Al margen del incidente ocurrido la semana pasada durante un homenaje a los militares muertos por la acción de grupos guerrilleros y de alguna expresión aislada de reivindicación del gobierno de facto iniciado en 1976, pocos sectores de la vida nacional han hecho en los últimos años tan valorables esfuerzos en materia de autocrítica como las Fuerzas Armadas.
La integración de la amplísima mayoría de los militares a la vida democrática es un dato que pocas veces es destacado por Néstor Kirchner, que a menudo prefiere exhibir gestos de poder y de disciplinamiento que suelen ser interpretados por los receptores del mensaje como una provocación.
La dureza del discurso de ayer del Presidente en el Día del Ejército fue, para algunos observadores, un ejemplo más de una política militar condicionada por objetivos vinculados con la construcción de poder político personal. Si de cara a los comicios del año próximo el propósito de Kirchner es consolidar un polo de centroizquierda, sus exhibiciones de fuerza ante los militares podrían llegar a serle de utilidad.
Otras fuentes políticas ven en los juicios formulados ayer por el jefe del Estado una advertencia ante una probable sucesión de actos de desobediencia en ciertos sectores militares.
Frente a esta última hipótesis, en la cúpula del Ejército se descarta cualquier incidente de envergadura. Pero, por las dudas, los seis integrantes de esa fuerza a quienes se les aplicaron sanciones por haber participado del reciente homenaje a víctimas de la guerrilla en la plaza San Martín quedaron detenidos en diferentes unidades militares, ninguna de las cuales pertenece al cuerpo de infantería del que provienen los arrestados.
La fuerte advertencia lanzada ayer por Kirchner ha potenciado un incidente, como el ocurrido días atrás en la plaza San Martín, que, a juicio de voceros castrenses, es calificado de menor al lado del empeño del conjunto de los integrantes de las Fuerzas Armadas por subordinarse al poder civil.
En efecto, el Ejército de hoy dista mucho de parecerse a los sectores del Ejército que, allá por 1987 y 1988, tuvieron en vilo al gobierno de Raúl Alfonsín y a la sociedad toda.
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Aunque nadie debe olvidar que es el Presidente el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, éste debería recordar a veces que lo cortés no quita lo valiente, especialmente ante la cuestionable forma en que se exponen algunas medidas por parte del Poder Ejecutivo.
De lo contrario, cualquier decisión -por legítima que sea- podrá ser confundida con una provocación que sólo busca un rédito político inmediato.
El reciente anuncio de una reestructuración que se hará en las Fuerzas Armadas, que derivaría en un recorte del poder de los jefes militares que se trasladaría al Estado Mayor Conjunto, no debería generar mayor resistencia en las filas castrenses; pero la forma intempestiva en que se comunicó dará mucho que hablar.
Del mismo modo, el anunciado cierre de los liceos militares ha sido interpretado por sectores militares y por muchos de los padres de los alumnos que concurren a esos institutos como un ejemplo de cierto «ensañamiento» que existiría en el poder político contra todo lo militar.
La ministra de Defensa, Nilda Garré, ha expresado en los últimos tiempos que la educación militar no resulta conveniente a esa edad.
Se trata de una opinión muy respetable, pero que no debería serles impuesta a quienes creen lo contrario y que, en forma absolutamente voluntaria, deciden enviar a sus hijos a los establecimientos educativos en cuestión, del mismo modo que otros padres optan por llevar a sus hijos a colegios religiosos o del Estado.
Si a todo esto se suma el hecho de que, desde que llegó a la Casa Rosada, nunca el primer mandatario rindió un homenaje a las víctimas de los ataques de los grupos guerrilleros que asolaron el país en los años 70, mientras que sí recordó a las víctimas del terrorismo de Estado, es fácil entender el sentimiento que hoy prevalece en las familias de militares frente al gobierno nacional.
Con todo, la hipótesis tremendista que se escucha entre algunos militares retirados, en el sentido de que Kirchner quiere terminar con las Fuerzas Armadas, no parece tener asidero.
Basta recordar que este año se ha aumentado el presupuesto operativo del Ejército desde 120 hasta 280 millones de pesos. Pero, la mayoría de las veces, los gestos mediáticos son más fuertes que cualquier acción de gobierno.
Fernando Laborda
Fuente: diario La Nación, Buenos Aires, 30 de mayo de 2006.
