En la Especialización Enseñanza de la Educación Superior de la Universidad Católica de Cuyo cursado en UCSE DAR (2005-2007) investigué en el 2005 el tema «Niveles de arancelamiento en la universidad pública de la Argentina» con un planteo similar a lo que dice el colega Andrés Oppenheimer (ver en esta página). A continuación se transcriben las conclusiones:
«El planteo de este tema en la universidad pública no pasa por buscar posturas antagónicas entre quienes están a favor de la gratuidad a ultranza y los organismos internacionales, funcionarios o intelectuales que impulsan un arancelamiento total o la privatización de la universidad.
«A decir verdad, el presupuesto para la educación en la Argentina es muy bajo respecto a otros países europeos y latinoamericanos, lo que demuestra que a la dirigencia política le interesa poco invertir en esta materia, que constituye una piedra fundamental para el desarrollo con equidad y, al mismo tiempo, buscar caminos para salir de la pobreza socioeconómica de la mitad de la población.
«Sin embargo, por más que se modifique el actual presupuesto de 4,3% a 4,7 para el 2006, con la meta de llegar al 6% en cinco años, no es garantía para que los problemas estructurales se resuelvan de un día para el otro.
Además, las fuentes consultadas a nivel nacional y local demuestran que la mayor parte del presupuesto se destina para pagar sueldos paupérrimos -ocurre lo mismo en la universidad privada- y lo que sobra se destina para otros gastos menores. Los proyectos de investigación, mantenimiento y construcción de edificios están supeditados a otros programas.
«En otros países hace tiempo que se impuso el arancelamiento y en la Argentina se seguirá un camino similar, según opinó la docente Estela Medina durante el cursado de este postgrado en la UCSE en Rafaela, como así también lo revelan los autores y funcionarios universitarios consultados. De hecho ya se está cobrando un arancel en algunas universidades públicas en las carreras de grados y de postgrados (se cobra en tecnicaturas, postgrados y cursos de la UTN Rafaela).
«Este trabajo pretende ser un aporte para reflexionar sobre la necesidad de incorporar niveles o grados de arancelamiento, que se pueden determinar según los ingresos familiares del estudiante. Por ejemplo, para el grupo familiar de un alumno con sueldos de 10.000 pesos se puede establecer un arancel de 200 pesos o más, otro caso con ingresos de 1.000 cobrar un porcentaje a establecer y en caso de padres que estén desocupados que siga el sistema de gratuidad.
«A través de un sistema solidario se permitirá paliar el financiamiento de la educación en la Argentina, ya sea para áreas específicas o a determinar: sueldos, perfeccionamiento, investigación y obras de infraestructura».
