Martirio de casi 6 millones de jubilados: ¿no es delito de lesa humanidad?

Por Emilio J. Grande.- De autor anónimo hemos leído que “las personas no están jamás tan cerca de la estupidez como cuando se creen sabias”.
Es un sayo que le queda muy bien a la elegante presidenta de la Nación. Pero lamentablemente, además, con su soberbia, contradicciones, mentiras, errores y desatinos en que incurre constantemente Cristina Fernández de Kirchner, cada vez se agita más con malestar y sufrimiento la oposición del pueblo argentino, a lo que hace su aporte esa oposición de cuarta.
De la sumatoria de aspectos que ameritan críticas in crescendo, dedicamos hoy estas líneas al muy sensible tema del sector de pasivos.
Son alrededor de 6 millones que perciben la asignación mínima, esta que con el reciente último aumento no llega a los dos mil pesos mensuales. Situación que es producto del veto de la señora presidenta (“p” minúscula, por merecimiento) al 82% que la Constitución prevé y por fin había dispuesto por ley el Congreso, porque -se argumentó- se desfinanciaría el presupuesto de la ANSeS, esa ANSeS que se ha convertido en “un banco de préstamos” como lo ha demostrado fehacientemente con una descripción irrebatible el diputado nacional Alberto Assef en su nota publicada en la página 6 de la edición de este diario del 26 de septiembre último.
Ni un punto ni una coma de lo que afirma ese legislador desmintió el oficialismo, consecuencia de la veracidad que tanto indigna y hace preguntar si al negarse el cobro de lo que le corresponde a los jubilados de “su” dinero que en cambio se usa para destinos políticos, no hace incurrir a la presidenta en el delito de lesa humanidad.
Acaso no es genocidio hacer sufrir mental y físicamente a tantos millones de seres humanos que en el ocaso de su existencia no perciben lo que les corresponde, ni aun cuando reclamaron y la Justicia se expidió favorablemente, burlándose de la Constitución por segunda vez este Gobierno que de tal modo pisotea la ostentación que pretende ser ante el mundo el paladín de los derechos humanos.
Por otra parte, resulta muy llamativo que no haya algún directivo de las instituciones que dicen representar y defender a la clase pasiva que organice una manifestación pública al estilo de los cacerolazos.
Una buena parte de los jubilados no está impedida físicamente para ese tipo de protestas. Con que concurriera sólo un 10% (600.000 o más) ese mar de gente cubriría la Plaza de Mayo, la avenida homónima y la plaza frente al Congreso.