Por Enrique Marchiaro.- Nuestra Constitución nacional permite diversos programas económicos y políticos que pueden ir de un extremo al otro del arco ideológico. Los límites que se fijan son generosos y dependen de las interpretaciones.
Con magistral precisión Guillermo O’Donnell nos ha enseñado que nuestras constituciones se nutren de tres grandes modelos teóricos: el liberal (preexistencia de derechos individuales frente al Estado), el democrático (un hombre igual un voto) y el republicano (gobierno de la ley y no de los hombres). Estas tres corrientes necesitan a su vez de flexibles y diversas combinaciones.
A casi diez años de vigencia del actual “modelo” resulta claro que algunos de sus rasgos son una reproducción de lo que el peronismo ha sido y es: un populismo con fuerte tendencia antifederal.
Nuestra Constitución, al igual que otras del mundo (Estados Unidos o Italia), permite el populismo en la medida que sus vicios no se expandan .
Bush, Berlusconi, Menem, Néstor y Cristina Kirchner son buenos ejemplos del populismo contemporáneo .
Este tipo de democracia orgánica y movimientista, fuertemente no institucional, reducirá al máximo los componentes liberal-republicanos y sólo si los niega o anula será inconstitucional.
En cambio, nuestra carta magna no permite un programa antifederal.
Y esto es lo que pasa desde hace diez años, donde se incumple groseramente con la ley de coparticipación que fija un piso del 35 % a las provincias y -desde que se estatizaron las jubilaciones- no ha reintegrado el 15 % de masa precoparticipable, comenzando saludablemente Córdoba a denunciar el pacto fiscal en este punto.
Los ingresos por coparticipación a las provincias fueron decayendo groseramente: del 52 % antes de 1976 al 50 % en 1993 para llegar al 32,7 % en 2011. La Nación recauda entre el 80 y el 85 % de los tributos y a su vez recurre al Anses, el BCRA y la emisión monetaria, cuando sus gastos por personal son del 13 %, mientras que las provincias no tienen estas cajas y sus gastos de personal rondan el 50 %.
De 1974 en adelante el actual programa de gobierno ha sido el que más ha lesionado el federalismo en este punto. Y ello no se atenúa con el argumento de que la política económica nacional inyecta fondos al interior y las regiones vía obra pública, transferencias directas o bien con los mejores ingresos de trabajadores y jubilados sumados a los subsidios directos e indirectos.
Mientras el mundo desarrollado optó por combinaciones muy ricas entre los planos liberal-republicano-democrático, como país a fines del siglo XX optamos por un populismo de mercado que casi nos dejó en la ruina y en el siglo XXI, por un populismo de Estado que poco a poco se agota.
El autor es DOCTOR EN CIENCIAS JURIDICAS, DOCENTE UNIV. NAC. DEL LITORAL.
Fuente: Diario Clarín, Buenos Aires, 14/08/12.