Se hablará en este artículo de diversos motivos para creer que las plantas no significarán un impacto ambiental en el río Uruguay, de las circunstancias enojosas que, desde la Argentina, traban las puertas de salida del conflicto y de la simpleza con la que el diferendo podría resolverse.
Se le cree al gobierno uruguayo, que en este tema está representado por Tabaré Vázquez y Mariano Arana (presidente y ministro de Medio Ambiente), que fueron intendentes de Montevideo y consiguieron logros que potenciaron la tradicional calidad del ambiente uruguayo, ubicado entre los mejores cinco países del mundo.
¿Cómo podría un gobierno progresista traicionarse en una de las escasas ideas perdurables de lo que significa ser izquierdista en el mundo de hoy? Es significativo que los propios partidos de la oposición estén plenamente de acuerdo, hecho inédito y acaso irrepetible. ¿Puede pensarse que los partidos uruguayos carecen de sensibilidad para privilegiar el salvoconducto que para su economía significan las plantas por encima de la vida de los habitantes de Fray Bentos?
Se cree en las ideas del presidente del INTI, Enrique Martínez, cuando dice que se puede llevar a un grado ínfimo la contaminación si se aplican los excelentes controles que hoy funcionan en el mundo, que no son por cierto aquellos de Pontevedra, en la España pobre y franquista de hace 50 años. Que sí son los de Finlandia, desde 1993, cuando volvió al primer lugar entre los países no contaminados.
A Mario Félix, profesor e investigador de la Universidad de La Plata, y a Eduardo Ferreyra, presidente de la Fundación Ecológica Argentina, se les cree. Y al economista Manuel Solanet que, atinadamente, evoca la ampliación de la Panamericana, que «debió superar la resistencia de personas abrazadas a los árboles, alegando que su tala restaría el oxígeno necesario para sus hijos». Y a Jaime Potenze, economista argentino con 25 años en Finlandia, cuando señala que allí pasar por una papelera es como hacerlo frente a cualquier otra industria.
Y también se cree en la sensación de injusticia fundamentalista que se le propina a Uruguay, percepción que anida en miles de argentinos que se preguntan si puede la Argentina levantar una bandera ambientalista. Y no sólo por las 11 papeleras que la habitan, algunas de ellas con tecnología más precaria y contaminante.
Este periodista fue de los primeros que escucharon las protestas de los ciudadanos de Gualeguaychú, cuando nadie los escuchaba y llegar a las autoridades nacionales parecía una utopía para ellos. El enfrentamiento fue perdiendo oxígeno: no debió salir del plano de los técnicos y los científicos, y se malogra cada día en manos de los políticos.
Si el presidente Kirchner hubiera pedido en el Congreso que los ciudadanos de Gualeguaychú salieran de la ruta y confiaran en su gobierno, en vez del paternal pedido a Uruguay de suspender la construcción de las plantas por 90 días, ¿hubiera abierto un camino menos empinado?
Palabras peligrosas
El canciller Taiana con su presentación en el Congreso, pronunciando palabras que tenían en el vientre la discordia -cuando Vázquez pugnaba por contener a los menos componedores de su gobierno-, no ofreció más que piedras al desfiladero del único escape posible, que es el diálogo.
Tampoco fueron un bálsamo las palabras del ex canciller Bielsa, en la extraña actitud para alguien de su calidad intelectual de no permitirse la mínima duda sobre la maldición de las plantas, de cuyo funcionamiento seguro sabe más que este periodista, pero mucho menos que los científicos.
Y en el medio de la discordia, Greenpeace. ¿Cómo aceptar la autoridad de un organismo que de pronto se lanza a la lucha contra las papeleras de Fray Bentos y se saltea las decenas de caminos que podría cortar protestando frente a las papeleras argentinas, ninguna provista de las ventajas tecnológicas de las de Fray Bentos?
A Gualeguaychú se le respeta el miedo inoculado por los ambientalistas a los que han decidido creerles. Se les respeta su cohesión y su constancia. Pero si el gobierno argentino no los convence de que logrará el mejor acuerdo para ellos, sin excluir las plantas, habrá que ir a los arbitrajes. Sin más diálogo, con Uruguay construyendo las fábricas y los entrerrianos sentados en las rutas.
O con los dos presidentes dándose la mano en el medio del río Uruguay, si es que andan con demasiada vanidad, acordando una salida que no parece peor que la disgustante actualidad: se designa una comisión internacional inobjetable. Y entonces si el fallo es contra Uruguay, así esté por levantar la llave para activar las plantas, se queda con ellas como galpones de sus troncos, esperando los barcos que las llevarán a otros trabajadores del mundo. Y si le es favorable, la Argentina se hace cargo de los daños ocasionados, a estas alturas sostenidos por la diferencia del peso de los contendientes.
Fuente: diario La Nación, Buenos Aires, 9 de abril de 2006.
