Por Rodolfo Zehnder.- Que la coherencia, en todos los órdenes de la vida, es un valor, no hay discusión posible. Pero particularmente en el ámbito diplomático, en lo que concierne a la política exterior de un país, se constituye en un valor sino qua non, en un presupuesto ineludible de toda acción. Ser coherente significa que ese país otorga credibilidad, previsibilidad, genera confianza; esa confianza que hace que los inversores extranjeros lo tengan en buen concepto y la comunidad internacional en su conjunto lo vea como un Estado serio, confiable, respetable, capaz de sostener en el tiempo una línea de conducta que -se comparta o no- constituye un necesario elemento de constitución y preservación de una imagen positiva. Precisamente, una de las principales críticas que se hace a la administración Trump es que, con su errática y contradictoria política exterior (cuando no nefasta, como en el caso de la guerra contra Irán), ha menguado en grado sumo la consideración que el mundo sustenta respecto de Estados Unidos, incluso -o principalmente- entre sus aliados históricos.
Esta reflexión va a cuento del último discurso del presidente Milei, en tanto anunció la profundización de las sanciones establecidas ya en la ley 26.659 (que, en realidad, nunca se aplicó porque no pareció necesario habida cuenta de que la explotación de recursos petrolíferos en el área Malvinas distaba de ser una realidad); así como la instalación de una gran base naval en Ushuaia.
Ambas decisiones, en tanto se lleven a la práctica, no lucen sino auspiciosas. No obstante, la cambiante política exterior en cuanto a Malvinas y la efectiva materialización y efectos concretos de tales acciones, permiten trazar un manto de duda.
Decimos auspiciosas por un doble motivo: 1) Se trata de que el emprendimiento de Sea Lion, por parte de una empresa británica-israelí, que promete extraer 50.000 barriles diarios para el 2028, se vea de algún modo entorpecido o limitado (no se puede pretender a esta altura impedirlo). Por de pronto, las tres más grandes petroleras del mundo ya anunciaron que no intervendrán en el futuro en un área sujeta a una disputa territorial. 2) La instalación de esa base de logística resulta de enorme importancia: todo aquel que pretenda explorar y explotar recursos en el Atlántico Sur, e incluso en la Antártida si no se renueva el Tratado Antártico que hoy por hoy impide esa explotación, debería abastecerse de implementos e insumos en esa base. Decimos debería porque no es lo mismo, por una razón de ecuación económica, proveerse de materiales desde miles de km que hacerlo allí, en las puertas de Malvinas y de Antártida, en pleno Atlántico Sur: la cercanía coadyuva necesariamente a esa ecuación.
El gobierno del presidente Milei parece haberse dado cuenta de la importancia de los pasos oceánicos, en este caso puntual del estrecho de Magallanes (que si bien es chileno, su desembocadura en el este pertenece a Argentina) y del Atlántico Sur, pletórico de recursos. Y que la política de “América para los americanos”, en la actualización de la Doctrina Monroe, signa la política exterior de la administración Trump para el continente americano; por lo que todo acercamiento con el trumpismo -que tiene claro que el rival es China, y no Rusia- parece lógico.
Sin perjuicio de ello, no puede menos que observarse que la actual decisión no guarda mayor coherencia con otras acciones. El emprendimiento de Sea Lion lleva años gestándose, y recién ahora reacciona el Gobierno, en vísperas de su puesta en marcha. No parece (al menos se ignora) que el presidente Milei haya planteado la cuestión frente al gobierno israelí (no se entiende a cambio de qué Argentina se constituyó en su ¿incondicional? aliado), ni frente al británico ni frente a Trump. No se nos escapa la consideración de que “más vale tarde que nunca”, pero no deja de preocupar y de imaginar suspicacias esta nueva política. Decimos nueva porque tampoco, en lo que va de esta administración, se ha detectado la existencia de una política clara y firme respecto de Malvinas: antes bien, anteriores expresiones verbales de Milei, valorando innecesariamente la opinión de los malvinenses en la disputa, parecieron elípticamente dar sustento al principio de autodeterminación de los pueblos, claramente inaplicable en la materia, como lo ha señalado reiteradamente Argentina y que, por el contrario, es el más sólido argumento británico.
Por otra parte, si de recuperar Malvinas se trata, es imprescindible desarrollar Tierra del Fuego y la Patagonia en general, con sólidas, y persistentes en el tiempo, políticas ambientales, educativas, de salud, de desarrollo productivo, de generación de empleo, de control de nuestro espacio aéreo, de efectiva vigilancia de nuestras aguas para evitar la depredación que está sufriendo nuestro mar territorial. Se trata de crear condiciones para que los habitantes de las islas arriben a la convicción de que les resulta más beneficioso recurrir al continente -distante sólo 480 km- para la solución de sus problemas concretos y no al esporádico soporte distante a miles de km de distancia. Siempre, claro está, que este continente se desarrolle. En tal sentido, no podemos sino ser escépticos en cuanto al eventual apoyo del trumpismo en esta cuestión: Estados Unidos nunca fue realmente neutral y apoyó al Reino Unido en el conflicto (tal cual se lo había anunciado Reagan a Galtieri y éste desoyó), si bien tampoco simpatizó nunca con la presencia británica en el Atlántico Sur. Las manifestaciones de Trump responden más bien a una serie de presiones ejercidas al gobierno de los Laboristas británicos para que estos se decidan a aumentar los gastos de defensa para resguardarse de las ansias imperialistas de la Rusia de Putin.
Si de coherencia se trata, no es menos preocupante la actitud de nuestros vecinos. No parece coherente que Chile a través de su actual Presidente ratifique nuestros derechos sobre Malvinas, mientras que, por otro lado, se da vía libre a la inauguración de una ruta marítima entre Punta Arenas y las islas. El argumento de que se trata de una iniciativa privada (tan cara a los gobiernos de derecha) es de una enorme pobreza: no hay actividad privada que pueda ir en contra de una determinada política exterior (salvo que ésta no exista sino en los papeles o en las palabras “para la tribuna”).
Flaco favor a la coherencia lo protagonizan también nuestros “hermanos” (¿qué significará tal término?, desconocido en el ámbito de la política internacional de los Estados) uruguayos: Montevideo es el otro origen y destino de los flujos logísticos hacia Malvinas, para deleite de sus habitantes.
Mucho más coherente ha resultado ser siempre Brasil, lo cual no debería sorprendernos; por lo que es particularmente lamentable el estado actual de nuestras relaciones con el gigante sudamericano y octava economía del mundo.
En definitiva, hacemos votos para que las últimas medidas anunciadas con bombos y platillos (nada menos que en cadena nacional, de por sí infrecuente) sean reales y se lleven a la práctica. En tal sentido, la oposición debería mirarse a sí misma, lucir también coherencia (no la tuvo cuando propició la instalación de una base militar de China en Neuquén) y demostrar con hechos que Malvinas es un anhelo que atraviesa todas las áreas, todos los partidos, todas las políticas.
El autor es abogado (UNL), doctor en Ciencia Jurídica (UCSF), docente universitario de Derecho Internacional Público (UCSE), miembro del CARI (Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales) y de la AADI (Asociación Argentina de Derecho Internacional).
