Por Natalia Aquilino.- La agenda de género, pero especialmente, la agenda de participación de las mujeres es todavía un tema marginal en Rafaela. No hay políticas activas que favorezcan un mayor involucramiento de las mujeres en la vida pública y sobretodo, en los espacios de decisión que afectan la vida común.
Tomemos por caso la estructura Municipal. En el Concejo Municipal sólo el 33,3% de los y las legisladoras son mujeres, lo que es absolutamente coherente con la ley de cuota pero no la supera. En el Poder Ejecutivo Municipal, los cargos de dirección política (a nivel de secretarías y subsecretarías) son ocupados por el 36,36% de mujeres. La mayoría, el 63.64%, restante son varones. El equilibro para el sector público, se sitúa en una mujer de cada tres funcionarios ocupando puestos de decisión públicos.
Tomemos por caso la institucionalidad del sector privado. El Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región cuenta con una Comisión Directiva amplia y representativa de numerosos sectores de la actividad económica local. Sólo el 14,29% de sus miembros son mujeres. Hay una abrumadora mayoría masculina que llega al 85,71%. El equilibrio se ubica en una mujer de cada cinco cargos en el máximo órgano de decisión.
Así, los espacios críticos de toma de decisión de lo que llamamos la articulación público-privada están predominantemente ocupados por varones. Sólo uno de cada cuatro lugares críticos es ocupado por una mujer.
Por su parte, el Mapa Social Rafaela (2015) mostró que en el único sector donde se equilibra esta tendencia es en la composición de los equipos que apoyan el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. En este caso el 54,20% son mujeres y el 46,80% varones. Sin embargo se trata en su mayoría de actividades no remuneradas que se hacen por vocación de servicio. Si pudiésemos tomar como base de análisis los cargos directivos, la tendencia anterior se confirmaría.
¿Pero qué quiere decir esta mirada del Estado de la participación social? Seguramente no refleja la real participación de la mujer en la toma de decisiones a nivel de la vida cotidiana. Tampoco quiere decir que haya pocas mujeres que participan en política, tendríamos que compararlo con algunos estándares nacionales. Tampoco quiere decir que hay pocas mujeres emprendedoras en el comercio o en la industria.
Lo que si quiere decir es que en Rafaela todavía no están garantizadas las condiciones para facilitar y promover una mayor participación de la mujer en la vida pública, especialmente en la toma de decisiones. También quiere decir que está en vigencia un modelo de organización familiar antiguo, un modelo que todavía asigna a la mujer una mayor inversión de tiempo doméstico que público.
Algunos ejemplos. Primero, las reuniones de toma de decisión en el ámbito público y privado se realizan, en su mayoría, en horarios compatibles con la asignación de la mujer al espacio doméstico. Segundo, la organización del cuidado (niños, enfermos, ancianos) también está organizada alrededor de la idea que la mujer se queda en casa. Tercero, la vida familiar no asigna valor monetario a las tareas domésticas, entonces “estar en casa” es gratis porque no se monetiza lo que implica ese trabajo. Cuarto, las mujeres dedican tres horas más por día a tareas del hogar recargando su agenda mucho más que la del varón que no asume en la misma proporción el trabajo doméstico. Quinto, las licencias laborales son más flexibles y amplias para mujeres que para varones. Y podríamos seguir.
Para avanzar en una agenda de género y entrar en el siglo XXI se necesitan políticas públicas y privadas activas. Es necesario que las instituciones se adecuen a los nuevos modelos y roles sociales y lideren la conciliación entre la esfera pública y privada con ideas innovadoras que reflejen una realidad cambiante.
Un primer ámbito es el cultural. Es indispensable mostrar y sensibilizar acerca de la equidad derribando viejos mitos y un statu quo conservador que no le deja lugar a la mujer. Los espacios y las rutinas de decisión están pensados desde siempre por varones con modelos mentales superados que asignaban el lugar de lo público a ellos mismos.
Un segundo ámbito es el formal o legal. Se necesitan regulaciones afirmativas de derechos que están pero que es necesario fomentar y profundizar. Por ejemplo, equiparando las licencias por maternidad y paternidad, excedencia, cuidado de un familiar enfermo entre géneros, etc.
Un tercer aspecto es el de la práctica organizacional. Se necesitan desde descripciones de puestos de trabajo equitativos; pasando por una selección de personal sin barreras de acceso basadas en sexo; hasta horarios respetuosos de la vida doméstica para los géneros.
En síntesis se necesitan crear y mejorar las condiciones culturales, políticas, legales y consuetudinarias que faciliten, promuevan y empoderen a la mujer para que avance en la conquista de la equidad. Esto mejorará su participación política y aumentará su influencia en la toma de decisiones pública. Tal como sucede en la vida real.
6 de junio de 2016
