El arzobispo de Rosario, Eduardo Eliseo Martín, expresó su preocupación, amargura y dolor por la reciente adhesión del gobierno de Santa Fe al “Protocolo Nacional de interrupción legal del embarazo (ILE)” y que el Concejo Municipal de Rosario se apresta a adecuar.
“Lamento profundamente que nuestra provincia se inscriba, y la ciudad de Rosario la siga, en esta corriente social, cultural y política del ‘descarte’, en el decir del papa Francisco”, subrayó en una carta al órgano legislativo rosarino.
“Es muy grave que el derecho a la vida de los niños y niñas por nacer, reconocido por la Constitución Nacional desde el momento de la concepción se vea flagrantemente atropellado por un decreto que abre prácticamente las puertas al aborto libre, yendo mucho más allá, casi constituyéndose en una ley”, advirtió.
Dirigiéndose a los “distinguidos concejales”, el prelado sostuvo: “Hubiera sido de desear que las primeras medidas en orden a una política de la mujer embarazada fuesen, por ejemplo, lo que pide la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 23: ‘dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia´”.
Monseñor Martín consideró que en este período tan dramático a causa de la pandemia del coronavirus, es necesario que las energías se vuelquen en “preservar las vidas y buscar salidas para el conjunto de la sociedad, también para las personas que vienen en camino”.
“Muchos rosarinos, creyentes o no, que luchan por el bien común, esperamos la puesta en marcha de políticas de salud que tengan en cuenta a la madre y al niño o niña por nacer, que ofrezcan alternativas superadoras para que, en nuestra provincia, y en nuestra ciudad todos sean protegidos en su derecho inalienable a la vida, especialmente las personas más débiles”, concluyó.
Texto de la carta
Como arzobispo de la arquidiócesis de Rosario, me dirijo a ese distinguido Concejo, expresando honda preocupación, amargura y dolor por la reciente adhesión del gobierno provincial al protocolo de interrupción legal del embarazo (ILE) decretado por el Ministerio de salud de la Nación, y que dicho Concejo se apresta a adecuar. Lamento profundamente que nuestra provincia se inscriba, y la ciudad de Rosario la siga, en esta corriente social, cultural y política del “descarte”, en el decir del papa Francisco. Es muy grave que el derecho a la vida de los niños y niñas por nacer, reconocido por la Constitución Nacional desde el momento de la concepción se vea flagrantemente atropellado por un decreto que abre prácticamente las puertas al aborto libre, yendo mucho más allá, casi constituyéndose en una ley.
Como ya lo expresaron los Obispos de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina:
“Hay una jerarquía normativa que se ha visto vulnerada por la imposición de este protocolo por parte de un funcionario, contrariando con un reglamento la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y el Código Civil y Comercial de la Nación, entre otras leyes nacionales que tutelan la vida desde la concepción. Lo que no legisló el Parlamento Nacional al término de un debate democrático, que contó con la discusión pública por parte de todos los sectores, instituciones y credos, lo acaba de definir un improcedente protocolo del Ministro de Salud. No somos «anti-derechos» los argentinos que estamos a favor de la dignidad y el valor sagrado de toda vida. En comunión con tantos creyentes y ciudadanos de buena voluntad esperamos la revocación del protocolo”.
Distinguidos Concejales: hubiera sido de desear que las primeras medidas en orden a una política de la mujer embarazada fuesen, por ejemplo, lo que pide la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 23: “Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia”.
Deseo, en este difícil momento en que nos encontramos, recordarles con humildad que la defensa de la justicia social comienza con la protección de los más débiles que son las niñas y niños por nacer; de su protección se verifica el grado de civilización de una sociedad; protección que ha de darse también en todas las etapas de la vida y en toda condición. Obrando así se respeta la dignidad sagrada de toda persona humana. La vida es el don primero y más precioso que Dios ha dado a los hombres, y ha de ser protegido con el mayor cuidado desde la concepción hasta la muerte natural.
Es de considerar también, que en este periodo tan dramático que vivimos a causa de la pandemia del “coronavirus”, las energías han de volcarse en preservar las vidas y buscar salidas para el conjunto de la sociedad, también para las personas que vienen en camino.
Muchos rosarinos, creyentes o no, que luchan por el bien común, esperamos la puesta en marcha de políticas de salud que tengan en cuenta a la madre y al niño o niña por nacer, que ofrezcan alternativas superadoras para que, en nuestra provincia, y en nuestra ciudad todos sean protegidos en su derecho inalienable a la vida, especialmente las personas más débiles.
Con respetuoso saludo.
Fuente: https://www.aica.org/
