Por Emilio Grande (h.).- Después de idas y vueltas, finalmente se aprobó el proyecto de reforma laboral, denominada “modernización laboral”, en ambas cámaras del Congreso Nacional, proyecto elevado por el gobierno nacional.
Entre los cambios más importantes se extiende a 6 meses el período de prueba, pudiendo llegar a 8 meses en empresas de hasta 5 empleados y hasta 1 año en empresas de 6 a 100 trabajadores; permite extender la jornada diaria hasta 12 horas (respetando las 48 horas semanales y 12 horas de descanso entre jornadas); sustituye el sistema de indemnización tradicional por un fondo inembargable (tipo «mochila austríaca») financiado por empleadores, que se aplicará desde junio de 2026; se derogan las sanciones e indemnizaciones agravadas por empleo no registrado o deficientemente registrado; se excluye el aguinaldo y conceptos no remunerativos del cálculo de la indemnización por despido; se implementa un programa para regularizar trabajadores con condonación de deudas y eliminación de sanciones; se flexibiliza el fraccionamiento de las vacaciones y permite acordarlas fuera del período tradicional (1 de octubre a 30 de abril); limita los aportes de los trabajadores a sindicatos a un máximo del 2% del salario; permite a contratistas independientes tener hasta 3 colaboradores, eximiendo la relación de dependencia laboral.
Para el gobierno nacional, los objetivos son que estos cambios buscarán aumentar la contratación formal, mejorar la productividad mediante la flexibilidad normativa y atenuar la litigiosidad.
En los últimos dos sábados de este programa radial fueron entrevistados los abogados Andrés Brarda (asesor de la CGT Regional Rafaela) y el doctor en Derecho Francisco Funes de la ciudad de Santa Fe, y el director del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región Iván Acosta.
Los dos profesionales del derecho se mostraron en contra del nuevo marco legal porque va en contramano de los derechos adquiridos de los trabajadores, que están claramente establecidos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y, al mismo tiempo, consideraron que aumentarán los juicios laborales a nivel personal y colectivo a través de los gremios.
Al respecto, el respetado abogado constitucionalista Daniel Sabsay opinó que “es importante tener en cuenta que la creación del derecho laboral, en el marco del constitucionalismo social, tuvo por finalidad equilibrar la posición desigual entre operarios y patrones de modo de conseguir una situación lógica entre las partes. Varias de las modificaciones rompen este equilibrio deseado. Así, se volvería al pasado cuando parecía natural que el más fuerte impusiera las condiciones de trabajo a su gusto”, en su columna “La reforma laboral, bajo una óptica constitucional” en diario Clarín.
Por su parte, el representante de la gremial empresaria local se manifestó a favor de la nueva ley aprobada a nivel nacional para formalizar el empleo y disminuir los riesgos de litigiosidad, pero aclaró que por sí misma no generará nuevos puestos laborales en forma inmediata porque requiere aliviar la carga fiscal a las empresas en los tres niveles y el futuro de las obras de infraestructura.
En este contexto social, la industria argentina perdió 65.000 puestos de trabajo en los últimos dos años, según un informe de la Unión Industrial. “¿Por qué, en un país donde 270.000 empleados, entre privados y estatales, perdieron su trabajo en los últimos dos años?”, preguntó en voz alta el colega Joaquín Morales Solá en el diario La Nación.
A decir verdad, la Argentina se encuentra en una encrucijada en materia económica porque no crece desde el 2011. ¿De qué manera se puede buscar un encuentro entre los principales actores sociales para generar estrategias a mediano y largo plazos, generando nuevas expectativas sociales? Por sí sola, una reforma laboral no generará a simple vista la creación de nuevas fuentes laborales porque es necesario generar las condiciones de inversión, bajando los impuestos y una mayor previsibilidad política y económica.
