a las islas, este último dirá: “Damos este respaldo a las Fuerzas Armadas porque nos sentimos orgullosos de este acto de recuperación”. El sindicalismo se convierte así circunstancialmente en un aliado del gobierno militar en esos días y organiza misiones que viajan con destino a distintos países para “clarificar los derechos argentinos sobre las islas”.
Los principales dirigentes de la CGT y de la Intersectorial emprenden viajes a Europa, Latinoamérica y Estados Unidos para explicar las razones de la decisión del gobierno y los derechos argentinos sobre las islas, pero no podrán evitar pronunciamientos como el de la CIOSL con un análisis de los hechos que termina por acusar al gobierno militar de “ocupar las islas Malvinas para desviar la atención de los problemas de libertades democráticas en el país”. El saldo en todo el país: el trabajador textil, José Benedicto Ortiz, asesinado en Mendoza, casi nadie lo recuerda, nadie de los propios trabajadores.
