Por Adán Costa.- La cuestión de la reivindicación de los derechos de soberanía territorial de la Argentina sobre una parte muy importante de su territorio que está ocupado ilegítimamente por el Reino Unido desde el 3 de enero de 1833, reemplazando la población existente, ha sido transitada desde entonces, en sus avances y retrocesos, por vías políticas, diplomáticas y la contienda bélica.
De hecho, desde 1982, cada 2 de abril evocamos a los veteranos de la guerra de Malvinas, en particular quienes han perdido sus vidas. Desde 1994, al incorporarse en la Constitución Nacional, la Argentina ratifica sus derechos soberanos e insta a la recuperación e integración territorial por la vía del reclamo y la negociación diplomática en los ámbitos en donde la comunidad internacional se expresa.
La cuestión no comprende sólo sobre un pedazo de tierra lejano y extraño como muchos de adentro y afuera del país han pretendido reducir. Ya se sabe, para ocultar algo verdaderamente grande lo usual es minimizarlo, bajarle su estima, su valor. Comprende, sobre todas las cosas, repensar la mirada sobre cómo concebimos el propio país.
Argentina se piensa como un espacio territorial continental, como una única nación eminentemente productora de commodities agrícolas con su centro en la pampa húmeda, donde sus límites son Ushuaia en su sur y La Quiaca en su norte. No nos vemos como un país marítimo ni en su potencial ni en su biodiversidad, ni en la enorme ventaja estratégica geopolítica de integrar Malvinas, a pesar de que si miráramos el mapa distinto, el espacio marítimo casi duplica al espacio terrestre. Mucho menos nos vemos como un país plurinacional.
En esta nueva cartografía, la pampa húmeda no sería el centro (ni geográfico ni económico) del país, sino las Islas Malvinas, y el extremo antártico en su sur. Esta perspectiva implica incorporar, lo más rápido que sea posible, esta mirada, ampliando, a su vez, la proyección jurídica sobre cuestiones patrimoniales que son importantes para la supervivencia y la riqueza del país y de sus pueblos.
Los títulos jurídicos en los cuales se ha asentado el reclamo soberano de la Argentina, son, entre otros: los principios de continuidad y contigüidad; la ocupación efectiva; los derechos de descubrimiento que pasaron de la corona española al nuevo país, después de su proceso emancipador; el principio de la libre determinación de los pueblos. La primer dificultad que hay que entender es que Argentina es víctima de sí misma de un cepo y un sesgo cultural histórico, ya que le cuesta comprender los problemas de sus orígenes.
Siempre se afirmó que en Malvinas no existían pobladores originarios sino que estuvieron deshabitadas hasta la llegada de los europeos. No obstante, muy recientemente, desde fines de 2021 se publicaron una serie de trabajos antropológicos y arqueológicos que afirman que las islas estuvieron habitadas, por lo menos, desde hace unos 1.200 años por los yaganes, también denominados yámanas. ¿Cómo afectaría a la disputa sobre el archipiélago si se comprobara la preexistencia de pueblos originarios? Lo que entraría a cuestionarse aquí sería justamente el derecho de libre determinación de los pueblos.
En general, en derecho internacional se entiende que, siempre y cuando sus derechos humanos sean respetados, los pueblos originarios tienen un derecho de libre determinación que no se diferencia del resto de la población. Si esta evidencia científica se comprueba definitivamente, podría considerarse que el pueblo preexistente era argentino, porque el pueblo yagán fue incorporado al Estado argentino y son parte de la población argentina. O sea que el derecho de libre determinación aplicaría al pueblo argentino en su conjunto. Como se ve, también en estas cosas, aún tenemos mucho por aprender de nosotros mismos.
El autor es abogado santafesino y docente universitario.
