Por Emilio Grande (h.).- El presidente Javier Milei firmó el decreto 780/24 gravemente restrictivo contra el acceso a la información pública establecido en la ley 27.275 del 2016, cuyo objetivo es garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública.
Hay dos modificaciones sustanciales en el decreto presidencial, publicado en el Boletín Oficial el lunes 2 de setiembre, redefiniendo lo que es información pública y lo que es un documento estatal. Por un lado, no se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido.
Por el otro, la definición de documento establecida en la ley mencionada y su modificatoria debe entenderse referida a todo registro que haya sido generado, que sea controlado o que sea custodiado en el marco de la actividad estatal. Las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo, o el examen preliminar de un asunto, no serán considerados documentos de carácter público.
Milei está enojado porque un periodista pidió conocer los gastos de recursos estatales en la construcción de caniles en Olivos para los perros del Presidente, que pagamos todos los argentinos con los impuestos.
Además de los periodistas, cualquier argentino puede reclamar información sobre los actos del Estado, haciendo uso de esta ley, cuyo autor fue Eduardo Bertoni, director de la Agencia de Acceso a la Información durante el gobierno de Macri y ex relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Al respecto, el colega Joaquín Morales Solá opinó en el diario La Nación que “es inconstitucional por el simple hecho de que un decreto no puede restringir los márgenes establecidos por una ley. Esa ley de acceso a la información sirvió para que el periodismo conociera -o confirmara- información valiosa sobre la corrupción política o sobre el trasiego de personas por los edificios que ocupan los presidentes”.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó “preocupación” por el decreto que modificó la reglamentación de la ley aprobada en 2016: “Ha incorporado excepciones que, por su amplitud y vaguedad, podrían habilitar a los funcionarios a incumplir su obligación de permitir el acceso a la información pública”, para agregar que “esas restricciones podrían afectar tanto el respeto de los principios receptados por la ley como los estándares constitucionales e internacionales en esta materia”.
En este sentido, 20 organizaciones civiles y sociales sin fines de lucro rechazaron la modificación, entre las que se encuentran Poder Ciudadano, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Directorio Legislativo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y la Escuela de Fiscales, entre otros, quienes denunciaron que el decreto reglamentario “no puede limitar el derecho de acceso a la información pública en contradicción con el alcance de la propia Ley de Acceso a la Información votada por el Congreso de la Nación en 2016”.
Luego de los cuestionamientos, el jefe de Gabinete Guillermo Francos anunció que podrían modificar el decreto que restringe el acceso a la información pública, aunque aclaró que no lo van a derogar.
A decir verdad, Milei viene teniendo maltrato verbal hacia distintos periodistas que investigan y critican los actos de gobierno, llamándolos “ensobrados”, es decir que cobran una coima para decir o escribir determinada información. Si tuviera pruebas de estos supuestos hechos que haga la denuncia correspondiente. El Presidente avanzó con este decreto contra el acceso a la información pública, que es inconstitucional porque afecta el derecho que tienen no solamente los periodistas sino también los ciudadanos de acceder a la información pública y privada (hay algunas excepciones previstas en la norma) de los funcionarios públicos del Estado en todos los niveles.
