En los últimos cinco meses, la libertad de expresión en la Argentina siguió siendo afectada por “los ataques directos y subrepticios al periodismo independiente, la agresión verbal y el desprecio por la práctica profesional del periodismo”.
Así lo señala el capítulo sobre el estado de la libertad de expresión en la Argentina del informe que ayer dio a conocer la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), al término de una reunión que convocó a más de 400 representantes de medios de todo el continente en la ciudad de Quito, Ecuador.
Aunque Cuba y Venezuela fueron identificados como los países que mayores restricciones imponen al ejercicio del periodismo independiente –mediante amenazas, secuestros e intimidaciones de diverso tipo–, el informe referido a la Argentina es particularmente crítico.
En el país, dice la SIP, “la institucionalidad de la República se encuentra seriamente amenazada por el poder presidencial que aumenta y la obstinada determinación por imponer su voluntad en cada sector del Estado, haciendo así vulnerable el concepto mismo de separación de poderes». En su informe, la entidad ejemplifica el diagnóstico con varios casos. Así, menciona como parte de estos ataques, «preocupantes en un gobierno democrático», que La Nación «fue otra vez el centro de una confrontación sistemática por parte del presidente Néstor Kirchner, para denigrar a un medio independiente por el solo hecho de que se ocupa de obtener información amplia, completa y objetiva sobre tópicos de interés general».
Del mismo modo, la SIP critica la reforma del Consejo de la Magistratura, aprobada recientemente en el Congreso Nacional, porque «afecta la independencia de los miembros políticos y profesionales del cuerpo», y se refiere también a la discriminación en la distribución de la publicidad oficial.
«No se ha implementado aún una legislación para establecer procedimientos transparentes y asegurar imparcialidad en la distribución de fondos públicos», dice la SIP, que también alerta sobre la iniciativa del gobernador de Tucumán, José Alperovich, de promover el derecho de réplica en la constitución provincial.
Tras mencionar un intento de censura previa a la revista Veintitrés; el incidente que protagonizó el historiador José Ignacio García Hamilton en Cuba, donde no se le permitió la entrada, y las agresiones a periodistas del diario Perfil en Río Gallegos, entre otros casos, la SIP alerta sobre la decisión del gobierno argentino de participar en Telesur, «la empresa propagandística del presidente Hugo Chávez», mientras Uruguay «pidió que no se lo mencione como socio».
Violencia e impunidad
En su informe general, en tanto, la SIP puntualiza que Cuba «sigue siendo la nación más represiva de este continente, con pocas posibilidades de cambiar bajo el régimen de Fidel Castro». Según la agencia EFE, la entidad pidió la «inmediata liberación» de los 25 periodistas encarcelados en ese país actualmente, muchos de ellos en huelga de hambre.
También hubo críticas al gobierno de Venezuela -donde se resolvió enviar una misión especial-, al que se acusó de ser «cada vez más efectivo en acosar y castigar a los medios independientes», de violar la Constitución en los artículos relativos a la libertad de expresión y ejercer «una agresividad oficial absoluta» contra la prensa.
La SIP también advirtió sobre los violentos ataques a periodistas en México, particularmente en los estados del norte de ese país, y sobre la impunidad que rodea a los crímenes de periodistas. «La mayoría de los 295 asesinatos de hombres de prensa de los últimos 19 años no han sido resuelta», dice la SIP.
Mirada sobre la Argentina
* Poder en aumento: «La institucionalidad de la República se encuentra seriamente amenazada por el poder presidencial que aumenta.»
* Preocupación: «Estos problemas preocupan a la prensa libre, que recupera lentamente su independencia económica, con la agravante de ser objeto de los ataques verbales del Presidente y de la discriminación en la distribución de la publicidad oficial.»
* Repercusiones: «La posición del gobierno federal repercute en otras entidades oficiales por la centralización del poder.»
Fuente: diario La Nación, Buenos Aires, 21 de marzo de 2006.
