Por Joaquín Morales Solá.- Un profesor de la Facultad de Derecho que ordenó desobedecer a la Corte Suprema de Justicia. Un Presidente constitucional que se colocó en el lado de la ilegalidad. Son las caricaturas de un profesor y de un Presidente. Alberto Fernández quedó reducido a la insignificancia política y sometido a la diatriba de la historia cuando violó flagrantemente el Estado de Derecho. Al final, fue él quien convirtió el autoritarismo del kirchnerismo en chavismo puro y duro. Lo primero que hizo Hugo Chávez cuando accedió al poder en Venezuela fue desarticular al Poder Judicial y a su Corte Suprema. Alberto Fernández eligió una línea más directa: no la desarticuló; simplemente la desobedeció. Es igual. El Presidente, que se pavoneaba diciendo que en su gestión no le habían iniciado una sola causa penal, tendrá que enfrentar varios juicios penales en adelante: incumplimiento de los deberes de funcionario público y atentado contra el orden democrático, entre varios más. Un largo paseo por los tribunales lo aguarda cuando ya no esté en el ejercicio del cargo que tiene ahora. Podría, incluso, enfrentar un juicio académico en la Facultad de Derecho. No puede ser profesor quien no podría aprobar la primera materia de la carrera de esa facultad. No solo es un mal profesor; también es un mal alumno. ¿Qué enseñan los profesores de Derecho si no que las sentencias judiciales son de cumplimiento obligatorio? Otra pésima lección del profesor fue adelantar que recusará a los jueces de la Corte Suprema para que otra Corte, formada por conjueces, se haga cargo del conflicto entre el gobierno federal y la Capital. ¿Dónde está escrito que se puede recusar al juez porque sencillamente a alguien, involucrado en una causa, no le gusta su sentencia?
“El peronismo ha muerto. El kirchnerismo lo sometió hasta hacerlo desaparecer. Ya no existe”, sentenció un alto dirigente opositor. Si bien el peronismo y las instituciones nunca se llevaron muy bien, es cierto también que nunca había llegado tan lejos. La sublevación no solo incluyó al Presidente y su vicepresidenta (que la inspiró), sino también a todos los gobernadores peronistas y filoperonistas. Solo hubo dos excepciones: el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y el de Santa Fe, Omar Perotti. Ellos son cada vez más líderes de partidos provinciales. De hecho, el peronismo cordobés no figura como peronista en la coalición provincial que lidera. El propio kirchnerismo involucionó de los constantes berrinches de Cristina Kirchner contra la Justicia, aunque terminaba cumpliendo sus disposiciones, a la situación actual de quebrantamiento del orden constitucional. Llama la atención que los gobernadores se hayan sumado a la sublevación porque esta misma Corte Suprema les dio la razón a las provincias, a fines de 2015, luego de que el matrimonio Kirchner les hurtara parte de la coparticipación. A ese muerto lo debió levantar el gobierno de Mauricio Macri cuando se hizo cargo de la deuda del gobierno federal con las provincias. ¿La Corte es buena cuando falla a favor de las provincias y es mala cuando lo hace a favor de la Capital? ¿Acaso todo se explica con el argumento de que “la Capital es el distrito más rico del país”, como repiten los ricos dueños de feudos peronistas provinciales?
El interior contra la Capital. Supuestos ricos contra supuestos pobres. Nuevas grietas. La fabricación incansable de resentimientos en el tejido social del país. Es la obra del kirchnerismo. La explicación es más sencilla. La Corte está integrada por jueces que respetan el mandato constitucional de un país federal, se trate de provincias del interior o de la Capital. La Capital tiene su autonomía equiparable a una provincia. Los jueces supremos lo saben mejor que nadie. Dos de ellos, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, fueron constituyentes de la reforma constitucional de 1994 que instauró la autonomía de la Capital. Un tercer magistrado, Carlos Rosenkrantz, fue el principal asesor jurídico de Raúl Alfonsín en esa Convención Constituyente; el expresidente radical fue también constituyente. Tres de los cuatro jueces de la Corte no solo conocen la letra de la Constitución, sino también su espíritu.
Los gobernadores peronistas macanean a gusto cuando señalan que les sacarán a ellos recursos de la coparticipación para dárselos a la Capital. Nadie les sacará nada. Alberto Fernández revocó unilateralmente un acuerdo entre el gobierno federal y el capitalino en tiempos de Macri, cuando este le pasó la policía a la Capital y los fondos para financiarla, que correspondían al presupuesto nacional, no al de las provincias ni a la coparticipación. Cuando la Corte aceptó ahora la cautelar pedida por el gobierno de Rodríguez Larreta, argumentó que en la relación del gobierno nacional con las provincias (y con la Capital) no debe haber decisiones unilaterales, sino negociaciones y nuevos acuerdos si se quiere revocar uno anterior. Una clase básica de derecho y de buenos modales institucionales para el profesor de derecho. La devaluación política e institucional de Alberto Fernández es tan marcada que borra toda su historia. De él quedará solo el recuerdo de un hombre sometido y de un violador serial del orden constitucional.
Con todo, la principal víctima del zafarrancho del jueves ingrato es el ministro Sergio Massa. ¿Quién comprará en adelante un bono argentino, que siempre fija la jurisdicción judicial en el país o en el exterior? ¿Quién, si el gobierno nacional desobedeció a la Corte Suprema? ¿Quién, si ese mismo gobierno podría hacer lo mismo con los bonos en tribunales locales o extranjeros? En definitiva, ¿cómo conducir una economía agónica cuando, además, se profundiza la inseguridad jurídica del país? ¿No podrían muchos argentinos dejar de pagar impuestos porque el incumplimiento de la ley es un ejemplo que lo instaló el propio Gobierno? ¿Les harán un juicio? Podrían desobedecerlo y reclamar que la rebeldía ante la Justicia respete también la igualdad ante la ley. “Ojo: no me voy a suicidar por la locura de algunos”, advirtió Massa ya varias veces, aunque nunca se refirió al estropicio que acaban de cometer el Presidente y una corte de gobernadores cerriles y violentos.
El efecto cascada de la decisión irresponsable del jueves tendrá consecuencias largas e imprevisibles, que afectarán, otra vez, a la sociedad. El liderazgo de Jorge Capitanich de esos mandatarios indica quién está detrás de todo: Cristina Kirchner. Justo Capitanich que fue dos veces jefe de Gabinete (con Eduardo Duhalde y con Cristina Kirchner), senador nacional, varias veces gobernador y fungió alguna vez de peronista moderado. La violación de la Constitución es, en el caso del gobernador del Chaco, explícita, rotunda y premeditada. Los antecedentes de Capitanich no exculpan a los otros gobernadores (ni mucho menos al Presidente y su vicepresidenta), pues todos fueron golpistas del sistema democrático.
Rosatti y Maqueda, viajaron el jueves a sus provincias, Santa Fe y Córdoba respectivamente, para pasar las fiestas. Es probable que el planteo de Rodríguez Larreta y el inédito conflicto de poderes que crearon artificialmente los obligue a regresar a la Capital después de la Navidad. La Corte podría imponerle una multa al gobierno nacional por cada día de incumplimiento del fallo y, desde luego, rechazará in limine (en el umbral) la recusación que le hará el gobierno nacional.
Un gobierno peronista que ni siquiera puede garantizarle una Navidad tranquila a la sociedad. Un gobierno que aniquiló en dos días, al menos mediáticamente, la felicidad colectiva por el campeonato mundial que logró la selección nacional de fútbol. Un gobierno que asistió, impotente, al espectáculo de un sector de la sociedad que perpetró con alegría saqueos de bienes públicos (y algunos privados) durante los festejos del martes caótico. La avenida 9 de Julio amaneció el miércoles con destrucciones masivas de instalaciones públicas y con un olor insoportable a evacuaciones humanas. Hay grupos de la sociedad que perdieron el sentido de que existe un autoridad en condiciones de asegurar el orden público. Son los mismos sectores de la sociedad argentina que navegan entre las orillas de la anomia y de la anarquía. Es otra obra del kirchnerismo.
El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner se especializa en destruir las instituciones, pero ya perdió el control del espacio público. Ese es, en efecto, el certificado de que el peronismo ha muerto.
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