Por Emilio Grande (h.).- El decreto presidencial sobre la polémica intervención a la firma cerealera Vicentin, ubicada en Avellaneda, en el norte provincial, generó revuelo político y económico con posturas encontradas.
Sobre las consecuencias del decreto, el CPN Jorge Ghiano opinó técnicamente: “se trata de una empresa que está en cesación de pagos, legalmente lo ha demostrado porque para poder concursarse y que el juez (Fabián Lorenzini) aperture el concurso, el requisito objetivo es la cesación de pagos, con un pasivo de 1.350 millones de dólares. Ese pasivo todavía no está cristalizado porque a los acreedores no le llegó el momento procesal para verificar sus créditos al domicilio del síndico. El juez prorrogó las fechas de verificación al 25 de agosto próximo y luego dictará la resolución que consiste en la consolidación del pasivo”, durante el programa “Sábado 100” por radio El Espectador (100,1), que conduce quien firma esta entrevista.
Ghiano es Contador Público Nacional (UNL, 1979), se especializó en Sindicatura Concursal (UCSE, 1998) y en Educación Superior (UCC, 2004), hizo una Diplomatura en Gestión y Gobierno de Empresas de Familia (Siglo XXI 2008). Es docente de Derecho Concursal en las carreras de Abogacía y Contador Público en la UCSE DAR desde 2002. Fue director de la UCSE DAR. Es socio de SAIPE.
¿El decreto fue un avasallamiento del Ejecutivo sobre el Poder Judicial mientras se sustancia el concurso en el Juzgado de Reconquista?
La ley de concursos y quiebras no prevé ninguna situación de este tipo, no está legislado que se puede intervenir. El Gobierno lo hizo entendiendo que es una necesidad pública tratar de salvar una de las empresas más grandes de la provincia de Santa Fe y gran exportador de productos provenientes de cereales. No nos gusta técnicamente es que se hable de una posterior expropiación, si bien la ley de expropiación lo permite; cuando hay una causa de interés público, que hay que demostrarla, el Congreso de la Nación puede votar la expropiación y a los expropiados se les debe pagar el valor de lo que se le está expropiando. El decreto del presidente Alberto Fernández habla de que se necesita una reactivación inmediata; cualquier empresa que está en cesación de pagos necesita una inyección fuerte de capital financiero para poder actuar. En una situación como Vicentin, que es una empresa de confianza, el negocio que hacen los productores entregándoles su producción es de mucha confianza; durante 90 años dio la impresión que esta gente trabajó sumamente bien y por eso el productor le confió grandes cantidades de cereales y oleaginosas en 2019. Para volver a tener confianza necesita dinero para pagar a los productores y luego le entreguen nuevamente su producción. Personalmente, no me gusta la expropiación porque el Estado ha demostrado en YPF, Aguas y un sinnúmero de empresas argentinas, que estas expropiaciones terminan muy mal porque demostró no ser un gran administrador. Por otro lado, hay que pagar la indemnización y en este caso el pasivo podría ser mayor que el activo en Vicentin; en consecuencia el Estado no querrá pagar nada y ni hacerse cargo de las deudas.
Más allá del decreto, ¿había otras alternativas como la venta de la empresa o asociarse con otros capitales nacionales e internacionales?
Sí, en todo momento y periodísticamente Vicentin estaba diciendo que estaba teniendo contactos con empresas multinacionales porque entre Vicentin y AGD (Aceitera General Deheza en la provincia de Córdoba) serían las 2 únicas empresas argentinas de magnitud que se dedican al negocio de los cereales, parece que estaban negociando con otras empresas. Ahora aparece a través del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) una posible constitución de una sociedad con cooperativas. Es muy importante porque se han destacado en los últimos 100 años en la producción agropecuaria del país, a pesar de que hayamos tenido ejemplos muy tristes y muy cercanos a nosotros como Sancor. Se puede salir a través de una sociedad de economía mixta donde participen el Estado, privados y las cooperativas.
¿La empresa le hará juicio al Estado? (en las últimas horas se conoció que Vicentin irá a la Justicia Federal para remover la interventor Gabriel Delgado).
Sin ninguna duda, juicio que pagaremos dentro de algunos años; es una experiencia triste en el país las expropiaciones. Está concursada Vicentin SAIC, que es una parte del grupo, no están incluidas las empresas como ARSA (Alimentos Refrigerados SA), la parte de productos frescos que le compró a Sancor; las bodegas de Mendoza; el frigorífico FRIAR, que exporta, y en una situación concursal de sus antiguos dueños, Vicentin se hizo cargo y pagó todas las deudas, y tienen un feedlot con miles de cabezas; entre otras. No queda claro si la expropiación iría únicamente sobre Vicentin SAIC o sobre todo el grupo económico.
El justificativo del Gobierno es garantizar la soberanía alimentaria, ¿el mensaje del Estado a la sociedad es que pueden ser intervenidas otras empresas en situaciones similares?
Puede dar lugar a eso. La soberanía alimentaria es un proceso muy largo, hay países y grandes estudiosos que llevan adelante esta teoría que va en contra de las multinacionales. El alimento no es solamente proteínas, vegetales o aceites como tiene Vicentin; soberanía alimentaria incluye todos los alimentos que necesitan los argentinos. Puede abrir una puerta a otro tipo de expropiaciones. Muy cerca de nosotros está Sancor, que sigue con dificultades a pesar de haber concluido su APE (Acuerdo Preventivo Extrajudicial); es una empresa sujeta a expropiación en este concepto de soberanía alimentaria.
