Los productores reclaman que el Gobierno respete las reglas de juego y el Gobierno, que aumentó las retenciones, advierte que las hará obedecer con el uso de la Constitución y de la ley, lo que tal vez sea una alusión velada al estado de sitio.
La Presidenta, lejos de resolver el conflicto, lo dejó trabado entre dos discursos aparentemente irreconciliables.
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Durante las dos administraciones kirchneristas, las retenciones subieron en cuatro oportunidades, lo cual implica un indudable cambio de las normas sobre el sector. Y a pesar de lo que dijo la primera mandataria, el aumento de los costos de producción redujo el tipo de cambio real. En tanto, las retenciones sobre las exportaciones totales del país crecieron, en 2007, un 99 por ciento. A menor rentabilidad se sumó mayor presión fiscal.
La recaudación por retenciones queda en las arcas del gobierno nacional, pues no forma parte de la torta coparticipable: por eso, si bien la ley de coparticipación dice que las provincias deben recibir, por lo menos, el 34 por ciento de la recaudación, en realidad sólo perciben el 27 por ciento, según la consultora Economía y Regiones. Por ese mismo problema, las provincias no tienen margen alguno para aumentar los impuestos.
Es cierto que los cortes que organiza el campo son tan incómodos como los de los piqueteros, pero las manifestaciones de los productores no responden a ninguna motivación ideológica ni a un liderazgo político, sino que son brotes espontáneos de una clase media rural, como advierte Rosendo Fraga, que creció mientras la clase media urbana se debilitaba. Ese sector es el que tecnificó el campo, aumentó la productividad y reclama que se respeten las ganancias por los riesgos que asumió.
Incluso en algunos despachos de la Corte Suprema, donde no está en estudio ninguna causa sobre este tema, se oyó opinar que las retenciones tal como están planteadas hoy son confiscatorias.
La Presidenta, con un discurso nada conciliador, intentó dividir entre el campo y todos los demás ciudadanos. Pero el abuso que otrora recayó sobre los pequeños ahorristas y, ahora, sobre los productores podría en el futuro volver a caer sobre otros sectores más desprotegidos. Lo importante es eliminar los abusos.
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Ahora bien, ¿es la solución utilizar la ley de abastecimiento o el estado de sitio? El Gobierno tiene atribuciones para hacerlo. Pero la citada ley parece inapropiada frente a la dispersión del conflicto, y el estado de sitio, a la vez que es un remedio excesivo, también tiene una historia de abusos.
Este mecanismo fue usado en la Argentina en 53 oportunidades, normalmente por asuntos de seguridad, pero, también, por problemas económicos (Raúl Alfonsín). Pero rara vez solucionó los problemas de fondo. Además, la Constitución nacional exige que sea declarado por el Congreso nacional, pero en el 61 por ciento de los casos el gobierno de turno esquivó al Poder Legislativo. ¿Se intentará ahora recurrir al Congreso o a un decreto?
El estado de sitio está previsto para situaciones excepcionalísimas, pero, aun así, es un mecanismo poco afinado para resolver problemas más profundos.
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Fuente: diario La Nación, Buenos Aires, 26 de marzo de 2008.
El autor dio una charla sobre periodismo en 2006 en Rafaela.
