Cuando tuve el honor de estar a cargo de la Dirección Ejecutiva del Centro Comercial e Industrial de Rafaela, ocurrió la famosa crisis internacional de 2008, cuyos impactos económicos se sintieron en todo el mundo. Para contrarrestarlos, el gobierno argentino puso en marcha distintos mecanismos contra cíclicos, como el Programa de Reestructuración Empresarial (PRE), implementado en Rafaela y en la región.
El PRE fue un Programa de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, financiado con fondos aportados por el gobierno nacional, las empresas participantes y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Su objetivo, apoyar el fortalecimiento de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas argentinas, mejorar la oferta y facilitar el acceso a servicios profesionales de asistencia técnica. El PRE beneficiaba a las empresas cofinanciando, mediante aportes no reembolsables (ANR), hasta el 50% de la inversión que las empresas realizaban en la contratación de servicios técnicos profesionales para mejorar su competitividad.
El debate en ese momento fue profundo. Muchos cuestionaban la adecuación de la política, los beneficios reales que traería, su efectividad para prevenir la desaceleración y el cierre de puestos de trabajo a nivel local, y su impacto en las exportaciones. En general, las instituciones argentinas no tienen una conducta reflexiva y analítica sobre su propio hacer. De hecho, es posible que quizás hoy ya nadie recuerde al PRE y que, aquellos que lo hacen, no sepan qué sucedió con la política.
Para responder a esos interrogantes, es necesario realizar una evaluación de impacto. Esto es, aplicar métodos científicos específicos -llamados métodos cuasi experimentales- para conocer si los objetivos esperados se cumplieron y los resultados planeados se alcanzaron. Se trata, entonces, de saber, sobre bases sólidas, si la política pública cumplió el rol para el que fue concebida.
¿Qué pasó entonces con el PRE? Como pocos programas gubernamentales en la Argentina, el PRE fue evaluado para analizar el impacto de su implementación sobre el empleo y los salarios. La evaluación fue realizada en 2011 por profesionales independientes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el BID y la Universidad Nacional de General Sarmiento.
El análisis de efectividad demostró que a partir del apoyo dado a la innovación de procesos y productos el programa creó más y mejores empleos. Fue eficaz en aumentar el empleo, los salarios reales promedio, la probabilidad de exportar y el valor de las exportaciones. Sin embargo, no consiguió aumentar la proporción de mujeres en las empresas
Respecto del impacto del PRE sobre el empleo, la evaluación demostró que el programa aumentó aproximadamente un 5% el empleo en las empresas beneficiarias -principalmente sobre las del sector manufacturero-; que el impacto sobre el empleo en el Gran Buenos Aires fue igual que en el resto del país; que un aumento en un 1% en el monto del PRE llevó a aproximadamente un aumento del 0,001% en el empleo y, finalmente, que el impacto sobre la proporción de mujeres fue muy pequeño y en la dirección contraria a la esperada.
Además, se demostró que el programa aumentó el salario real en las empresas beneficiarias en un 2,5%, y que un aumento de un 1% en el monto recibido condujo en promedio a un aumento del 0,0024 % en el salario real pagado.
La probabilidad de exportar también aumento un 2,13 %, y un aumento de un 1% en el monto recibido incrementó en promedio la probabilidad de exportar en un 0,0023%. El efecto sobre el valor de las exportaciones fue positivo ya que el programa aumentó el valor real de las exportaciones en un 28%, y el aumento de un 1% en el monto recibido aumentó el valor real de las exportaciones en un 0,03%.
Una evaluación sistemática que identifique cómo se benefician los ciudadanos de la acción estatal permitiría también mejorar la calidad de las políticas públicas. Alentaría, además, el conocimiento del impacto de planes y programas, la promoción de un mejor desempeño de los funcionarios, una más eficiente asignación de recursos, una mejor recolección de información y una capacidad mejorada para informar la toma de decisiones gubernamentales y la toma de posiciones de las personas.
En definitiva, fortalecer el ciclo de planificación, implementación, monitoreo y evaluación como proceso crítico del Estado es condición indispensable para continuar ampliando los derechos de todos los habitantes.
Ver la evaluación completa en: Evaluación del impacto del Programa de Reestructuración Empresarial (PRE) sobre el empleo, los salarios, y las exportaciones de las empresas Argentinas; UDESA, BID; Castillo, V; Maffioli, A; Monsalvo, A.P; Rojo, S y Stucchi, R.
Natalia Aquilino, directora del Programa de Incidencia, Monitoreo y Evaluación de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).
