Por Joaquín Morales Solá.- La intransigencia es la refutación de la política. Una de las tantas rarezas argentinas consiste en haber tenido partidos políticos que llevaban la palabra intransigente en su nombre: la Unión Cívica Radical Intransigente o el Partido Intransigente; este último sigue existiendo como aliado del kirchnerismo. La política es una profesión para personas flexibles, capaces de discernir entre lo importante, lo urgente y lo complementario. Llama la atención que en el gobierno de Javier Milei haya funcionarios que integran un bloque de intransigentes, cuando la actual administración pretende hacer las reformas más profundas que se recuerden. Cuando, también, se trata del gobierno históricamente más débil en el Congreso. La administración de Milei debería estar mejor predispuesta para negociar en el Congreso con el poliédrico mosaico de partidos que no lo votó; ahí debe conseguir la aprobación de lo que es realmente imprescindible para la revolución liberal que puso en marcha. Los funcionarios oficiales tienen razón cuando presionan por una aprobación parlamentaria urgente del plexo jurídico de Milei (un decreto de necesidad y urgencia de 364 artículos y un proyecto de ley ómnibus de 664 artículos), porque por ahora ningún político opositor puede ignorar que está ante un presidente con cerca del 70 por ciento de imagen positiva. Pero tanto el peronismo kirchnerista como otras franjas opositoras intentan todo lo contrario: dilatar la aprobación de esas disposiciones con la esperanza de que el Presidente pierda el apoyo social con que cuenta ahora. En el fondo, y en el frente, ese es el combate crucial que se despliega en el campo de batalla de la política argentina. ¿Cuándo el Congreso autorizará una mutación copernicana de las políticas fundamentales del país? ¿Será ahora? ¿Será más adelante? ¿O no será nunca?
Así como existe un bloque de intransigentes, no pocos sectores políticos y empresarios sostienen que hay tres altos funcionarios con claros reflejos políticos: la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel; el ministro del Interior, Guillermo Francos, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. La ventaja de las decisiones revolucionarias aprobadas según los consensos exigidos por la Constitución y las leyes consiste en que podrán durar mucho más tiempo que si aparecen solo como la voluntad de un hombre o de un pequeño puñado de personas. El peor error de Carlos Menem fue mezclar muchas políticas acertadas de su gobierno con una dosis enorme de frivolidad y con la exhibición de riquezas inexplicables. Todas sus políticas quedaron estigmatizadas porque sus opositores incrustaron en vastos sectores sociales la idea de que la frivolidad y la deshonestidad son inherentes a tales estrategias nacionales. Milei no cayó en los errores de Menem, pero sus antagonistas podrían sostener que el proyecto de país que promueve es aplicable solo con métodos autoritarios.
La Argentina corporativa lo aguarda al Presidente en cada rincón del Estado. De hecho, una Cámara del Trabajo dictó una cautelar que suspendió la aplicación del clave capítulo referido a las cuestiones laborales del decreto de necesidad y urgencia de Milei. Ni siquiera le pidió previamente la opinión al Gobierno, como indican el deber y la costumbre. Las leyes laborales deben ser cambiadas en un país donde todos sus referentes políticos y sociales aceptan que casi la mitad de la economía es informal; el inmenso número de personas que trabaja en negro es una certeza que se dice en público sin vergüenza. Resulta, sin embargo, que el fuero laboral de la Justicia está impregnado por amigos de los sindicatos o por amigos de los abogados de los sindicatos. En castellano simple, los jueces laborales son amigos del clan Moyano o son amigos del estudio jurídico de la familia Recalde, cuyo patriarca es el histórico abogado de los Moyano. Graciela Craig, esposa del patriarca de la familia, Héctor Recalde, es jueza de la Cámara del Trabajo, designada no sin polémica durante el gobierno de Cristina Kirchner. En síntesis, la esposa del varias veces diputado kirchnerista Héctor Recalde es colega de los jueces que tiraron abajo el artículo del decreto de necesidad y urgencia de Milei que ponía en riesgo los privilegios de la corporación sindical. El caso es más raro todavía porque el juez Esteban Furnari en lo contencioso administrativo (que es donde se presentan las demandas contra el Estado) había aceptado el pedido del Gobierno para que los reclamos se traten en ese fuero. El contencioso administrativo tiene sus propios adefesios; otro juez de ese fuero, Enrique Lavié Pico, hizo todo lo contrario que su colega Furnari: dejó la parte laboral del decreto de necesidad y urgencia en el fuero del trabajo; despedazó el DNU y envió varios de sus trozos a diferentes fueros y, para hacer con apuro todo eso, habilitó la feria judicial de enero. Un célebre juez de la Corte Suprema, Enrique Petracchi, ya fallecido, solía decir que Kafka habría sido un escritor costumbrista en la Argentina. Tenía razón. Lavié Pico es un juez que acostumbraba declarar la nulidad del artículo de la Constitución que les fija a los jueces una edad máxima de 75 años para ejercer el cargo. Es decir: declaraba inconstitucional a la Constitución. Lavié Pico dejó de firmar tales desvaríos cuando la Corte Suprema declaró constitucional todo el contenido de la Constitución. Obvio. Pero esos son los personajes de la Justicia con los que deberá vérselas el Presidente, que no cumplió todavía un mes en el cargo. El procurador general del Tesoro, Rodolfo Barra, apelará ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo para que reclame para ese fuero todo los planteos contra el decreto de necesidad y urgencia de Milei. Barra también irá en apelación a la Corte Suprema de Justicia. Esa es una parte del combate; todavía no comenzó la otra parte, que es la batalla en el Congreso por la aprobación del decreto de necesidad y urgencia y de la ley ómnibus.
Solo un país muy distraído o acostumbrado a no pagar sus deudas puede ignorar que se viven las vísperas del plazo establecido por la jueza de Nueva York Loretta Preska para que el Estado argentino entregue una garantía por los 16.000 millones de dólares que hasta ahora deberá pagar por la indebida expropiación de YPF. El plazo vencerá el próximo miércoles. La magistrada norteamericana está decidiendo sobre el 25 por ciento de las acciones de YPF que Repsol le transfirió a la familia Eskenazi. Los Eskenazi le vendieron su derecho a litigar al fondo Burford Capital, que ganó el pleito en el despacho de la jueza Preska. El acuerdo de los Eskenazi con Repsol consistió en que YPF pagaba anualmente abultados dividendos para que la familia argentina pudiera comprar la parte de las acciones que le había cedido la petrolera española. Ya el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, le pagó a Repsol 5000 millones de dólares con bonos del Estado argentino por la parte en poder de los españoles. Los intereses de esos bonos, que Repsol vendió en el acto, dejan una suma cercana a los 10.000 millones de dólares, que algún día alguien deberá pagar en la Argentina. Si la sentencia de la jueza Preska quedara firme, el país pagará unos 26.000 millones de dólares por una compañía que en el momento de su estatización estaba valuada en 3800 millones de dólares. Es lo que cuesta la gimnasia progresista de ciertos líderes latinoamericanos.
El Estado argentino puede apelar la sentencia de Preska, pero para que esa apelación tenga efecto suspensivo de la sentencia el país debe entregar una garantía sobre el monto de la deuda. Tal garantía consiste en la cesión de parte de las acciones del Estado en YPF, donde controla el 51 por ciento del capital accionario. El problema es que la ley de soberanía hidrocarburífera, redactada pomposamente por el gobierno de Cristina Kirchner y aprobada por su disciplinado Congreso, le impide al Estado disponer de sus acciones en YPF. El proyecto de ley ómnibus de Milei prevé la privatización de YPF; aprobada esa ley, aquel impedimento sobre la cesión de acciones caería automáticamente. Pero es un proyecto, no una ley, y el plazo vencerá dentro de dos días.
Aun cuando Milei adelantó que pagará esa deuda si la apelación no le diera la razón al Estado argentino, el escenario más probable es que la Argentina no entregue el miércoles la garantía que le exige la jueza Preska. El fondo Burford Capital podrá en tal caso pedir la ejecución inmediata de la sentencia o el embargo de bienes comerciales del Estado argentino. Ya existe un antecedente: en 2012, un fondo de inversión acreedor de la Argentina embargó en Ghana la Fragata Libertad. El cristinismo se escandalizó envuelto en la bandera del nacionalismo, pero era la Argentina la que no pagaba sus deudas. El descomunal peso de la herencia económica del kirchnerismo ahogó a Mauricio Macri y ahora le está colocando a Milei otra soga en el cuello. El patriotismo económico de Cristina Kirchner fue un absurdo insoportablemente caro.
Fuente: https://www.lanacion.com.ar
