Por Emilio Grande (h.).- Mientras continúan las escuelas cerradas en la mayoría de las provincias, el 70% de los menores de 17 años del país no participó, en 2020, de ninguna clase a través de plataformas virtuales, según un informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), subrayando el aumento de la desigualdad educativa como consecuencia del cierre de escuelas. La mitad de los alumnos (51%) solo tuvo contacto con el colegio a través de las redes (Whatsapp, Facebook o Instagram). Por esa vía recibieron tareas y materiales de estudio, pero sin acceso a clases. El resto se comunicó por teléfono o perdió contacto con la escuela.
La pandemia y eterna cuarentena profundizaron en 2020 la brecha social, con una pobreza multidimensional del 44%, que crece hasta el 54% en el conurbano bonaerense y presenta graves deficiencias en contextos vulnerables. El 71% de los argentinos encuentra dificultades para acceder a algún derecho básico esencial (vivienda digna, alimentación, salud o empleo) y el 30% de los menores de 17 años participó el año pasado de clases remotas por plataformas virtuales.
Los números del informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), presentado con Cáritas, que llamó a participar este fin de semana en la colecta anual para reunir fondos para sostener los programas de ayuda inmediata y de promoción humana.
Este relevamiento muestra la curva ascendente de la pobreza, que extiende las desigualdades y castiga con especial severidad a las familias de menores recursos. “Un rostro detrás de cada número. Radiografía de la pobreza en la Argentina” es el título del informe, que analiza la situación social del país y las políticas aplicadas para la crisis.
“La interrupción de la asistencia escolar puso en evidencia la centralidad de la escuela como tecnología al servicio del proceso de enseñanza y aprendizaje, y espacio privilegiado de socialización secundaria”, señalaron los responsables del estudio. Advirtieron sobre las disparidades y desventajas que afectaron en mayor medida a los estudiantes más vulnerables. Para los investigadores del ODSAUCA, los “efectos nocivos” del aislamiento obligatorio en la economía, en los ingresos y en las condiciones de vida de la población tuvieron repercusiones en la incidencia de la pobreza y la indigencia, y en particular en el acceso a los alimentos.
“Nuestras deudas sociales son estructurales y hay que abocarse con políticas de acompañamiento”, dijo Agustín Salvia (director del Observatorio mencionado), en un llamado al Estado a participar activamente en la resolución de las “injusticias” de la sociedad”. Y agregó: “La pobreza es multidimensional y estructural en un cuarto de la población argentina. Solo un 28% de la Argentina está liberada de la pobreza”. Según los datos relevados, la pobreza muestra una tendencia creciente, en los sectores sociales más bajos, en la última década.
La ayuda del Estado mediante planes sociales no pudo impedir el avance de la inseguridad alimentaria. La asistencia de comida gratuita en espacios escolares y comunitarios llegó en 2020 al 40% de los menores de 17 años, cuando hace una década recibían la ayuda alimentaria el 26,1% de los chicos.
Los números indican que la tasa de desocupación era del 9% en 2011 y trepó al 14% en el primer año de la pandemia, en las áreas urbanas. Durante toda la pandemia, Cáritas distribuyó alimentos a 3,2 millones de personas, cuando antes de la emergencia atendía a 1,2 millones.
En este contexto, la ministra de Educación de Santa Fe Adriana Cantero reconoció que «sólo el 10% de la población» cuenta con conectividad, en el marco de la polémica generada por la decisión del gobierno provincial de suspender las clases virtuales por el aumento de casos. La Provincia dispone de 65.000 millones de pesos, de los cuales $ 30.000 millones están en plazo fijo, pero no invirtió para aumentar la tecnología que asegurase el aumento del porcentaje conectado virtualmente.
El 2020 fue casi un año perdido porque lamentablemente la mayor parte del año fueron clases virtuales, donde los alumnos de todos los niveles aprendieron a medias, con problemas de internet y pérdida de la socialización, tan importante para los niños.
Este año volvieron las clases presenciales con 2 burbujas pero ante el aumento de casos, las autoridades decidieron cerrar las escuelas nuevamente. La Constitución Nacional garantiza el derecho a estudiar, pero parece que los gobernantes no entienden sobre el grave daño que provocan a los estudiantes. ¿La educación no es esencial?
